A raíz de los despidos sufridos por el personal de los Equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) del Ministerio de Defensa, un grupo de 36 fiscales federales enviaron una nota al Procurador General interino de la Nación, Eduardo Casal.
“Desde hace más de una década, los Equipos han contribuido de manera determinante en la calidad del trabajo de los Fiscales en los juicios por crímenes de lesa humanidad durante el terrorismo de Estado”, señala la nota.
Los 36 fiscales impulsan las causas por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar de 1976, y agregan: “La pérdida de tal instrumento estatal redundará en desmedro irremediable para la labor judicial y, especialmente, en la de los magistrados del Ministerio Público Fiscal que intervenimos en la investigación y el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad cometidos en nuestro país”.
La carta está firmada por Pablo Ouviña, Alejandro Jorge Alagia, Josefina Minatta, Juan Murray, Adolfo Villate, Carlos Amat, Pablo Parenti, Cecilia Garzón, Diego Vigay, Martín Palazani, Dante Vega, Carlos Gonela, Leonardo Filippini, Félix Crous, Gabriela Obetko y Javier De Luca, entre otros.
La decisión de Petri
El pasado 27 de marzo, el Ministro de Defensa tomó la decisión de despedir a diez de los trece expertos que integraban los ERyA. A mediados de abril, el último trabajador que quedaba en el área también fue despedido.
Las medidas pusieron en peligro, además, el funcionamiento de la página web que contiene toda la información disponible acerca de los juicios por crímenes de lesa humanidad cometidos por el terrorismo de Estado.
Dichos equipos fueron creados en el 2010, durante la gestión de Nilda Garré, y luego de que la ex Presidenta, Cristina Fernández de Kirchner desclasificara la documentación sobre el período 1976-1983.
El trabajo de los especialistas fue clave para contribuir con las investigaciones de los crímenes, reabiertas luego del fallo Simón de la Corte Suprema, en el 2005.
La decisión de Luis Petri no es arbitraria: desde que llegó al Ministerio de Defensa, se hizo eco de los reclamos de la familia militar, siguiendo con lo prometido por Victoria Villarruel, quien tenía prometida el área, durante la campaña presidencial de Javier Milei.
Entre otras cosas, Petri miró para otro lado ante el homenaje que le rindieron al represor Horacio Losito, en Misiones.
Losito tiene tres condenas por crímenes de lesa humanidad, entre ellos torturar, secuestrar, asesinar y desaparecer bebés, y actualmente se encuentra en libertad condicional.
Desde la gestión de Garré se encuentra en vigencia una resolución que impide rendir honores a los acusados de haber participado en el terrorismo de Estado o por haber atentado contra el orden constitucional.
Quienes están en contra de la actividad de los equipos de relevamiento son, principalmente, los imputados, quienes acusan a los integrantes de los ERyA de actuar en conjunto con las querellas y ‘demonizar’, como dijo Luis Petri, a las FFAA.
El efecto
El reclamo había comenzado al conocerse los despidos, cuando el fiscal Palazzani envió un oficio a Defensa pidiendo que se preserven las pruebas. Palazzani recibió como respuesta, un llamado de atención de parte del Procurador Casal.
Sin embargo, ahora se suman a la preocupación otros 35 magistrados.
“La documentación relevada y suministrada a la Justicia por los Equipos, el aporte a su interpretación así como el de los reglamentos, las prácticas burocráticas y la operación regular de las FFAA, han sido esenciales para el desarrollo de las investigaciones, fundamentar las acusaciones y las sentencias”, dicen los fiscales en la nota.
Además, insisten en destacar “el compromiso y el profesionalismo de los integrantes en la tarea asignada todos estos años”, en respuesta a los dichos de Petri, quien aseguró que durante los 14 años de existencia de los equipos, se les conocieron solo seis informes oficiales.
Los fiscales acompañaron la nota con una extensa lista de aportes que hicieron los equipos a las distintas causas, que incluyen: el Plan Cóndor, la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), los vuelos de la muerte en Campo de Mayo, el Hogar Casa de Belén y la Contraofensiva Montonera.
En respuesta al asunto, la diputada Victoria Montenegro, presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, presentó objetciones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En los tribunales argentinos, aún no dieron recibimiento favorable a los amparos que presentaron los querellantes para impedir el desmantelamiento del área.
Al no tener herramientas para responder a las promesas con las familias de los genocidas, el Ministerio de Defensa viene poniendo especial empeño en obstaculizar las instancias judiciales que, en el marco de la ley, buscan dar el cierre justo y definitivo a las causas.
Ponerle trabas al proceso de justicia y averiguación de la verdad es una carta clave para los sectores negacionistas que posan junto a Petri para las cámaras.
La política agresiva de restringir el acceso a los archivos fue festejada por editoriales de algunos famosos diarios e implicará dificultades para controlar los ascensos y los nombramientos de retirados, tanto en el ministerio de Defensa, como en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
Tomar medidas de preservación de la documentación es urgente y fundamental para no perder información, ahora que los archivos quedaran a cargo de un ministerio militarizado y con intereses bien marcados.