Este sábado por la tarde, Fernando Albareda se preparó para ir a visitar a su madre, Susana Beatriz Montoya. Cuando llegó a su domicilio, ubicado en la calle Miguel Andrés Caminos al 4800 del barrio Ampliación Poeta Lugones, en la ciudad de Córdoba, encontró a la mujer de 74 años fallecida en el patio.
Su cuerpo presentaba signos de violencia y golpes en la cabeza, además de un corte que correspondería a un arma blanca. Cabe mencionar que Albareda encontró una amenaza en una pared escrita con un lápiz labial que decía “los vamos a matar a todos. Ahora vamos por tus hijos”.
El crimen causó conmoción por los antecedentes familiares ligados a la época más oscura del país. Ricardo Fermín Albareda, padre de Fernando, fue un subcomisario torturado y asesinado durante la última dictadura cívico-militar que continúa desaparecido. En la actualidad, el hijo de la víctima integra la agrupación H.I.J.O.S y es funcionario de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Asimismo, el asesinato sucedió dos semanas después de la visita que un grupo de diputados de La Libertad Avanza (LLA) realizó a condenados por crímenes de lesa humanidad, a pedido de de la hermana de Alfredo Astiz, Lucrecia.
En este contexto, el organismo de derechos humanos creado por hijos de torturados y desaparecidos por las Fuerzas Armadas (FF.AA.), convocó a una audiencia pública que se realizará este lunes en el Congreso en rechazo al proyecto del Gobierno con los genocidas para conseguir su impunidad.
Asesinato, amenazas y sospechas
Tras el hallazgo, Fernando dio aviso a la Policía. “La casa estaba desordenada, pero no sé si se trató de un robo. No miré si faltaba algo de valor. Salté el tapial de la vecina porque no me contestaba el teléfono, y la encontré así”, contó en una entrevista.
En referencia al mensaje mafioso, resaltó que no es la primera vez que sucede. Desde mediados de diciembre que Fernando sufre amenazas, incluyendo balas calibre 22 largo desparramadas en la entrada de su casa. “Se te terminaron los amigos en la Policía”, “Te vamos a juntar con tu papito” y “Vas a morir”, fueron algunas de las intimidaciones que denunció.
Por estos hechos, la Fiscalía Distrito 4 Turno 3 de la ciudad inició una investigación judicial por “amenazas calificadas”. Sin embargo, aún no registró avances.
“Yo recibo amenazas todos los meses. Nunca les di bola. Pero ahora parece que han vuelto y están rompiendo todos los códigos”, declaró Albareda después del episodio de las balas. Ahora, se cruzaron todos los límites.
El fiscal Juan Pablo Klinger, quien dirige la investigación por el homicidio de Montoya, podría unificar el caso, pero aún no se descarta ningún móvil. En ese sentido, existe un dato inquietante en la causa que despierta cientos de preguntas: las entradas de la casa de Susana no fueron forzadas. Esto quiere decir que conocía a quien la asesinó o fue engañada para facilitar el ingreso.
“Nunca más”
El subcomisario Ricardo Fermín Albareda trabajó en la Policía de Tránsito de la Municipalidad de Córdoba y se desempeñó como subcomisario de la Policía de la provincia de Córdoba. Además, era militante del grupo Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) y padre de tres hijos.
El 25 de septiembre de 1979 fue secuestrado y asesinado por personal del Departamento 2 de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), en el centro clandestino de detención Casa Hidráulica, cerca del Lago San Roque.
La Policía provincial reconoció la responsabilidad del asesinato de Albareda padre, y le otorgaron el “ascenso por mérito extraordinario”. El militante aspiraba a que las charlas sobre Derechos Humanos que brindaba en la Escuela de Cadetes se formalizaran de manera permanente.
En ese sentido, su hijo Fernando siguió los pasos activistas de su padre y hoy en día es, además, encargado del Centro de Integración de Migrantes y Refugiados, el cual depende de Derechos Humanos de la Nación y de la Organización Internacional de Migrantes (OIM).
La preocupación por el crimen crece a cada segundo. El homicidio de Montoya no puede ser indiferente. Aunque los organismos de DDHH cordobeses aguardan el informe policial para conocer los factores vinculantes con el asesinato y el resultado de la autopsia, no debe desatenderse que estamos bajo un Gobierno negacionista y que promueve discursos de odio.
El pasado 11 de julio, una comitiva de diputados libertarios, encabezados por Beltrán Benedit, viajó hasta la Unidad 31 del penal de Ezeiza para reunirse con distintos genocidas que cumplen condena. El encuentro, repudiado por otros representantes en la Cámara baja, no fue mencionado por el presidente Javier Milei ni por Victoria Villarruel. En tanto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, desligó al Gobierno y sostuvo que se trató de la “agenda personal” de los legisladores.
Ahora, distintos organismos compartieron en sus redes sociales la foto de la víctima junto a su hijo con el mensaje: “Dolor por el asesinato de Susana Beatriz Montoya”. “Exigimos que se esclarezca con urgencia, por parte de la Justicia y el poder político de la provincia, los móviles del crimen, sean estos de delito urbano y/o su posible correlato político, dado la existencia de reiteradas amenazas a la familia Albareda” agregaron. “Dijimos Nunca Más. Estamos en alerta y movilización”, concluyeron.