“Régimen Penal Juvenil” es el nombre que lleva el proyecto con el que el Gobierno enciende el debate sobre la edad mínima de responsabilidad penal o edad de imputabilidad. Sin embargo, la iniciativa va en contra de tratados internacionales que garantizan los derechos de les niñes y adolescentes.
El anuncio se había hecho a fines de junio cuando la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, junto al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Bajo el argumento del crecimiento de la delincuencia juvenil se pretende fijar en 13 años la edad mínima para ser sometido a un proceso penal.
Según detalla el documento, se establecen penas de hasta veinte años de prisión para les niñez y adolescentes, que serían encarcelados en «establecimientos especiales» o «secciones separadas» dentro de los complejos penitenciarios.
Qué dicen los datos acerca de la delincuencia juvenil en Buenos Aires
La medida causó mucho rechazo desde distintos sectores sobre todo especialistas en niñez y derechos humanos. En este sentido, la abogada e integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, Claudia Cesaroni, compartió datos estadísticos que desmienten el discurso que intenta legitimar el gobierno.
Según la abogada, en la Ciudad de Buenos Aires, en el año 2022 hubo 86 víctimas de homicidios dolosos y 131 victimarios. De ese total de victimarios, solo uno fue menor de 16 años y 6 seis tenían 16 o 17. Mientras que, en la Provincia de Buenos Aires hubo 924.492 Investigaciones Penales Preparatorias (IPP), y 645 homicidios dolosos. En el sistema penal juvenil, hubo 22.018 IPP, poco más del 2 por ciento del total, y 61 homicidios dolosos cometidos por adolescentes de 16 o 17 años, es decir, menos del 10 por ciento del total de homicidios.
Pese a esto, existen normas y regulaciones que protegen y garantizan los derechos de las infancias y adolescencias tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (Ley 26.061) que tienen plena vigencia; así como todos los tratados internacionales de derechos humanos que establecen todos los derechos a los que son acreedores cada niño y cada niña que vive en el país.
Un debate con el que insiste la derecha
El gobierno de Javier Milei busca cumplir las promesas de campaña y anuncia grandes medidas estructurales. Sin embargo, bajar la edad mínima de responsabilidad penal es un discurso que todos los gobiernos de derecha instalaron a lo largo de los años. Los derechos constitucionales son de tal magnitud que para avanzar con un proyecto como el que envió el gobierno, se debe ir en contra de ellos.
Por ejemplo, ya en 2018, el Comité de Derechos del Niño que controla la aplicación de la Convención recomendó a la Argentina en un informe «apruebe una ley general de justicia juvenil compatible con la Convención».
O sea, que garantice que «la privación de libertad sólo se utilice como último recurso y por el período de tiempo más breve posible, y que no incluya disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal«.
Desde el gobierno insisten con que «en los últimos años se verificó un aumento de la delincuencia juvenil». Durante la presentación del proyecto, hacia fines de junio, Bullrich dijo: “Venimos a cumplir con una obligación de nuestra sociedad, que no quiere que a sus hijos o a sus padres los maten y no quiere que quien comete un delito no tenga ninguna consecuencia”.
Mientras que Cúneo Libarona sumó: “Todos los días los argentinos de bien padecemos delitos cometidos por menores que quedan impunes. No podemos permitirlo. Vamos a darle las herramientas estructurales a los jueces para que puedan encarcelar a quienes delinquen”.
El gobierno parece estar muy comprometido con lo que sucede con niñes y adolescentes y la delincuencia. Pese a ello, Cesaroni reflexiona: “la mitad de ellos carece de condiciones básicas de existencia: no tienen cloacas, ni agua potable, ni vivienda, ni educación y salud de calidad, ni viven en un ambiente sano, ni tienen acceso a oportunidades, actividades recreativas, vacaciones, futuro. Hay leyes que dicen que tienen derecho a todo esto, pero no hay jueces que las apliquen ni funcionarios que las ejecuten”.