Venezuela, al igual que en otras oportunidades, es noticia alrededor del mundo tras la celebración de unas elecciones. Mientras el Consejo Nacional Electoral (CNE), órgano rector en materia electoral de la Republica Bolivariana, proclamó vencedor a Nicolas Maduro después de una supervisada jornada democrática, la oposición dirigida por Maria Corina Machado denunció fraude, y le adjudicó la victoria a Edmundo Gonzalez Urrutia. La consecuencia inmediata, como se ha visto en las últimas horas, fue un grave aumento de la tensión social, el estallido de violencia en las calles y un ataque a gran escala contra la legitimidad de las instituciones del Estado venezolano.
En ese marco, como parte de un escenario aún más grande e interconectandose con los actores locales, los intereses geopolíticos sobre Venezuela son parte de la escena. La puja por la redistribución del poder en el sistema internacional explica e incide en el conflicto venezolano y, como tal, puede ser uno de los factores que termine por dirimir la contienda. ¿El botín? Nada más ni nada menos que la conducción político-económica de una nación que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo a nivel mundial y es enormemente rica en recursos naturales.
Los detalles del sistema electoral venezolano
En la madrugada del lunes, luego de una jornada electoral que transcurrió en normalidad según especificaron las autoridades venezolanas e importantes veedores extranjeros, el CNE comunicó, con un 80% de las mesas escrutadas, que el actual presidente de Venezuela, Nicolas Maduro, obtuvo un 51,2% de los votos frente al 44,2% del candidato Edmundo Gonzalez Urrutia. Desde ese mismo momento, la alianza opositora desconoció los resultados e indicó que, según demuestran las supuestas actas a las que tuvieron acceso sus testigos de mesa, su espacio político habría obtenido una aplastante victoria con el 67% de los votos. Inmediatamente, la diferencia entre las versiones género el escenario que durante mucho tiempo se estuvo tratando de evitar en Venezuela: la vuelta del caos.
El principal argumento esgrimido por la oposición para alimentar la narrativa del fraude, justamente, se relaciona con las actas: el CNE aún no ha publicado el desglose de los resultados mesa por mesa, lo que según el tándem Machado – Gonzalez Urrutia evidenciaría la gran derrota del oficialismo. No obstante, lejos de cualquier análisis político-moral acerca del gobierno venezolano, conviene tener en cuenta algunos elementos a la hora de abordar el funcionamiento del sistema electoral de la nación sudamericana. Especialmente porque Venezuela es otro de los teatros de operaciones donde se despliega una guerra híbrida y la (des)información es una de las armas principales.
En primer lugar, en relación a la máxima autoridad electoral, es necesario remarcar que el CNE cuenta con dos miembros de la oposición y que el sistema electoral venezolano posee ni más ni menos 16 auditorías a las que pueden asistir todos los candidatos, la ciudadanía e incluso expertos internacionales. En cada una de ellas, se verifican todos los recursos utilizados en la ejecución de las distintas fases del proceso electoral. Dicho proceso se encuentra 100% automatizado desde el año 2004, siendo electrónicos el voto, el escrutinio y su totalización. Para las elecciones del 28 de julio, con la participación de todos los partidos políticos (incluido el de Machado – Gonzalez Urrutia), todas las auditorías se desarrollaron normalmente, se probaron más de 43 mil máquinas en todo el país y se abordaron las observaciones correspondientes al carácter secreto de los votos, la seguridad en la transmisión de los votos y la decisión popular expresada en el resultado.
Esto, independientemente de lo que se pueda objetar del sistema del voto electrónico, arroja una certeza en medio de la sobredosis de información. Hasta el día de la elección, la robustez del sistema electoral venezolano fue comprobada previamente por los partidos de la oposición, expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) e incluso por el famoso Centro Carter. Y allí, contrariamente a lo que se pueda pensar, no hubo impugnación alguna. En tanto que, como sucede en cada elección, se realizó la auditoría ciudadana que se hace en la misma jornada electoral sobre el 54% de las mesas, una cifra considerablemente alta y representativa del resultado final.
De igual manera, es preciso aclarar que el CNE no ha roto ningún plazo para publicar los resultados en la denominada Gaceta Electoral porque de acuerdo a la normativa venezolana, el órgano rector cuenta con 30 días para hacerlo. Cabe preguntarse, por citar tan solo un ejemplo de los tantos que existen, porque la indignación mediática no fue la misma cuando en Estados Unidos, tras las elecciones presidenciales del año 2020, se tuvo que esperar semanas para conocer al ganador definitivo de la contienda.
