Organizaciones sociales, políticas, gremiales, estudiantiles y de derechos humanos realizaron una conferencia de prensa este martes 18 de junio. Fue a las 11 de la mañana en la Casa de la Comisión Provincial por la Memoria, situada en La Plata, capital bonaerense.
Su objetivo fue expresarse contra la criminalización de la protesta, en solidaridad con las 16 personas que en ese momento permanecían detenidas e imputadas tras la manifestación del pasado 12 de junio, en las inmediaciones del Congreso de la Nación.
En ese edificio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), les senadores trataban la Ley Bases. Afuera, les ahora privades de su libertad se manifestaban en contra de su aprobación. Ayer por la noche liberaron a 11 detenides, pero aún quedan 5 en prisión.
Desde las organizaciones sociales junto a la Comisión Provincial por la Memoria se pronunciaron en contra de esta situación. A su vez, anunciaron la creación de una coordinadora permanente que acompañe situaciones similares.
“Cazar personas”
Roberto Cipriano García es el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). En la conferencia de prensa expresó la necesidad de generar la unidad desde el campo popular y una resistencia a la política criminalizadora de la protesta social.
“En este caso, la represión fue generada a partir del despliegue policial con la intervención de las fuerzas de seguridad nacionales, con la justificación del protocolo antipiquete”, explicó.
Cipriano aseguró que todas las detenciones se produjeron lejos de la Plaza del Congreso, cuando se desconcentraba la manifestación. “La Policía de la Ciudad empieza a cazar personas que circulaban por la zona”, agregó.
“De tal manera que hay detenidos un vendedor de choripan, vendedores de empanadas, tres personas en situación de calle, otra con discapacidad”, ilustró sobre la arbitrariedad del accionar policial. Y afirmó que varias de ellas fueron detenidas porque registraban con sus celulares la represión.
Según Cipriano, en ocasiones anteriores las personas presas quedaban a disposición de la Justicia de la Ciudad por delitos menores, como atentado o resistencia a la autoridad, todos excarcelables.
Pero esta vez, y luego del comunicado oficial de la Presidencia de la Nación donde plantean que se trataba de un intento de golpe de Estado, a les detenides se les imputa por “sedición, atentado a la democracia, terorrismo. Todos delitos con penas de 6 a 20 años de prisión y no excarcelación”, denunció el secretario del CPM.
Sembrar el terror
En la conferencia de prensa se describieron las condiciones que experimentaron quienes fueron privades de su libertad. Aseguraron que luego de pasar a la Justicia Federal se les alojó en alcaldías donde durmieron en los patios, sin agua y sin comida.
“Son situaciones gravosas de tortura”, se lamentó Cipriano. “Luego son llevadas a complejos penitenciarios (como Ezeiza, Marcos Paz y también Devoto), que es donde continúan detenidos”.
Describieron más momentos de maltrato: “sufren los golpes del Servicio Penitenciario, los ponen en una oficina que rocían de gas pimienta”.
Desde la CPM explicaron que todo el peso del aparato represivo del Estado (con una Justicia que debería poner límites), convalida la decisión política de extremar acciones para impedir futuras manifestaciones.
En ese sentido se manifestaron les integrantes de la Asociación Familiares y Víctimas del Terorrismo de Estado, presentes en la conferencia. “Esto ya lo vivimos en los ‘70, están construyendo al enemigo interno”, relacionaron.
Pero con mucha emoción dejaron un mensaje de esperanza. “En el ‘76 pensábamos que estábamos solos, porque en realidad no teníamos organización, estábamos dispersos y castigados por la dictadura. Hoy, más que nunca, es necesario que nos organicemos y demos seguridad a los compañeros que van solos a protestar”.