Por Nuria Caimmi
La falta de entrega de alimentos por parte del Estado en un contexto de hambre retoma un debate profundo sobre las intervenciones alimentarias en el país, discusión de larga data con actores y escenas que se renuevan, al calor de una pobreza que se agudiza. ¿Qué expresa el cambio de intermediarios, desde las organizaciones sociales a Conin? Como política pública significa la reivindicación de espacios que enfatizan la individualidad del acto alimentario, deslindan responsabilidades estatales y entregan alimentos a cambio de que las familias que los reciben se comporten de acuerdo al ideario de la institución.
La proyección realizada por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina, en base a los datos del tercer trimestre de 2023 del Indec, estima que en los primeros meses de 2024 la pobreza afectó al 55,5 por ciento de la población, mientras que la indigencia aumentó al 17,5 por ciento. Es decir, 25 millones de personas de áreas urbanas habrían estado en situación de pobreza, con sus ingresos por debajo del precio de la Canasta Básica Total, entre las cuales 7,8 millones en estado de pobreza extrema o indigencia, por debajo de la Canasta Básica Alimentaria.
Estas cifras muestran un aumento sin precedentes en las últimas dos décadas, superando la evolución de los dos gobiernos anteriores. A las estadísticas de la pobreza, se suman otros indicadores: en Argentina se consume cada vez menos carne, menos leche y menos pan.
Con este paisaje social, la falta de entrega de alimentos generó un escándalo y una crisis al interior del Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El caso se trató de la retención de toneladas de alimentos almacenados en galpones localizados en Villa Marteli (Buenos Aires) y en Tafí Viejo (Tucumán). El juez federal Sebastián Casanello intervino, a partir de una denuncia del dirigente social Juan Grabois, y dictó una medida cautelar que obligaba al Gobierno a presentar un plan de distribución inmediata de la comida guardada para comedores comunitarios y merenderos.
El Gobierno se resistió y apeló la decisión judicial, pero la Cámara Federal la ratificó. A modo de respuesta, desde el Ministerio conducido por Pettovello anunció la firma de un convenio con la Fundación Cooperadora Nutrición Infantil (Conin) para la distribución de 460.000 kilos de leche en polvo.
¿Cómo trabaja Conin?
La presencia de Conin en la esfera estatal alimentaria no es nueva. En 2016, durante el gobierno de Mauricio Macri, se firmó un convenio entre el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y esta fundación, en el marco del Decreto 574/2016, por el cual se creó el Plan Nacional de Primera Infancia. El objetivo era la construcción de 30 nuevos espacios de atención y prevención de la desnutrición, y tres espacios de atención para casos de desnutrición con riesgo social.
Con ese acuerdo, el Gobierno le entregó a Conin, según publicó el medio Chequeado, entre los años 2016 y 2018, más de 78 millones de pesos. Actualizando el monto por inflación, serían a abril de 2024, 4.000 millones de pesos. Ahora, a partir del nuevo acuerdo con Pettovello, el reparto de los alimentos retenidos se realizará vía Conin en todo el país, aunque el mayor despliegue de la fundación se encuentre en la provincia de Mendoza, que es su epicentro.
La fundación no tiene anclaje en otras provincias como Formosa o Jujuy y el número de centros Conin no alcanza ni de mínima los necesarios para distribuir la totalidad de comida acopiada. Si la capacidad operativa no parece ser el motivo de la elección del Gobierno, ¿qué otros fundamentos pueden haberla motorizado?
Conin es una organización sin fines de lucro fundada en Mendoza en 1993. Su objetivo principal, dice en su sitio web, es erradicar la desnutrición infantil en el país, a través de distintas intervenciones como los centros de internación para niñas y niños con desnutrición grave y consultorios ambulatorios con soporte nutricional y seguimiento especializado. Conin afirma tener 110 centros en 18 provincias y “30.500 niños recuperados”.
Toda esta estructura sostiene un único objetivo que no pasará inadvertido de quien navegue la página de la fundación, vea sus sedes o escuche a sus representantes: “Quebrar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza para luego extenderse al resto de América Latina y el mundo”.
El fundador de Conin es el pediatra Abel Albino, recordado por su intervención, en 2018, en una de las audiencias por el tratamiento del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado, cuando dijo que “el preservativo no protege de nada porque el virus del SIDA atraviesa la porcelana”. La Organización Mundial de la Salud (OMS) es contundente enfatizando que el uso del preservativo fue decisivo para combatir la pandemia mundial de HIV.
El «Método Conin» es el eje central del quehacer de la fundación. Según sus escritos, se trata de un “conjunto de programas integrales, con sustento científico, y basado en procedimientos empleados para alcanzar una variedad de objetivos regidos por una idea: erradicar la desnutrición infantil”. Estas intervenciones tienen como beneficiarios directos a niños y niñas, de 0 a 5 años y a sus madres, como así también aquellas madres embarazadas que ingresan, aún sin niñes, y se caracterizan por una focalización exclusiva en las personas de la familia para paliar el problema de la desnutrición.
