El 28 de julio se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela, con Nicolás Maduro como candidato por el oficialismo. Sin embargo, la principal líder opositora está inhabilitada para ejercer cargos públicos.
Esta será la tercera vez que el actual mandatario se presente como candidato, habiendo triunfado en 2013, cuando asumió tras el fallecimiento de Hugo Chávez, y posteriormente en 2018, en unas elecciones que desencadenaron una crisis de legitimidad que se prolongó hasta 2023.
A pesar de la presencia de una gran cantidad de candidatos opositores, un total de 12, la relevancia de estas elecciones radica en un espacio con un importante caudal de votos que lo hace competitivo, aunque su candidata se encuentre inhabilitada.
Se trata de la principal figura opositora, María Corina Machado, quien obtuvo una victoria contundente en las elecciones primarias de la coalición Plataforma Unitaria Democrática (PUD) en octubre pasado, con un 92.35% de los votos.
La sanción impuesta contra Machado fue realizada por la Contraloría General de la República en junio de 2023, estableciendo un plazo de 15 años de prohibición para ocupar cargos públicos. En diciembre pasado, Machado presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el cual fue rechazado en enero.
Desde la oposición, se denuncia la violación del artículo 227 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV), que establece que el veto presidencial puede aplicarse únicamente después de una «condena mediante sentencia definitivamente firme».
La sanción, ratificada por el TSJ, se fundamentó en la acción de Machado al solicitar «la aplicación de sanciones y bloqueo económico que generaron daños en la salud venezolana».
Además, es acusada de irregularidades en su declaración jurada como exdiputada y de ser cómplice en hechos de corrupción de Juan Guaidó, ex presidente interino durante el conflicto representativo.
La candidata de Machado tampoco fue aceptada
Ante la inhabilitación de María Corina Machado, la líder de la PUD intentó designar a otra candidata en su lugar, a la espera de que se revierta de algún modo la sanción en su contra.
En este sentido, Machado publicó en X una carta que envió al Primer Ministro de Noruega, cuyo país hace de mediador para un desarrollo transparente de las elecciones.
En la carta, destacó la importancia de que «la comunidad internacional nos acompañe en el propósito de lograr elecciones presidenciales libres y justas este año».
Mientras tanto, el 22 de marzo propuso como candidata a la académica de 80 años, Corina Yoris Villasana, quien finalmente no pudo registrarse en el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) antes de la fecha límite, que fue el 25 de marzo.
En tanto, la coalición PUD, que no logró cristalizar un candidato de manera oficial, surgió como consecuencia de la inhabilitación del TSJ a la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2018.
Desde el 2021, la MUD recuperó su habilitación y volvió a ser parte del esquema electoral. En consecuencia, la coalición presentó a Edmundo González, mientras que el partido político Un Nuevo Tiempo, integrante de la MUD, presentó a Manuel Rosales, gobernador de Zulia.
Como detalle a tener en cuenta, si bien la fecha límite de postulaciones fue el 25 de marzo, los candidatos suplentes pueden ser nombrados hasta el 20 de abril, por lo que existe margen para ratificar o rectificar a los candidatos del espacio.
La crisis presidencial tras las últimas elecciones
La atención internacional vuelve a centrarse en Venezuela, tal como ocurrió durante las últimas elecciones y los años posteriores con la disputa del poder.
Las últimas elecciones presidenciales se realizaron el 20 de mayo de 2018, donde se puso en juego la gobernación del país entre 2019 y 2025. Cabe resaltar que las elecciones en julio de este año son para el período que inicia en enero próximo.
En los comicios, Nicolás Maduro se impuso en lo que fue su reelección, con el 67% de los votos contra el casi 21% de Henri Falcón. Pese a ello, el país entró en conflicto por la presunta falta de transparencia en el proceso electoral, lo cual fue cuestionado por buena parte de la comunidad internacional.
De este modo, la IV Legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela declaró a Maduro como un usurpador del poder y propuso a Juan Guaidó como presidente interino, quien incluso llegó a juramentarse en el cargo.
En respuesta, el TSJ declaró inconstitucional a la Asamblea Nacional, alegando usurpación de autoridad.
A partir de ese momento, el mundo se dividió entre quienes reconocían a Maduro por un lado y a Guaidó por el otro.
Entre quienes reconocían el triunfo de Maduro se encontraba Rusia y China como potencias aliadas destacadas mientras que Estados Unidos, la Unión Europea y casi toda América Latina reconocía la legitimidad de Guaidó.
Finalmente, finalizó el interinato reconocido por la Asamblea Nacional en este año con Maduro ejerciendo sus funciones naturales. Ahora, con nuevas elecciones a la vista, las aguas tampoco parecen calmarse.