Crédito: Somos Jujuy
El pasado 20 de marzo, el Gobierno liderado por Javier Milei anunció el lanzamiento del Programa de Asistencia «Vouchers Educativos» para auxiliar a familias cuyos hijes cursan en instituciones privadas “con una subvención estatal del 75% o más y una cuota no superior a los 54.396 pesos”.
Acorde al comunicado oficial, estas familias recibirán “el 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base (marzo 2024) para mayo, junio y julio. El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo”.
A pesar del beneficio que el programa puede significar para los sectores medios de menor poder adquisitivo, la medida causó inquietud entre las organizaciones docentes. Los gremios entienden a esta decisión del Gobierno como un doble financiamiento para los institutos privados que debilita los programas educativos nacionales y afecta los salarios docentes.
Los vouchers y la desigualdad en la inversión
Ante este nuevo escenario, son muchos los sindicatos y sectores de la comunidad educativa que expresaron su rechazo a la medida del Poder Ejecutivo Nacional. El temor que los une es que estas políticas signifiquen un avance en la privatización de la educación pública y la desinversión de la misma.
Por medio de un comunicado, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) reclamó financiamiento estatal y expresó que “el voucher educativo es la estrategia elegida por Milei para avanzar en la privatización de la educación pública”.
En este sentido, desde la Confederación señalaron: “El Estado nacional, una vez más, se propone transferir recursos públicos al sector privado”. Y agregaron que “al tiempo desfinancia a la educación pública al recortar el presupuesto educativo, suspender el envío de los fondos salariales y de los programas educativos”.
El gremio, además, destacó que “el sistema de vouchers ha fracasado en todos los países que se aplicó. Incluso en aquellos en los que se hizo con la argumentación de producir mejoras en la calidad educativa”.
Derecho a la educación estatal y privada
Por su parte, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) advirtió que los vouchers no son la solución sino que “solo atenúan las consecuencias de una política económica que pulveriza los salarios de los trabajadores”.
A través de sus canales institucionales, la entidad le reclamó al gobierno que se garantice “la protección integral del derecho a la educación para todas las familias argentinas del sistema, tanto estatal como de gestión privada”.
“Hablan de mejorar la educación, pero se la desfinancia de distintas maneras. Los docentes sufrieron una quita salarial y desconocen dónde fueron destinados esos recursos”, denunció el SADOP.
Para corregir la medida oficial, exigen que se continúen transfiriendo “los pagos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y del Compensador de Desigualdades Salariales”, entre otros compromisos que asumió el Estado nacional en favor del sistema educativo argentino.
Angélica Graciano, referente de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), se refirió al sistema de vouchers de La Libertad Avanza como un “Un modelo que no hace más que profundizar las desigualdades y destruir el derecho social a la educación pública”
Por último, la Asociación de Enseñanza Media y Superior (ADEMYS) manifestó que con la implementación del programa de asistencia “las escuelas privadas son beneficiadas con la transferencia directa e indirecta de recursos y con eximiciones de obligaciones impositivas y patronales”.
Los datos oficiales y su alcance
Con el fin de brindar más detalles acerca de la medida del Gobierno nacional, el Ministerio de Capital Humano comunicó: “Según datos provisorios de la Secretaría de Educación, el beneficio podría alcanzar a casi 2 millones de chicos que asisten a más de 6 mil escuelas en todo el país y cuyos padres tengan un ingreso familiar menor a 7 veces del Salario Mínimo Vital y Móvil”.
A su vez, se publicaron las bases para acceder a esta asistencia: “Las familias que quieran acceder al beneficio, deberán completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril, donde deberán incluir el CBU para la acreditación del dinero e informar el establecimiento educativo”.