La socióloga Camila Stimbaum realizó una investigación entre 2015 y 2016, en uno de los centros Conin de la localidad de Los Hornos (La Plata, Buenos Aires). A partir de ese trabajo de campo, explica que hay tres pasos que transitan las personas al acercarse a la fundación. El primer paso es el “Programa de diagnóstico y tratamiento”, en donde se evalúa a la persona para determinar su admisión, según sus parámetros médicos y sociales.
Stimbaum señala que las personas pueden ser rechazadas durante este proceso o desvinculadas si incumplen algunos de sus postulados o se resisten a algunos de los valores que se intenta inculcarles. Por ejemplo, la realización de ciertas tareas por parte de las mujeres, no robar, respetar al otro por su condición y respetar la vida humana desde la concepción.
Luego sigue la intervención propiamente dicha, bajo el “Programa de asistencia”. Consiste en la entrega de un bolsón de alimentos generalmente no perecederos (leche, aceite, azúcar, arroz, fideos, vitina, lentejas, y en algunos casos, alimentos frescos), y de diversos elementos como pañales, útiles, calzado y frazadas.
Finalmente, entra en escena el “Programa educativo y de promoción humana” que consiste en la realización de actividades educativas para “elevar el nivel de salud y calidad de vida de las familias y comunidades mediante el logro de actitudes y comportamientos de salud positivos, conscientes, responsables y solidarios”. En este programa, las actividades “educativas” son para mujeres y niños por separado; mientras niñas y niños juegan o permanecen en la guardería, sus madres participan en alfabetización, oficios, educación para la salud, huerta. Paternidad y maternidad responsable, fortalecimiento familiar”.
Como recupera la autora, durante los “Talleres de salud” se destaca especialmente el de “Planificación familiar natural”. Como su nombre lo indica, tiene como objetivo enseñarles a las mujeres a controlar su fertilidad “a través de la enseñanza de un método acorde con el ideario religioso de Conin, el Método de Ovulación Billings”. Este método de anticoncepción se basa en el recuento de días fértiles del ciclo.
En los talleres se enseña que “la familia está compuesta por la madre, el padre y los hijos» y que «las parejas se unen para toda la vida y los hijos son frutos de ese amor”. También se proyectan videos “sobre el desarrollo embrionario de un niño hasta su nacimiento, el cual apuntaba a sensibilizar a las mujeres para que comprendieran que ‘la vida empieza desde la concepción’”. Estas instancias son centrales, porque es allí es donde se hace fuerte la voluntad de la fundación de intervenir a partir de la moral: los problemas de salud, alimentación y pobreza derivan de debilidades morales.
La metodología de Conin se opone a toda política pública de educación sexual y salud reproductiva y a toda perspectiva de derechos sexuales. No es casual la elección de la gestión de Pettovello, dado que el gobierno de Javier Milei desarticuló toda política estatal relativa a los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales.
Un método flojo de papeles
El sustento científico para el «Método Conin» no parece ser cuantioso. La publicación y apertura pública de dichos resultados sería un aval importante, teniendo en cuenta que dicho método se plantea como política alimentaria estatal. Al respecto, el estudio denominado “Hacer frente a la malnutrición y la pobreza: evaluación de la experiencia Conin”, publicado en la revista Nutrition Reviews, realizó una evaluación nutricional, cognitiva y social de los niños de los centros de la Fundación en Mendoza entre 1996 y 2005.
La evaluación fue sobre una población de 478 niños y niñas de 5 a 17 años, entre ellos, 186 integrantes de centros de la fundación de Albino. El resultado: “No se encontraron diferencias de peso y talla entre los grupos, solo una breve diferencia en la maduración de los niños tratados en Conin”. Desde organismos de prestigio en el abordaje nutricional infantil como la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y la Sociedad Argentina de Primera Infancia (SAPI), en 2018, ya había manifestado su rechazo a los métodos aplicados por Conin.
“En el caso de la desnutrición crónica, la alimentación incide en un 40 por ciento, pero el 60 por ciento restante tiene que ver con determinantes sociales. Por eso, hablar de darle una caja de leche a cada recién nacido como fórmula para vencer la desnutrición, sin tener en cuenta las características sociales, carece de rigor científico, es anticiencia”, argumentaron.
El cuestionamiento no quedó ahí. Ese mismo año, más de cien científicos indicaron que las afirmaciones de Albino estaban fundadas en el mito de “los tres primeros años de vida”, que ya fueron desmentidas por el doctor John Bruer, en 1997, en su libro «Mito de los tres primeros años».
Frente a estos cuestionamientos, la aparición en escena de Conin va a contramano del discurso contra intermediarios en el que se insiste desde el Gobierno. La fundación solo reemplaza a otros intermediarios, como organizaciones sociales que tanto parecen disgustar. Pero la función social es la misma, intermediar entre el Estado y las poblaciones vulnerabilizadas.