Por lo pronto, no es menor prestar atención a una de las denuncias hechas por el Ministerio Público: el CNE, desde el dia de la elección, estaría sufriendo un hackeo masivo desde Macedonia del Norte que, aunque no pudo alterar las actas, explicaría el retraso en el anuncio de los resultados. Según las autoridades venezolanas, la intrigada trama tendría sus vasos conductores en importantes dirigentes de la oposición como Machado y, su esposo, Leopoldo Lopez.
Violencia, caos e injerencismo
El rechazo a los resultados anunciados por el CNE por parte de la oposición a Nicolas Maduro no es ninguna sorpresa si se tiene en cuenta que, de los 10 candidatos a la presidencia, Edmundo Gonzalez Urrutia fue uno de los dos que se negaron a firmar un compromiso para reconocer a quien ganara las elecciones, una decisión que el gobierno venezolano denunció en su momento como la antesala a lo que por estas horas sucede en el país.
Menos extraño resulta si, además, se observa que el mismo dia de la elección, las redes sociales, especialmente X (ex Twitter y comprada por Elon Musk), se inundaron de fakes news sobre el proceso electoral y se amplificaron bocas de urna de una dudosa procedencia para instalar la imagen de un robo e imponer al candidato opositor como ganador. Medios de comunicación, bots, dirigentes neoconservadores e influencers de las derechas latinoamericanas coordinados para confundir.
Mientras que Maduro sostuvo que los resultados se publicarían en los próximos días, se puso a disposición de la justicia para ser investigado e instó a realizar un nuevo peritaje al sistema electoral con todas las partes; Maria Corina Machado, líder opositora con un amplio historial golpista, continúa promoviendo una deslegitimación de las instituciones venezolanas a gran escala e intensificando una escalada que amenaza con sumergir a la nación en la anomia nuevamente.
En ese sentido, resulta lógico inferir que la construcción de este escenario no empezó con esta elección: más allá de los matices relacionados a los diferentes momentos políticos-económicos-sociales en la Republica Bolivariana, acciones similares se han podido registrar en los intentos por derrocar al chavismo en el 2002, 2014, 2017 o el 2019. De aquellas experiencias, a pesar de la heterogeneidad de estrategias utilizadas por el antichavismo, se conserva la esencia de una oposición con una profunda vocación antidemocrática.
La violencia organizada de las guarimbas, el pedido de intervenciones extranjeras, numerosos intentos de magnicidios con colaboración local y, por supuesto, el probado historial de desconocimiento a la voluntad popular conforman el combo de una tradición opositora que hasta el momento, independientemente del humo mediático, no ha podido demostrar ninguna de las acusaciones que hizo.
Sin embargo, más allá de la política local, Venezuela no puede entenderse sin el injerencismo y el rol del Occidente angloamericano. El motivo es claro: la nación sudamericana posee las mayores reservas de petróleo en todo el mundo, es la segunda reserva del planeta en oro y, como si fuera poco, cuenta con recursos estratégicos como gas natural, carbón, hierro, bauxita, diamantes y coltán. Y más importante aún en lo que respecta al tablero internacional, es una puerta de entrada a los emergentes multipolares en Sudamérica en un contexto de crisis sistémica y transición del orden global.
Esto permite entender situaciones absurdas como el papel de Juan Guaido del 2019 a 2023, un presidente autoproclamado y reconocido por Washington, Londres y la Unión Europea. Del mismo modo, explica otras aún más graves como un enorme bloqueo comercial contra el país, siendo una de las naciones más sancionadas del mundo y, entre tantas otras medidas contra el derecho internacional, que el Reino Unido no le permita retirar el oro venezolano en tierras británicas. La conformación del Grupo de Lima y el papel de la Organización de los Estados Americanos (OEA), asimismo, expresan otras de las páginas injerencistas contra Venezuela en el escenario regional junto a una planificada articulación con el Comando Sur de los EEUU.
Lo cierto es que en caso de que la oposición venezolana se niegue a aceptar los resultados y la proclamación realizada por el CNE, la contienda puede dirimirse no solo por lo que suceda en el terreno social sino, especialmente, por la espalda política de los respaldos internacionales. Y es en ese marco es donde resulta importante observar las declaraciones de reconocimiento hacia el oficialismo no solo por la principal punta de lanza del multipolarismo a nivel mundial, es decir el dúo China y Rusia, sino por también importantes actores de la economía mundial como la Organización de Países Productores de Petróleo (OPEP), entre otros países y espacios que saludaron la proclamación de Maduro. La prudencia de actores de peso como Brasil, Colombia y México, a su vez, evidencian un escenario distinto al de otros años y la crisis económica global, producto de la agudización del conflicto entre fracciones del capital financiero, le otorga a Venezuela una posición favorable por su potencia en recursos energéticos y, por consiguiente, mayores márgenes de acción.