“Del total de esos 1100 empleados que encontramos el 10 de diciembre, el 85% ya fue eliminado”, se enorgulleció el vocero presidencial Manuel Adorni acerca de les trabajadores de lo que era el ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad a nivel nacional.
En su conferencia matutina de este lunes 1 de julio, afirmó que “240 empleados fueron eliminados en la primera etapa y 685 en esta segunda». A su vez, adelantó que «en la tercera etapa, que llevará algunos meses más, se llevará a cabo la reducción del restante 25%».
Lo que se “eliminó” (término por lo menos polémico que utilizó Adorni para referirse a los despidos), no fueron solo puestos de trabajo, sino políticas de género necesarias para combatir la violencia machista que azota a mujeres y disidencias en todo el país.
El observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) contabilizó 106 femicidios en lo que va del año. 1 cada 41 horas.
Políticas de género: ¡afuera!
«Bajo la administración del presidente Milei no hay lugar para gastos superfluos con el dinero de los contribuyentes», agregó Adorni en la conferencia de prensa. Evidentemente, tanto para él como el gobierno del que forma parte la prevención de la violencia por razones de género es un gasto evitable.
Durante el fin de semana, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, afirmaba en su cuenta de X que les trabajadores restantes “pasarán a cumplir funciones dentro de la órbita de la Dirección de Protección a la Familia, y asistirán a TODOS los argentinos que atraviesen una situación de violencia y riesgo”.
Detrás de tanto dicho provocatorio, hay realidades tangibles y preocupantes. Durante el lunes 1 de julio, organizaciones sindicales, sociales, trabajadoras y trabajadores se concentraron en la sede del Ministerio de Justicia y DDHH. Reclamaron la reincorporación de todes les despedides del ex Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, ahora Subsecretaría de Protección Contra la Violencia de Género.
Fernanda Fuentealba; Secretaria General de la Junta Interna de ATE perteneciente al ex Ministerio de la Mujer, Géneros y Diversidades, aseguró: “La atención de la línea 144 quedó con solo dos operadores en una de las guardias; el área de acceso y acompañamiento integral a familiares de víctimas de feminicidios, travesticidios y transfemicidios, solo con dos personas”.
Asimismo, confirmó que el equipo que debía aplicar la Ley Micaela sufrió un vaciamiento total, y el programa Acompañar se redujo a menos del 50%. Por su parte, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, confirmó que también hubo despidos en las delegaciones que el Estado nacional tiene en las provincias.
Todo esto se da en el contexto de la desaparición de Loan Peña, un caso de alcance nacional con una posible hipótesis de trata de personas.
Los números de la violencia machista
“La situación es gravísima”, replicaron desde MuMaLá al compartir el informe del observatorio “Mujeres, Disidencias, Derechos”. “De forma urgente el gobierno nacional debe revertir las medidas que eliminaron las políticas destinadas al abordaje de la violencia machista, pues de lo contrario se multiplicarán las víctimas”.
En su relevamiento mensual, detectaron 106 femicidios de mujeres, lesbianas, travestis y trans desde el 1 de enero hasta el 29 de junio de 2024 en Argentina. 1 cada 41 horas.
En el desglose, 78 fueron femicidios directos, 3 lesbicidios, 3 transfemicidios, 9 vinculados, 10 por narcotráfico o crimen organizado y 3 suicidios feminicidas. Además, se registraron 255 intentos de femicidios.
Como consecuencia de la violencia machista, 94 niñes y adolescentes se quedaron sin madres. Y como suele ser en los casos de muerte por motivos de género, la mayoría de los asesinatos se dan en el entorno de la víctima. El 52% fue cometido por su pareja o ex pareja, y el 61% fue asesinada en su vivienda. Además, el 35% convivía con el agresor.
“Defender el déficit cero a costa de la desjerarquización, eliminación y desfinanciamiento de un conjunto de las políticas públicas en nuestro país, es una muestra clara del ataque persistente de Milei a las mujeres y disidencias sexuales”, aseguraron desde MuMaLá.
Y agregaron: “La violencia extrema hacia las mujeres y disidencias, las desigualdades y discriminación por razones de género, sólo pueden abordarse con más inversión pública y con el cumplimiento de las normativas vigentes”.