Esta semana, la comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Cámara de Diputados de la Nación convocó la primera reunión informativa sobre la regulación del uso de la Inteligencia Artificial (IA). Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con el patrullaje digital que utiliza esta herramienta sin consulta pública ni orden judicial, en la Unión Europea (UE) está vigente desde el 1 de agosto una regulación para preservar los derechos constitucionales.
El Reglamento de IA de la Unión Europea busca proteger los derechos fundamentales de las personas; por ello la nueva normativa está diseñada para garantizar que la herramienta tecnológica desarrollada y utilizada en la UE sea fiable. Con este antecedente legislativo, Argentina se prepara para regular el uso y el desarrollo de la IA en el país, es así que a la reunión mencionada asistieron 16 expertos para intercambiar diferentes perspectivas, opiniones y aportes sobre proyectos de ley.
En medio de la polémica por la vigilancia digital que involucra el uso de la inteligencia artificial bajo el Ministerio de Seguridad con Patricia Bullrich a la cabeza, este debate convoca no solo a los expertos en el desarrollo de la IA, sino también a otras áreas como la sociología, el derecho, la filosofía, entre otras. Martin Becerra, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), afirmó al respecto que todo lo que la UE califica como inaceptable es lo que lleva adelante la nueva dependencia oficial argentina.
La importancia de regular el uso de la IA
En línea con lo planteado por Becerra, lo más preocupante es invadir la privacidad de millones de personas sin orden judicial. “Predecir comportamientos futuros, sentenciándolos como delictivos en base a criterios de programación algorítmica, es una atribución desproporcionada que el gobierno argentino se arroga sin advertir la contradicción con la protección de los derechos humanos que compromete al Estado, al menos en sus normas legales”, subrayó el periodista e investigador.
Además agregó que “patrullar las aplicaciones, en los términos publicados en el Boletín Oficial, es un objetivo tan vago que supone controlar un sinfín de posibilidades en cada uno de los teléfonos móviles, computadoras, smart TVs y consolas de los más de 46 millones de argentinos”.
A partir del inicio de dicha Comisión, encabezada por Daniel Gollan, pueden presentar sus proyectos para abordar la materia. No obstante, las próximas reuniones serán de carácter multidisciplinario.
Sobre el encuentro de esta semana, Gollan expresó que “fue una reunión muy productiva”. “Pudimos escucharlos a todos y a todas, anotar y sacar conclusiones que nos dan insumos para seguir trabajando en qué objetivos, qué orientación, y en qué sentido tiene que avanzar esta Cámara de Diputados sobre la temática de la Inteligencia Artificial”, explicó.
La regulación europea como antecedente
La Unión Europea fue pionera en regulaciones de la protección de datos y luego de años de investigación, debates y estudios de todas las áreas respecto a la IA, llevaron adelante la primera legislación que marca un antecedente global.
Dicho reglamento establece una serie de parámetros para determinar qué está permitido y que no. En el resumen del mismo, se subraya el párrafo del nivel más alto de riesgo (señalado como inaceptable) con los usos prohibidos de sistemas IA. Becerra comentó que se trata de tecnologías que son una “clara amenaza a los derechos fundamentales de las personas”. En ese sentido, mencionó a “los sistemas o aplicaciones de IA que manipulan el comportamiento humano para eludir la libre voluntad de los usuarios, como los juguetes que utilizan asistencia vocal que fomentan el comportamiento peligroso de los menores; los sistemas que permiten la puntuación social por parte de gobiernos o empresas; y determinadas aplicaciones de la actuación policial predictiva”.
Además, la regulación europea de IA veta ciertos usos de sistemas biométricos, como “los sistemas de reconocimiento de emociones utilizados en el lugar de trabajo y algunos sistemas para categorizar a las personas o la identificación biométrica remota en tiempo real con fines policiales en espacios de acceso público (con limitadas excepciones)”.
Frente a un escenario incierto sobre cómo el Gobierno argentino aplica la IA, es urgente el diálogo y la difusión de información clara y precisa teniendo en cuenta que esta persecución digital vigente en el país vulnera derechos y garantías constitucionales.