Fue a primera hora de este martes, cuando un fuerte operativo policial se desplegó en la esquina de Pedro de Mendoza y Necochea, en el barrio de La Boca. El mismo estuvo encabezado por el Jefe porteño, Jorge Macri, y tuvo como fin desalojar un viejo edificio habitado de manera informal por varias familias. Según datos recolectados por distintas organizaciones sociales, serían alrededor de veinte grupos familiares con un total de 15 niñes que quedarían en la calle.
Cabe decir que el despliegue estuvo cargado de irregularidades, comenzando por la falta de algún tipo de orden o sentencia judicial. La decisión continúa alimentando la política porteña de “orden y limpieza”.
Un operativo plagado de irregularidades
El inmueble en cuestión es un edificio perteneciente al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que estuvo vacío durante décadas. Se encuentra a escasos metros del histórico puente transbordador y del cruce Nicolás Avellaneda, que une CABA con la Isla Maciel.
Ante la falta de iniciativas y las complicaciones para acceder a una vivienda, muchas familias en situación de calle lo ocuparon.
Los distintos gobernantes porteños que se sucedieron en el tiempo –Fernando de La Rúa, Aníbal Ibarra, Jorge Telerman, Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta– fueron pasándose la pelota los unos a los otros y como no les ofrecieron ninguna alternativa a las familias, optaron por no desalojarlos.
Frente al desalojo y a las irregularidades, distintas organizaciones sociales están por presentar una denuncia. Vale decir que se trata de un desalojo administrativo, es decir, no fue ordenado por la justicia porteña, sino decretado por el Gobierno de la Ciudad.
Al respecto, Julieta Sayar, responsable de la organización El Hormiguero del barrio de La Boca, mencionó: “Los funcionarios dicen que mandaron una notificación, pero todos los vecinos que viven en este inmueble dicen que no fueron notificados”.
En esa línea, sostuvo que las familias “se levantaron y se encontraron con este operativo”. “De hecho, hay algunas madres que habían ido a dejar a sus hijos al colegio y cuando volvieron no las dejaron ingresar”, agregó.
La Boca es un barrio regido bajo la Ley 2240, de emergencia urbanística ambiental, y es por eso que existe una mesa ejecutora donde se establecieron distintos protocolos para las situaciones de incendio y desarrollo del barrio. No obstante, ninguno de estos protocolos fue respetado.
Al principio se habló de 50 familias, pero esos números fueron desmentidos. El verdadero problema fue que el Gobierno porteño no realizó ni siquiera un censo previo a realizar el desalojo. De los veinte grupos familiares, la policía porteña logró echar a 10 y continúa intentando con el resto.
Los vecinos denuncian que los efectivos policiales ingresaron pateando puertas y agrediendo a los habitantes. “No nos dejan entrar a retirar lo poco que tenemos. Estamos desesperados”, dijo Pamela Orlando, a los colegas de Tiempo Argentino.
Orlando agregó que no les dieron ninguna alternativa sobre dónde ir a vivir y que el grueso de sus pertenencias fue trasladado a un depósito judicial.
“Me dejaron con mis hijos en la calle y lo que me ofrecieron es un subsidio habitacional y yo no lo quiero. Yo quiero mi vivienda, porque es lo que me costó a mí, pero ellos lo único que quieren es sacarnos de acá”, dijo otra vecina.
Sigue el operativo ‘orden y limpieza’
Jorge Macri fue quien firmó el decreto de desalojo para echar a las familias que hace treinta años ocupan un espacio que jamás se utilizó. Sobre el mismo, vecinos y organizaciones advierten que es una zona muy codiciada por el sector privado para la construcción de departamentos y centros comerciales.
Con la aprobación de la navegabilidad en el cauce del Riachuelo, y la política pro inmobiliarias, el gobierno de CABA busca allanar el camino para conseguir espacios donde construir lujosos edificios, expulsando a trabajadores y trabajadoras de inquilinatos precarios y casas derruidas, sin ofrecerles una alternativa.
No es una casualidad. El discurso de la ciudad limpia y ordenada, preferida por el turismo internacional, se desenvuelve de manera visible a favor de los grupos inmobiliarios y especuladores financieros.
Gigi Krein, integrante de Consejerías de Vivienda de la Ciudad, dijo: “Esto no debería estar pasando y menos en un inmueble del propio gobierno. Hay que empezar a poner en cuestión estas situaciones, más aún cuando en agosto arrancamos con aumentos de inquilinos del 260% más o menos que hoy están pagando 200 mil pesos y se les va a alrededor de 600 mil pesos”.