Andrea Amarante, de 42 años, es la tercera víctima fatal del ataque sufrido por dos parejas de mujeres que residían en una habitación de un hotel familiar en la calle Olavarría al 1600, en el barrio de Barracas.
Pamela Cobas y Roxana Figueroa, ambas de 52 años, eran pareja y fueron las primeras fallecidas con el 90 por ciento del cuerpo quemado.
Amarante se había unido para compartir la habitación temporalmente junto a su pareja, Sofía Castro Riglos, de 49 años.
Castro Riglos, que tiene lesiones más leves pero continúa internada en el Hospital del Quemado por recomendación médica, ya ha declarado en la causa.
El autor del fatal ataque es Justo Fernando Barrientos, quien está detenido después de arrojar combustible y prender fuego a la habitación mientras las víctimas dormían en la madrugada del lunes pasado.
Barrientos aún no ha sido indagado. El juez Edmundo Rabbione, a cargo del Juzgado número 14, deberá determinar si el acusado es o no inimputable.
Rabbione aún no ha definido si aplicará a la causa la agravante del artículo 80 del Código Penal, es decir, si las muertes fueron femicidios agravados por el odio al género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión.
Crónica de un ataque feroz
El domingo 5 de mayo a las 23:30, Justo Barrientos, quien ocupaba una habitación en el hotel familiar, abrió la puerta del cuarto contiguo y arrojó un explosivo casero que provocó un incendio.
El fuego se propagó rápidamente por la habitación, especialmente en las camas donde dormían Pamela, Roxana, Andrea y Sofía. Las cuatro fueron hospitalizadas de inmediato.
Una semana después, la puerta de la habitación donde vivían tiene los cristales estallados y en la calle se observa una mancha oscura, producto del hollín que cubre las paredes y el resto de las pertenencias que el fuego no consumió por completo.
Mercedes Roxana Figueroa, de 52 años, según sus vecinos, trabajaba haciendo changas: vendía pañuelos y otros artículos.
Pamela Cobas, pareja de Figueroa, falleció pocas horas después del ataque debido a la gravedad de su estado. Antes, había trabajado como vendedora de golosinas y cosméticos. En sus redes sociales, se mostraba orgullosamente lesbiana y abogaba por los derechos de la diversidad sexual. Tenía un hijo al que visitaba siempre que podía.
Andrea Amarante, la tercera víctima fatal, llegó al Hospital Penna con el 75% de su cuerpo quemado. Era la más joven de las cuatro y había sobrevivido a la masacre de Cromañón, el incendio ocurrido el 30 de diciembre de 2004 en el boliche de Once durante un recital de Callejeros. Estaba en situación de calle y había sido alojada por sus amigas.
Sofía Castro Riglos, pareja de Andrea, tuvo un pronóstico favorable y respondió bien a las curaciones.
El fuego devoró la ropa, los objetos y las camas. Posteriormente, el agua acabó con lo que quedaba. Según lo que se puede observar en las fotos, entre los escasos objetos que quedaron en pie se encuentran un par de zapatos, una mochila con ruedas, una agenda del año 2023 y un libro de repostería.
Un reciclador urbano tomó la tarea de colocar en cajas y bolsas las cosas destruidas, para tirarlas en un container.
Las víctimas no tenían problemas con otros vecinos, y compartían tanto con ellos, como con Barrientos, el baño y la cocina, que eran de uso común.
“Eran muy buenas chicas. Él también. Todos pagaban a tiempo, no tenían ninguna deuda. Yo nunca tuve problemas con ninguno. Para mí fue el diablo. No me lo termino de explicar si no”, dijo María Rosa Correa, la dueña del hotel, en una entrevista con la prensa.
Discursos de odio y violencia legitimada
Según varios testigos, las mujeres eran personas tranquilas; «a veces se juntaban y ponían música, nada fuera de lo común», dicen.
Aclaran, además, que no había habido conflictos previos entre Barrientos y sus víctimas, pero que él «las odiaba por ser lesbianas». Les llamaba «tortas, gordas sucias, engendros», en base a su orientación sexual, aseguraron.
Sin embargo, el ataque no es un hecho aislado, y atribuirlo a una persona que podría ser señalada como ‘inimputable’ es minimizar el peso político del crimen.
El hecho está enmarcado en un contexto donde los discursos de odio y los ataques a la diversidad sexual están aumentando rápidamente, legitimados desde las altas esferas del gobierno nacional.
La desarticulación de los organismos y políticas nacionales contra la discriminación y la violencia machista abre paso a este tipo de situaciones.
Con el cierre del INADI y la desfinanciación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, los programas de atención y prevención contra la violencia de género, la identidad de género y la orientación sexual quedan a la deriva.
El Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires fue el único espacio institucional que repudió públicamente el ataque.
A través de un comunicado expresó: «Ante el desamparo que produce el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, el INADI y otros organismos que velaban por los derechos de la población LGBT+, este ministerio insta al gobierno nacional y a la Ciudad de Buenos Aires a disponer todos los recursos para acompañar a las víctimas, a sus allegados y a garantizar una intervención con perspectiva de género».
Sin embargo, los activistas denuncian que las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ se encuentran en un contexto de abandono y desprotección total.
Mientras tanto, desde el gobierno nacional y los personajes públicos que rondan por La Libertad Avanza se promueven discursos hostiles y desinformación continua sobre la comunidad.
Hace pocos días, luego de la celebración por el Día de la Visibilidad Lésbica, el abogado Nicolás Márquez, quien también es amigo y biógrafo de Javier Milei, fue entrevistado en Radio Con Vos.
Entre otras cosas, dijo que “cuando el Estado promueve, incentiva y financia la homosexualidad -como lo ha hecho hasta la aparición de Milei en escena- está incentivando una conducta autodestructiva”.
Y explicó, mediante el uso de datos falsos, por qué no debería haber políticas públicas a favor del colectivo LGBTQ+.
En Argentina hubo 133 crímenes de odio durante 2023, en donde la orientación sexual, y la identidad/expresión de género fueron los argumentos utilizados por los ejecutores de la violencia. La cifra vio un incremento con respecto al año 2022, donde se registraron 129 crímenes y al año 2021, donde se habían contado 120.
El aval de la discriminación por parte del Estado se replica en un aumento de la violencia en el resto de la sociedad.
Distintas organizaciones que defienden los derechos de las diversidades, consideran que el Poder Judicial debe abordar este ataque y asesinato con perspectiva de género y como motivado por el odio hacia la identidad lésbica. También exigen que las autoridades políticas porteñas y del Poder Ejecutivo Nacional, “condenen el hecho como lesbofobia”.