El decreto 193/2024, emitido por el Gobierno nacional, redujo los aportes que recibía el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) a solo un 0,3%. Esto podría resultar en la pérdida de empleo para unas 24.000 personas, en su mayoría miembros de cooperativas, según reveló a la Agencia de Noticias Solidarias (ANSOL) Álvaro Llambi, ex director nacional de Desarrollo Sociocomunitario de la Secretaría de Integración Urbana.
El FISU es una política creada en 2019 con el propósito de llevar a cabo obras en los 5687 barrios populares que forman parte del Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP) y en lotes de servicios. Los trabajadores de cooperativas, municipios e iglesias participaban en estas obras.
Consecuencias reales de la desfinanciación
La reducción del destino de lo recaudado por el Impuesto País, que llevó a que el FISU reciba un 0,3% en vez del 9% que recibía tras el Decreto 184/2020, provoca la paralización de obras en construcción y la pérdida de puestos de trabajo debido a las obras que ya no se van a realizar.
Alejandro Gramajo, titular de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), indicó a ANSOL que «se realizaron más de 1.277 obras de integración, se construyeron 1.500 viviendas, más de 250 mil mujeres accedieron al programa Mi Pieza y se generaron 187 mil puestos de trabajo directos, entre otros aspectos que mejoraron la calidad de vida de la sociedad». Estos datos se pueden verificar en el Monitor de Obras de Integración Socio Urbana.
Por su parte, Álvaro Llambi compartió con la Agencia que de las 1.277 obras, «558 se realizaron o estaban en proceso con cooperativas, ya que estas ejecutaban mejor que los propios municipios o iglesias». Además, resaltó que «son obras mejoraron la vida de 6 millones de personas, de las cuales es importante recordar que el 90 por ciento no cuenta con gas, y un 77 por ciento no dispone de agua ni luz». También mencionó que «existen 24 mil puestos de trabajo en riesgo, la mayoría pertenecientes a cooperativas».
El ex director nacional de Desarrollo Sociocomunitario de la Secretaría de Integración Urbana detalló lo que está sucediendo: “Hay un acumulado en el FISU que alcanzó hasta febrero, pero ahora, de marzo en adelante, se desfinancia, y entonces para que las obras se terminen van a tener que poner el dinero los municipios o las provincias, porque del fondo no van a salir más”.
Llambi también habló sobre la transparencia de lo realizado frente a las distintas denuncias: «Había un triple control. En primer lugar, una inspección por parte de la Secretaría que habilitaba los tramos del financiamiento. En segundo lugar, un auditor externo por parte de la Universidad Tecnológica Nacional o colegios de arquitectos e ingenieros de cada una de las provincias. Y por último, se realizaba un control contable donde las cooperativas debían presentar todas las facturas».
Algunos ejemplos de estas consecuencias
En Pilar, Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, siete obras de urbanización en barrios populares del municipio que estaban siendo financiadas por el FISU tuvieron que interrumpirse debido a la reducción de costos. Esto pone en peligro los puestos de trabajo de 300 personas, según informó el concejal Manuel Cáceres, dirigente del Frente Patria Grande.
Una situación similar ocurre en Tafí Viejo, Tucumán, una de las ciudades más beneficiadas con este tipo de obras y una de las que mayor cantidad de planificaciones presentó. Daniela Bravo, ex secretaria de Promoción Social y Desarrollo Inclusivo en Tafí Viejo, señaló en una nota con La Gaceta que hay 309 proyectos provinciales que están en peligro. Especificó que en la calle Antonio Calpini de Tafí podrían quedar sin hacer «el pavimento completo, la última tanda de los 15 NH, 20 intra de agua, 20 intra de cloacas y la colocación de cestos de residuos».