Además, al igual que los anteriores intermediarios, Conin también reclama una contraprestación, que en lugar de ser tareas colectivas o comunitarias, se vinculan con rectificaciones morales de las vidas de las familias pobres.
Las (malas) acciones individuales como explicación del hambre
El lenguaje sobre el que se levanta esta ONG es revelador del universo de prácticas que constituye. Se habla en términos de familia. “La Familia Conin”, como se llama a la red de centros franquiciados por la fundación. Se trata de un “contrato solidario”, sin retribución económica, donde se acuerda el uso de la marca, así como la aplicación del método, capacitación y auditorías. Las filiales son locales, pero deben seguir el ordenamiento marcado por el centro modelo localizado en Mendoza.
El énfasis en la desnutrición resulta llamativo en un contexto de época en que se define hablar de malnutrición, categoría que refiere no solo a problemas por déficit sino por exceso, poniendo el foco en la baja calidad de lo consumido, más allá de las cantidades.
Según la Segunda Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, en las últimas décadas el consumo infantil de los alimentos frescos, como las frutas y las verduras ha disminuido; y, en cambio, ha crecido significativamente el consumo de procesados y ultraprocesados.
La “lucha contra la desnutrición” no deja de ser, sin embargo, un objetivo movilizador y sensibilizador. ¿Qué persona, con una mínima corrección política, estaría en desacuerdo con la idea de ayudar a niñas y niños vulnerables y vulnerados? Cualquiera que lea ese enunciado compartiría el dolor y la injusticia del problema.
Cuando se profundiza en las causas que entiende Conin para la desnutrición, se lee: “Las condiciones de vida y las dinámicas familiares son agentes causales en la salud y en el correcto desarrollo del niño”. Agregan que las acciones que la fundación dispone son para “minimizar o erradicar los factores de riesgo que se visualizan en el grupo familiar y entorno del niño”. En estas oraciones se elabora el corazón de la propuesta: el problema de la desnutrición está en las familias y es en ellas donde hay que intervenir.
Esto se expresa porque “la educación del adulto responsable, como principal agente sanitario es la base de todas las intervenciones que se desarrollan para la recuperación del niño, y es a través de ella que se busca la integración de la familia y de la comunidad”.
En su estudio «Antropología de la crianza: la producción social de ‘un padre responsable’ en barrios populares del Gran Buenos Aires», la antropóloga Laura Santillán analiza el proceso de construcción social de un “(ma) padre responsable”. Y explica que, en el marco de fragilización de la protección colectiva, estatal y pública, se relega a las personas particulares de las soluciones a los problemas sociales, a través de una progresiva culpabilización e individualización.
En este tipo de intervenciones se instalan y recrean juicios morales estigmatizadores por los cuales las personas no son consideradas como sujetas del derecho a la salud y a la alimentación. Al contrario, se sobrevaloran sólo casos particulares donde, por voluntad y mérito personal, se pueden correr del camino incorrecto.
La metodología Conin presenta otro problema central: ¿es cierto que las personas no saben comer? Aceptando provisionalmente dicho desconocimiento, ¿a qué se debe ese desconocimiento? Por lo general, la lectura que sostiene la “desinformación actual alimentaria” apunta directamente a la ignorancia individual de las personas acerca de lo que deben comer para tener salud. Esto lleva directo a la culpabilización, y en todo caso, a la apelación de la voluntad de las personas de “educarse”, “informarse” e incluso “tomar conciencia”.
Lo que se pone de manifiesto a raíz del escándalo de los alimentos y de la elección del Gobierno al convocar a Conin es la pregunta de quién merece comer en una Argentina con casi 60 por ciento de pobreza. Y con ello, las formas de entender la desnutrición o malnutrición: como un problema social que exige organización colectiva, o como problema individual que solo reclama voluntad o caridad. Explicarla en su causa familiar descalza así toda responsabilidad estatal por el problema y legitima aún más el proyecto de hambre planificada en que vive Argentina.
Ante un problema social como es la desnutrición, la respuesta que propone el Estado es individual. El proceso individualizador y culpabilizante soslaya todo contexto social. La desnutrición, como problema de salud, queda reducida a sus dimensiones biológicas y nutricionales, ya que la solución remite al plano somático. Anclar la solución en el plano biológico, desliga al Estado de atribuir cualquier otra responsabilidad social.
El pasaje a instituciones que no dependen de organizaciones sociales de base, y que, por el contrario, enfatizan la individualidad del acto alimentario no deja de resaltar una forma de entender no solo el problema del hambre sino la sociedad misma. ¿Qué expresa este movimiento? Nuevamente y como proyecto estatal, apuntar contra la desorganización social. El mensaje es claro: no quieren a la sociedad organizada, no quieren alimento en el espacio público.