La República Bolivariana de Venezuela afronta la recta final de la campaña electoral presidencial. Por primera vez desde 1999, el PSUV irá a una contienda con una oposición ordenada. El 28 de julio se definirá al nuevo presidente en un contexto de crisis sistémica y transición geopolítica. Nota al Pie analiza la antesala de un proceso con novedades pero también viejas disputas.
Disputa electoral
El próximo domingo 28 de julio se desarrollarán elecciones presidenciales y el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Partido Unitario Democrático (PUD) se disputarán el máximo cargo político. La última edición de la encuestadora Hercon Consultores 21 marcó que el candidato opositor Edmundo González tiene un 62% de voto, frente al 28% del presidente Nicolás Maduro, que aspira a su tercer mandato. Desde que asumió en 2013 al suceder a Hugo Chávez, la actual elección representa el mayor reto para el mandatario.
Si bien el PSUV viene en un proceso de franco deterioro político desde hace una década, ha sido capaz de sortear desafíos como las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos y los descontrolados niveles de inflación. La pobreza y la destrucción de la moneda nacional se han profundizado desde entonces pero el gobierno se ha sostenido. En esta ocasión, la principal adversidad es el fortalecimiento de su oposición política en el país, que se ha articulado con éxito desde la plataforma política del PUD detrás de la candidatura de Edmundo González.
La principal figura de la oposición ha sido apalancada por María Corina Machado, referente del antichavismo pero inhabilitada como candidata. En tanto, González es un ex diplomático de bajo perfil que se ha posicionado convocando a la reconciliación nacional en un contexto donde diversos actores coinciden en bajarle el tono a la disputa política interna. A dos semanas de la definición electoral, la oposición ha logrado presentarse en lugares públicos a modo de demostración de fuerza y consolidando su referencia nacional.
Veedores internacionales
Al igual que en anteriores elecciones, tanto el oficialismo como la oposición han lanzado denuncias cruzadas planteando irregularidades en la campaña política. Por un lado, el chavismo insinúa que el impacto de las sanciones financieras entorpecen la normal gestión del proceso electoral. Asimismo, insiste con que se despliega una vez más una estrategia orquestada por Estados Unidos y sus socios internos para deslegitimar el desarrollo democrático. Por otro lado, la oposición indica que el PSUV utiliza la maquinaria estatal para perseguir opositores y oportunamente desordenar la jornada de elecciones.
A propósito, a Venezuela asistirán veedores de nivel internacional para fiscalizar el proceso y garantizar la transparencia y legitimidad. La Misión de Observación Electoral (MOE) que había enviado la Unión Europea (UE) para las elecciones regionales en 2021 fue rechazada por el Colegio Nacional Electoral (CNE) venezolano dado que levantó temporalmente sanciones a exclusivamente cuatro funcionarios de instituciones electorales, impuestas en 2017. Un comité de expertos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Celac, y Caricom también han sido invitados, aunque por lo pronto el estadounidense Centro Carter es el único certificado.
Luego del reencuentro diplomático entre Venezuela y Colombia, el presidente Gustavo Petro insistió en avanzar con un “acuerdo nacional” que brinde las “máximas garantías” de participación electoral. En el marco de las amenazas de fraude que denuncia la oposición, el rechazo de visas comunes como prueba de residencia de migrantes se presenta como un factor central. Entre 3,5 y 5,5 millones de venezolanos, una cuarta parte del padrón electoral, viven en el extranjero, pero funcionarios del gobierno habrían entorpecido su reconocimiento.
Crisis sistémica
La elección presidencial venezolana vuelve a copar la escena regional en un contexto de crisis multidimensional del sistema internacional. El país sudamericano no solo tiene la mayor reserva petrolera del mundo, sino que mantiene hoy una disputa territorial con Guyana por la región del Esequibo. El proceso político es seguido de cerca por Washington, que mantiene un especial interés por revertir el signo político del gobierno venezolano para tener un socio petrolero más amistoso.
No obstante, la crisis de la élite unipolar es tan profunda que los diferentes intentos por articular una oposición política al PSUV han fracasado. La pretensión de instalar un gobierno paralelo por parte de Juan Guaidó en 2019 falló estrepitosamente pero dejó un antecedente elemental sobre el volumen de la estrategia política a nivel continental. Aunque la fracción globalista del Unipolarismo Financiero ha sido proclive a negociaciones políticas con el chavismo, su interés por derrotarlo es igual de intenso que el del continentalismo del Comando Sur del Pentágono y el complejo de Texas.