Desde esta mañana, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizó protestas en edificios públicos de todo el país en rechazo a los más de 11 mil despidos en la administración nacional y solicitó a la Confederación General del Trabajo (CGT) realizar un paro conjunto.
Además, desde las 16 se lleva a cabo un plenario nacional en el salón Eva Perón de la sede principal del sindicato, ubicado en Avenida Belgrano 2527. El mismo cuenta con la presencia de más de mil delegades de todo el país y de todos los organismos públicos.
La medida de fuerza de este miércoles se alinea con los despidos ocurridos en las últimas semanas en diversas áreas del Estado, así como con las afectaciones a trabajadores del CONICET, del SENASA, del Servicio Meteorológico y Anses, entre otras áreas.
Las protestas de ATE en edificios públicos
Este miércoles, los edificios estatales de todo el país amanecieron con operativos de seguridad para evitar el ingreso de trabajadores despedides, una acción que contó con una masiva participación y que el gobierno de Javier Milei no logró frustrar.
En el caso de Córdoba, en un video difundido en redes sociales se observó a un efectivo de la Policía Federal con un arma calibre 9 mm en la cintura, quien optó por mantener una actitud intimidante hacia les trabajadores.
La situación ocurrió en las puertas de las oficinas del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), uno de los tantos organismos nacionales en los que ATE convocó para la jornada de lucha. Al mismo tiempo, se registraron protestas en otras dependencias del Estado en la provincia.
“Los estatales logramos ingresar a la mayoría de los ministerios y organismos, ocupando nuestros puestos de empleo”, comunicó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar, quien estuvo presente durante el ingreso a la Secretaría de Trabajo en Alem 650 (CABA).
Del mismo modo, el titular de ATE agregó: “Tiene que quedar claro que hoy no termina nada, hoy empieza todo porque el Gobierno definitivamente va por la cabeza de los 70.000 contratados e intenta hacer desaparecer el Estado tal y como lo concebimos hasta este momento”.
En este sentido, Aguiar confirmó el plenario nacional que está en curso: “Tenemos que profundizar nuestro plan de lucha”, aseguró. Por lo tanto, estableció como objetivo “definir una nueva medida de fuerza general antes de que termine esta semana”.
Hace dos semanas, Milei nombró a Julio Cordero como nuevo secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, quien reemplazará en el cargo a Omar Yasín. Previo a ello, Cordero era responsable del departamento jurídico laboral en la multinacional Techint, cuyo CEO es Paolo Rocca.
Respecto al nuevo nombramiento, Aguiar expresó: “El hecho de que se haya designado como secretario de Trabajo a un gerente de recursos humanos de uno de los grupos empresarios más poderosos del país nos muestra que el Gobierno decidió tercerizar el ajuste en el Estado”.
Los reclamos frente a la amenaza de más despidos
Según informó ATE, hasta el momento se contabilizan 11 mil despidos. Sin embargo, y conforme a las políticas de ajuste del gobierno libertario, el número de despedidos podría seguir aumentando en las próximas semanas.
A ello se suma la advertencia latente del presidente Javier Milei, quien amenazó con 70 mil despidos. La semana pasada, el líder libertario habló en el foro económico IEFA Latam Forum, donde advirtió que darían de baja 70 mil contratos como parte de su objetivo de alcanzar el déficit cero.
Esta política de ajuste indiscriminado está teniendo repercusiones en todo el país y afecta a todas las áreas del empleo estatal. En tal sentido, el Secretario General de ATE Capital, Daniel Catalano, también estuvo a la cabeza de la convocatoria de “ingresos masivos” realizada por el gremio.
“En este momento estamos en Desarrollo Social, pero podría ser Educación, Economía, Trabajo, Salud, Interior o cualquier dependencia del Estado”, publicó esta mañana en la red social X.
“Vamos a resistir junto a cada compañero y compañera. Acá no se rinde nadie”, agregó.
En la misma línea, Rodolfo Aguiar también señaló en X que el Presidente “se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos”.
“Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos fundamentales de las personas, y esa es una conducta tipificada en nuestro Código Penal”, explicó el Secretario General de ATE.
Durante el fin de semana contamos más de 11.000 despidos.
— Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) April 2, 2024
El Presidente se ha decidido a quebrantar el sistema jurídico argentino en su parte medular y tanto él como sus funcionarios podrían terminar presos.
Provocar cesantías masivas en el Estado es suprimir derechos… pic.twitter.com/p7BCz6VIIs
A su vez, señaló que también se está incumpliendo con el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual “obliga al Estado a proteger el trabajo y garantizar el pleno empleo”.
Los reclamos de ATE
El miércoles 27 de marzo, antes del fin de semana largo, ATE había adelantado la medida de fuerza de hoy mediante un comunicado. Este fue enviado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, en el que se ratificaron las medidas de fuerza con paros y asambleas.
A su vez, en el documento se detallaron cada uno de los reclamos que acompañan al principal sobre los despidos en el Estado. En sintonía, señalaron que la amenaza de despedir 70 mil trabajadores revela “un total desconocimiento de la gestión” y tiene por intención “la nefasta política de intentar infundir miedo”.
“Las y los trabajadores no tienen miedo y resisten en defensa de las políticas públicas que se traducen en derechos de toda la población de nuestro país”, señalaron en respuesta a los despidos masivos desplegados en las últimas semanas.
En este sentido, los reclamos incluyen, por un lado, el cese de los despidos y la reincorporación inmediata de les trabajadores, y por otro lado, un aumento salarial que supere a la inflación. Además, solicitan el pase a planta permanente y estabilidad laboral para les trabajadores, así como el fin de las políticas de ajuste, pobreza y hambre, y el rechazo a cualquier privatización de empresas públicas.
A su vez, defienden el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y los derechos de les trabajadores jubilades. Por otro lado, rechazan el Protocolo Antipiquetes, solicitan el cese de las políticas de intimidación hacia les trabajadores estatales y piden la anulación del DNU 70-23.