La política y periodista Sandra Pettovello persiste en su negativa ante los programas alimentarios vigentes. La ministra de Capital Humano ha acudido a la Corte Suprema para sostener su decisión de no repartir alimentos.
Desde que asumió el cargo, ha buscado diversas estrategias para evitar que los productos destinados a los comedores comunitarios sean distribuidos. Actualmente, la situación permanece sin cambios, con dos galpones llenos de alimentos que corren el riesgo de vencer.
¿Cuál es el fallo que no cumple Pettovello?
El juez Sebastián Casanello, junto a seis miembros de la cámara de dos instancias, designaron que la ministra, debe elaborar un plan para distribuir los alimentos que se encuentran incautados en dos galpones y que corren el riesgo de caducar.
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A esta medida se sumó la intervención del juez Walter Lara Correa, quien ordenó a Pettovello implementar los programas alimentarios vigentes. El magistrado señaló que no es necesario aumentar el presupuesto destinado a los alimentos, sino que se debe operar con los recursos disponibles. Los miembros de la corte tienen la certeza de que el Estado debe garantizar la alimentación.
La medida cautelar de Lara Correa subraya el incumplimiento del Estado en cuanto a políticas alimentarias vigentes. Tres planes específicos no se están respetando: el Plan Nacional Argentina contra el Hambre, el Programa Nacional Alimentar Comunidad y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Algunos de estos planes se implementan mediante la entrega de fondos con rendición de cuentas, y otros a través de la distribución directa de alimentos secos para los comedores.
A pesar de que estos planes fueron establecidos durante la presidencia anterior, existen leyes que avalan su vigencia. La ley 25.724, que estableció el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria a raíz de la emergencia alimentaria declarada en 2002, sigue vigente. Asimismo, la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable respalda estos programas. Además, el acuerdo con Naciones Unidas se remonta a la ley 23.396, aprobada en 1986.
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Postura de Pettovello
La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, enfrenta una denuncia penal por interrumpir la entrega de alimentos o fondos alimenticios a comedores populares, lo que podría ser considerado abuso de poder. Este acto ha provocado que los productos no lleguen a las personas más necesitadas.
Pettovello justificó la detención del envío de mercadería alegando desmanejos y su deseo de evitar la intervención de organizaciones sociales.
Cabe destacar que mientras que miles de familias que sufren hambre por la situación del país, la alimentación que no fue entregada a los comedores o fundaciones sociales suman un total de seis toneladas de productos distribuidos en dos galpones. Uno de ellos es Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y el otro en el interior del país en Tafi Viejo,Tucumán.