A pocos días del Día Nacional de la Memoría, trascendieron nuevos rumores sobre un posible indulto presidencial para los genocidas de la última dictadura cívico-militar (1976-1983).
Cabe recordar que cada 24 de marzo es utilizado por organizaciones, organismo de derechos humanos, trabajadores, estudiantes y familias con el fin de conmemorar a les fallecides, desaparecides, secuestrades y torturades en dicho proceso y expresar a viva voz: “Nunca Más”.
Sin embargo, la supuesta intencionalidad del gobierno no es una sorpresa para nadie. El Día Nacional de la Memoria nos encuentra bajo el mandato del libertario Javier Milei y su vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes desde su campaña electoral han apoyado el discurso negacionista frente a la dictadura.
Esto ha escalado a niveles más graves desde la asunción de Milei, cuando el discurso negacionista encontró vía libre y la violencia hacia los organismos de derechos humanos se acrecentó. Una prueba de ello es la denuncia hecha por la Red Nacional de la Agrupación HIJOS esta mañana.
Una de sus integrantes fue “atada, golpeada, abusada sexualmente y amenazada de muerte” por dos individuos, que solamente se llevaron información de la agrupación. Al retirarse de su domicilio, dejaron pintadas en las paredes del domicilio con la sigla “VLLC”, en alusión al mensaje libertario: “viva la libertad carajo”.
Una medida que favorezca a los sentenciados por delitos contra la humanidad perpetrados en tiempos del terrorismo de Estado, podría significar un guiño para Villarruel que ha brindado en varias oportunidades su apoyo público a los represores y construyó su carrera en torno a la militancia negacionista.
Para juristas y magistrados, la provocación del Ejecutivo representa solo una fantasía jurídica. En este marco, este miércoles la Cámara Federal de Casación Penal, recordó un fallo que dictó las condenas a 19 represores, en donde dejaron claro que los delitos de lesa humanidad no pueden ser indultados.
“La concesión del indulto es incompatible con la obligación de imponer penas adecuadas”, destacó el organismo jurídico respecto a los casos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Sin embargo, no hay garantías del accionar que llevará adelante el Ejecutivo.
En Argentina, ¿se puede hacer un indulto a genocidas?
En Argentina, los tratados internacionales sobre los derechos humanos tienen el mismo valor jurídico que la Constitución Nacional. En este marco, tanto decretar un indulto como una Ley de Amnistía para personas condenadas por ordenar, ejercer, participar y encubrir crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura, sería ilegal.
Dicha medida no podría tener un aval legal, sin importar cómo se llegara a esa decisión: plebiscito, referéndum o consulta popular. Según el Estatuto de Roma dela Corte Penal Internacional, “las penas o procesos penales sobre los delitos de genocidio, de lesa humanidad y crímenes de guerra” no pueden ser “objeto de amnistía, indulto o conmutación de pena”.
Además, la posibilidad de un proyecto de ley de amnistía para presentar en el Congreso, no alcanzaría los votos necesarios en el Congreso. Sin embargo, según la Constitución Nacional, se establece en el inciso 5 del artículo 99, que un jefe de Estado está facultado para ejercer la facultad de “indultar o conmutar la penas por delitos sujetos a la jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente, excepto en los casos de acusación por la Cámara de Diputados”.
Por lo tanto, Milei podría apelar a la vía del indulto por decreto. Uno de los jueces que está frente a la Cámara de Casación, que ratificó la condena a los 19 represores, Alejandro Slokar, recordó que existen “compromisos internacionales asumidos por Argentina que poseen rango constitucional”.
En ese sentido, se refirió a la reforma de la Constitución de 1994, que estableció que los pactos internacionales firmados por el país poseen validez constitucional. Así como señaló que “existe además toda una jurisprudencia, que rechazó en 2007 la constitucionalidad de los indultos a ex militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar”.
En el último informe que realizó el relator especial de la ONU, Fabián Salvioli, respecto a la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, advirtió que “las disposiciones de amnistía y otras normas destinadas a impedir la investigación y el castigo de los responsables de graves violaciones de derechos humanos son contrarias al derecho internacional”. Además, sostuvo: “Los crímenes de lesa humanidad no deberían prescribir nunca””.
Por su parte, Andrea Pochak, comisionada electa de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló que “la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es obligatoria en nuestro país, es categórica sobre la incompatibilidad de amnistías e indultos en casos de crímenes de lesa humanidad”. Al respecto, remarcó: “Allí no hay vientos políticos que puedan generar cambios”.
Antecedentes: gobiernos de derecha
No es la primera vez en nuestro país que se pone en duda la cifra de desaparecides, ni el único intento de dejar libres a los genocidas planificadores de la dictadura que tuvo lugar en el país entre 1976 y 1983. Hace 32 años, el presidente Carlos Menem indultó a los militares Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo, Orlando Agosti y Ramón Camps, los principales responsables del genocidio que arrasó el país en aquellos años.
Sin embargo, estos no fueron los primeros indultos. Entre 1989 y 1990, el mandatario utilizó el decreto para favorecer a los condenados por violaciones de derechos humanos y negligencias en la Guerra de Malvinas. Posteriormente, la decisión fue declarada inconstitucional por la Corte, en un fallo suscrito por Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda, quienes aún forman parte del máximo tribunal.
Por otra parte, a principios del macrismo, la Corte votó a favor del falló del 2×1 para liberar a los condenados por delitos de lesa humanidad, además de instalar un nuevo discurso negacionista que cuestionaba la cifra de 30.000 desaparecides. El fallo fue apoyado por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkratz, pero no contó con la opinión positiva de la jueza Elena Highton.
Sin embargo, frente a la exigencia de los organismos de derechos humanos a los tres poderes del Estado para dar marcha atrás con esa decisión y una masiva movilización en contra de la medida, la Corte se vio obligada a retrotraer el fallo. Según juristas que llevan adelante causas por delitos de lesa humanidad, la Corte actual se parece “más a la que intentó aplicar el 2×1” a represores.
La entonces Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que volvió a su puesto con el gobierno libertario también se comprometió a buscar «una salida justa» para oficiales y suboficiales que, sostuvo, recibieron “trato inequitativo y en ocasiones inhumano” en el marco del proceso de juzgamiento por secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones.
Un nuevo fallo
Este miércoles la Cámara de Casación, a cargo de los jueves Skolar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci ratificaron las condenas impuestas a 19 represores- integrantes del V Cuerpo del Ejército, autoridades policiales y del Servicio Penitenciario Bonaerense- por crímenes cometidos en perjuicio de 105 víctimas en los centros clandestinos de detención (CCD) “La Escuelita”, el Batallón de Comunicaciones 181, Unidad Penitenciaria N° 4, Delegación de Viedma de la Policía Federal, Unidad Penitenciaria N° 9 y “la Escuelita” de Neuquén.
El fallo destacó que “el Comité contra la Tortura se ha expedido en contra de las medidas de impunidad en la Argentina y en sus precedentes ha recordado su jurisprudencia según la cual los Estados Partes tienen la obligación de sancionar a las personas consideradas responsables de la comisión de actos de tortura».
Además, los jueces señalaron que “la imposición de penas menos severas y la concesión del indulto son incompatibles con la obligación de imponer penas adecuadas». En ese sentido, remarcaron: “El castigo implica también una reparación del daño generado a las víctimas y a toda la sociedad afectada por esta clase de delitos, la construcción de memoria colectiva y una advertencia de no impunidad tendiente a evitar la repetición de crímenes de este tipo”.