El gobierno de Javier Milei busca la modificación de la Ley 24.059 de Seguridad Interior, sancionada en 1991, para que los militares puedan realizar tareas “contra el terrorismo” en las calles del país.
Se trata de una iniciativa que parte desde el Ministerio de Defensa que comanda Luis Petri, y que contrasta con los acuerdos políticos y sociales alcanzados con la consolidación de la Democracia, en cuanto al retiro de las Fuerzas Armadas (FFAA) en materia de seguridad interior.
El vocero presidencial Manuel Adorni, fue quien confirmó la noticia y que el proyecto es para “permitir la participación de las Fuerzas Armadas ante hechos terroristas”, en alusión a la “batalla contra el narco” como bandera.
A su vez, detalló: “Se plantea la modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior, con el fin de incorporar una nueva opción de empleo militar, a pedido de un comité de crisis”.
De este modo, el gobierno ya no necesitaría decretar un Estado de Sitio para poblar la calle con los militares.
Por otra parte, el portavoz señaló que la intención es que las FFAA y Fuerzas de Seguridad trabajen de forma coordinada “para enfrentar el terrorismo con acciones de patrullaje, control de personas y vehículos en zonas determinadas”. Y añadió que el accionar sería “por tiempo limitado y que puedan detener en flagrancia”.
Para todo ello, será necesaria la modificación del artículo 27 de la Ley 24.059 de Seguridad Interior. Actualmente, es necesario el requerimiento de un comité de crisis para obtener el “apoyo logístico” de las FFAA, pero nunca el militar.
Es decir, ahora las FFAA pueden otorgar: “servicios de arsenales, intendencia, sanidad, veterinaria, construcciones y transporte, así como de elementos de ingenieros y comunicaciones”. De este modo, los militares sólo pueden intervenir ante un atentado en jurisdicción militar o tras la declaración de Estado de sitio.
De este modo, el gobierno libertario continúa con su agenda en la búsqueda de la aprobación de leyes, como tiene previsto la desregulación de la Ley de Armas y una reforma electoral.
¿Vuelven los militares a las calles?
Las Fuerzas Armadas en la Argentina no volvieron a dedicarse a la seguridad interior del país tras la última dictadura cívico militar luego de lo que significó el genocidio de Estado.
Con la consolidación de la democracia, se alcanzaron pactos políticos y sociales en los que se alejó a los militares de las tareas de seguridad interior y de las tareas de inteligencia con la aprobación de leyes que respaldan estos acuerdos.
En este sentido, en 1988 se sancionó la Ley 23.554 de Defensa Nacional; en 1991 la citada Ley 24.059 de Seguridad Interior y en 2001 la Ley 25.520 de Inteligencia, con su reforma en 2015.
A su vez, en 2006 bajo la presidencia de Néstor Kirchner, la por entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, promovió el decreto 727 que estableció el accionar de las FFAA para agresiones externas estatales.
De este modo, se fueron agregando distintas limitaciones al accionar militar en lo que refiere asuntos de seguridad interior. Ahora, el gobierno nacional busca empezar a desarticular esos límites a partir del proyecto de modificación del artículo 27 de la Ley de Seguridad Interior.
Aunque el proyecto parte del Ministerio de Defensa, en el mismo tiene influencia la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien tenía esa propuesta antes de perder las elecciones y unirse al gobierno de La Libertad Avanza.
Sin ir más lejos, en enero de 2023 la ahora vicepresidenta Victoria Villarruel (reconocida defensora de genocidas) había cruzado a Bullrich por el rol a cumplir por las FFAA.
En aquella oportunidad, Villarruel le expresó a través de X: “Ningún uniformado en su sano juicio debería combatir a narcos (que para el Derecho son civiles) cuando el antecedente de los 70 tiene a viejos camaradas presos en cárceles comunes bajo las acusaciones de terroristas impunes”.
Aquellas declaraciones de la vicepresidenta no van en detrimento del accionar militar en sí mismo, sino en las consecuencias que podrían tener. En referencia a ello, no fueron casuales las recientes visitas a genocidas condenados por parte de personalidades de La Libertad Avanza, como fue el caso de las diputadas Lourdes Arrieta y Rocío Bonacci.