Un mensaje recorre Whatsapp. “Reenviado muchas veces” dice arriba, recalcando la importancia de que esa información les llegue a todes les destinataries posibles. “Quiero invitarlos a recorrer la página web antes de que la den de baja”, reza el comunicado.
La página es Juicios de Lesa Humanidad y es el sitio informativo oficial sobre el proceso de juzgamiento de los genocidas acusados por los actos cometidos en la última dictadura militar.
Funcionaba desde hace tres años, y todo el equipo que se dedicaba a su funcionamiento (cuatro personas) fue despedido. La última notificación, decisión del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, llegó el 10 de abril.
El mensaje viral invita a recorrer la página antes de que se elimine. “La web es una herramienta que se construyó para que no olvidemos el terror que tuvo lugar en nuestra Argentina”, agrega.
A modo de vidriera de los históricos juicios, el portal muestra las estadísticas con los, hasta ahora, 1200 condenados, los accesos a las audiencias que se realizan en todo el país, y los testimonios de víctimas y testigos.
El equipo estaba compuesto por un coordinador, una editora, una persona encargada de actualizar la agenda de juicios, dos trabajadores que hacían tareas correspondientes a la carga de datos y un ilustrador.
Todes elles integran la veintena de despedides que comenzó en diciembre del año pasado y que tiene como blanco principal, las políticas públicas de memoria, verdad y justicia.
A modo de cierre, y expresando un claro deseo de resistencia, el mensaje cita a Rodolfo Walsh en su Carta a las Juntas: “Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información”.
¿Qué pasa en el Ministerio de Defensa?
A mediados de marzo, el ministro de Defensa, Luis Petri, mandó a desarmar los equipos que, desde el 2010, investigaban y reunían la información necesaria para las causas por crímenes de lesa humanidad.
Los aportes de estos equipos habían sido reconocidos por jueces y fiscales, de distintas ideologías políticas. El ministro argumentó ‘no saber’ a qué se dedicaban los equipos, y agregó que lo que sucedía era una “persecución y demonización de las Fuerzas Armadas”.
Petri olvidó informar que tales investigaciones aportaron alrededor de 170 informes a la Justicia y que el resto de los archivos está disponible de manera virtual en https://www.argentina.gob.ar/defensa/archivos-abiertos.
Actualmente, el gabinete de Petri está formado por militares retirados. Claudio Pasqualini, ex jefe del Ejército en la gestión macrista, es yerno de Athos Renés, condenado a cadena perpetua por crímenes de lesa humanidad y principal impulsor del concepto de “memoria completa” dentro del Ejército.
Pese a que Petri negó el que área de DDHH vaya a ser cerrada, argumentando que se trata de un “rediseño”, los lazos que teje el Ministerio van en una única dirección: Baños fue enviado a la Unidad 34 de Campo de Mayo para reunirse con los represores detenidos ahí, donde tuvo contacto con Julio Simón (el Turco Julián), Daniel Amelong y Mario Sandoval.
Por otro lado, en marzo, el funcionario acudió a un acto de presentación de un libro sobre el coronel Argentino del Valle Larrabure, en el Círculo Militar, y se fotografió junto a Cecilia Pando y otras esposas e hijas de condenados por crímenes de la dictadura.
Pando y compañía le reclaman a Javier Milei y a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, cumplir con sus promesas de campaña, que incluirían la liberación de los genocidas detenidos.
Invisibilizar la memoria
Cuando se dio a conocer la noticia sobre el desmantelamiento de esta área del Ministerio de Defensa, distintos fiscales y letrados se manifestaron con horror ante la decisión. Entre ellos estuvieron Ángeles Ramos, Pablo Parenti, Pablo Camuña, Miguel Palazzani y Mercedes Soiza, quienes se expresaron en contra del cierre y los despidos.
Luego, el fiscal Palazzani, a cargo de las unidades que intervienen en causas de lesa en Bahía Blanca y Neuquén, envió un oficio a Petri, pidiendo que “tenga a bien evitar cualquier acción que pueda poner en peligro al acervo documental que conforma y gestiona el Archivo de Defensa, así como cualquier otra acción que pueda afectar su correcto funcionamiento”.
Días después, Guillermo Madero, subsecretario de Planeamiento Estratégico y Política Militar, envió su respuesta a Eduardo Casal, procurador interino, a quien le remitió un oficio porque “la interlocución entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo debe ser a través de la Procuración General”.
Casal, a su vez, le llamó la atención a Palazzani con el mismo argumento utilizado por Madero y sostuvo que el fiscal partió de “fundamentos hipotéticos” para realizar su oficio. Dijo, además, que “las opiniones del Ministerio Público sobre determinada política pública las lleva adelante su despacho”.
Sin embargo, Miguel Palazzani no estaba opinando, sino pidiendo que se resguardara la documentación necesaria para el trabajo de los expertos. La Procuraduría, lejos de posicionarse institucionalmente ante el desmantelamiento del área en cuestión, lo retó.
Desde la Red Nacional de H.I.J.O.S., entre otros organismos de derechos humanos, repudiaron el accionar de Casal.