El ajuste de shock, principal herramienta del programa de gobierno de Javier Milei, profundiza la crisis económica y social que sufre la Argentina. La tensión escala a medida que el gobierno ataca sin ruborizarse a los sectores populares.
Esta semana se pudo ver un claro ejemplo de la crueldad del ajuste, donde las personas son consideradas meros números que exceden las cuentas fiscales. En un contexto de pobreza en alza, que alcanzó el 41,7% en la segunda mitad del 2023, miles de trabajadores del Estado fueron despedides a mansalva.
En las últimas semanas, destruyeron 200 puestos de trabajo en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), 150 en la Cancillería, 70 en Aerolíneas Argentinas y Aeroparque, 670 en el Servicio Meteorológico, 1500 en ANSES, y la lista sigue.
El presidente mencionó, orgulloso de lograr el codiciado superávit fiscal, que otros 70.000 contratos están a punto de caer. Por su parte, el vocero presidencial, Manuel Adorni, se apuró a corregir que de ese total darían de baja alrededor de 15 mil empleades.
Frente a esto, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se encuentra en pie de lucha. Pero no es la única: el sector metalúrgico está tomando medidas de fuerza por conflicto salarial; el gremio de la construcción denuncia los cientos de miles de puestos de trabajos perdidos por la suspensión de la obra pública; les profesores universitaries paran en reclamo por el desfinanciamiento educativo, etc.
Son muchos los sectores golpeados por el ajuste y el gobierno continúa sin mostrar intención alguna de atender los reclamos. Es por esto que distintos gremios presionan a las centrales sindicales para que realicen cuanto antes un nuevo paro general, y que esta vez sea por tiempo indeterminado.
En el caso de la jubilación, como explicamos previamente, fue la principal variable de ajuste en los últimos meses. A pesar de que desde la Casa Rosada rechazaron esta posibilidad, terminaron por firmar un decreto para determinar una nueva fórmula de movilidad.
De esta forma, se dispuso un aumento equivalente a la inflación, sumado a una actualización compensatoria del 12,2% y un bono de $70.000. Sin embargo, días después el gobierno anunció que en abril los haberes serán depositados en dos cuotas, lo cual genera una fuerte preocupación en les jubilades.
El impacto del ajuste en los indicadores económicos
A medida que avanza la gestión de Milei, los resultados de su programa económico generan mayor angustia, sobre todo por el efecto del ajuste en el poder adquisitivo, el consumo y el sector productivo.
Esta semana se dio a conocer la evolución de los salarios según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En enero aumentaron sólo un 16,4%, frente a una inflación que superó el 20% en ese mes, lo que significa una pérdida de valor en términos reales.
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— INDEC Argentina (@INDECArgentina) March 27, 2024
El índice de salarios subió 16,4% en enero de 2024 respecto del mes previo y 181% interanual https://t.co/moYIs9XMAi pic.twitter.com/FPVMdut1hB
Por otro lado, las PyMEs se declaran en alerta por la caída del consumo y los constantes aumentos. En ese sentido, la Confederación de la Mediana Empresa (CAME) exigió al gobierno medidas para alentar las ventas y reducir los costos productivos.
Además, la apertura comercial ya comienza a perjudicar el mercado interno. Las exportaciones de carne, liberadas por Milei, crecieron un 25% interanual en febrero. El oficialismo celebró este dato, aunque su contracara sea el nivel de consumo local más bajo en 28 años y una caída del 40% en las ventas de carnicerías en lo que va del 2024.