La gestión menstrual es uno de los temas transversales de salud en mujeres y personas menstruantes, pero históricamente ha sido invisibilizado. Menstruar implica una inversión económica y, en ocasiones, esto impide asistir a establecimientos educativos, de salud, laborales o deportivos, profundizando la desigualdad y acrecentando las brechas de género.
Pese a que en Argentina hay más de 12.000.000 de personas que menstrúan, los artículos de higiene menstrual pueden ser hasta un 50% más costosos que el promedio de precios de los productos de la canasta básica. El dato pertenece al informe “Diagnóstico sobre uso y percepción de insumos de gestión menstrual”.
Desiguales por menstruar
En mayo de este año, según un relevamiento en barrios populares realizado por el Observatorio Villero de La Poderosa, seis de cada diez mujeres dijeron no poder acceder a productos de gestión menstrual por su costo. La imposibilidad se da en un contexto en el cual, según datos del Observatorio Social de la UCA, una persona adulta necesitó en enero $193.146 y una familia tipo $596.823 para poder subsistir.
Por su parte, desde el 2017 Ecofeminita monitorea los gastos que conlleva menstruar. Según su último informe, en marzo de 2024 el costo promedio anual por persona por la compra de toallitas fue de $43.276.
Del mismo modo, si se eligen tampones, el costo anual asciende a $64.232. La inflación acumulada desde esa primera estimación hasta la última es de 2,148% para las toallitas, mientras que para los tampones se acerca a 2,905%.
Por su parte, en el año 2020, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires presentó la primera encuesta de gestión menstrual en el territorio bonaerense. Allí, casi la mitad de las personas encuestadas manifestó haber tenido que dejar de ir a la escuela o a la facultad (47,9%), a eventos sociales (43,9%) y un gran porcentaje afirmó que no realiza ni asiste a actividades deportivas durante la menstruación (75,6%).
Iniciativas políticas
El julio de 2022, la provincia de Salta creó el Programa Municipal de Gestión Menstrual. La impulsora del proyecto fue Malvina Gareca, funcionaria salteña y coordinadora de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) de la provincia.
Su objetivo es proveer de manera gratuita productos de higiene menstrual a personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica. Además, busca garantizar la promoción de la salud menstrual.
Una iniciativa similar se dio en San Martín, donde el intendente Fernando Moreira, junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia, Estela Díaz, presentaron el Plan Municipal de Gestión Menstrual.
Este propone un espacio de información clara sobre el proceso de menstruación, el autoconocimiento del cuerpo, las prácticas de cuidado y las alternativas disponibles para la gestión menstrual. A su vez, ofrece acceso a insumos que sean económicos y amigables con el ambiente.
Día de la gestión menstrual
Desde hace algunos años, cada 28 de mayo se conmemora el Día de la Salud Menstrual. Durante todo el mes, activistas a lo largo y ancho del mundo proponen actividades y difunden información para promover la inclusión de la menstruación en las políticas públicas de salud.
Mañana es el Día de la Salud Menstrual 🩸
— Ecofeminita (@EcoFeminita) May 27, 2023
Como activistas estamos convencidas de la importancia que tiene visibilizar la menstruación. Por eso salimos a las calles para pegar afiches con las consignas 👇🏻
✔Ley nacional de salud menstrual
✔Menstruar es político pic.twitter.com/xwj7RtA2Da
Para visibilizar el tema, desde Economía Femini(s)ta lanzaron una campaña llamada “#MenstruAcción” con el objetivo de destacar que la menstruación es un factor de desigualdad que se suma a la brecha salarial y otras tantas disparidades económicas. Además de mostrarlo, a lo largo de diferentes campañas han propuesto soluciones.
La campaña establece tres reclamos centrales. En primer lugar, la eliminación del IVA de los productos de gestión menstrual; como segundo punto, la provisión gratuita de productos de gestión menstrual en escuelas, universidades, comedores, cárceles, espacios comunitarios y refugios para personas en situación de calle. Por último, sugiere la investigación y el acceso a la información para promover políticas públicas.