Este miércoles se realizó la primera audiencia judicial en la que el juez federal Sebastián Casanello citó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en la causa por la implementación del protocolo antipiquetes. La misma continuará en una segunda audiencia.
La presentación del habeas corpus fue realizada por Celeste Fierro, legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST). A través de su intervención, se busca que se declare inconstitucional el protocolo que terminó con represiones en varias manifestaciones en rechazo de la Ley Ómnibus que impulsaba el Gobierno.
La demanda, presentada el pasado 18 de diciembre, atravesó distintos juzgados hasta llegar a Comodoro Py. Sin embargo, la audiencia recién se llevó a cabo hoy a las 11. Cabe destacar que el protocolo está vigente desde el 14 de diciembre.
Además, la semana pasada el juez Casanello dictó una cautelar contra el protocolo antipiquetes. En él se insta al gobierno a “adecuar la actuación de las Fuerzas Federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho”.
Desde la mañana, múltiples organizaciones políticas, sociales, sindicales, de derechos humanos y asambleas barriales se reunieron en las afueras del juzgado para expresar su rechazo al protocolo de Bullrich y realizar una radio abierta.
Bullrich defendió el protocolo antipiquetes
La jornada del día en los tribunales federales de Retiro fue testigo de la llegada de Bullrich al juzgado minutos antes de las 11, donde defendió el denominado “protocolo de orden público” que viene implementando en sus dos primeros meses de gestión.
La audiencia fue comandada por el juez Sebastián Casanello, quien estuvo acompañado por la fiscal del caso, Paloma Ochoa. También estuvieron presentes otres funcionaries del Ministerio de Seguridad y de la parte denunciante, junto a la legisladora Celeste Fierro.
La audiencia inició pasadas las 11 y se extendió hasta poco después de las 13.30, momento en el que se llamó a un cuarto intermedio para llamar a una segunda audiencia, con fecha a determinar.
Durante el encuentro, Bullrich defendió el protocolo y su presunta legalidad de aplicación, según pudo acceder Télam. Luego de ello, se analizó el articulado del protocolo, y se citó el concepto de “flagrancia”, con preguntas del juez y la fiscal a las partes.
Tras reivindicar la represión como parte de su gobierno, la ministra de Seguridad abandonó la audiencia a mitad de camino para dirigirse a la Casa Rosada, desde donde ofreció una conferencia de prensa.
Por su parte, Celeste Fierro realizó una conferencia de prensa antes de ingresar a la Sala de Audiencias, en la cual celebró la decisión de Casanello en citar a las partes. A su vez, destacó que, si bien el juez no suspendió el protocolo, sí había solicitado que se adecúe a derecho.
Además, la denunciante afirmó que Bullrich “se arroga facultades”, y que quienes deben hacerse cargo de determinar qué constituye un delito son las leyes, no el Poder Ejecutivo. “Interpretarlo es tarea de la justicia y no del Poder Ejecutivo”, señaló Fierro.
Para concluir, agregó que el protocolo no es más que un intento por lograr “un cambio de régimen por uno más autoritario y totalitario que quiere avanzar directamente contra nuestros derechos”.
Otra denuncia contra las agresiones de Milei
En las afueras del juzgado también estuvieron presentes algunos dirigentes y políticos como Eduardo Belliboni, del Polo Obrero, Gabriel Solano y Romina del Pla, diputades del FIT, quienes se sumaron al repudio del protocolo antipiquetes del Gobierno.
Durante el transcurso del mediodía, Belliboni tomó el micrófono y anunció que irá contra el Presidente de la Nación: “Mañana presentaremos la denuncia contra Milei por intimidación pública contra mí y contra diputados, sindicalistas y gobernadores”.
Las palabras fueron en referencia a una imagen que reposteó el propio Milei, donde aparece como “Terminator” e incluye a otros sindicalistas: “Belliboni, detectado. Sindicalista, detectado. Gobernador, detectado. Diputado, detectado”, indica la imagen.
En cuanto al protocolo, el líder del Polo Obrero afirmó que existe “una intención de desarmar las organizaciones del pueblo”, mientras que el diputado Solano dijo que “si la justicia actuara como corresponde, apegada a la ley y a la Constitución, deberían declararlo ilegal”.
Por último, Del Pla exigió que Bullrich diera una explicación sobre por qué atacó a periodistas, causando heridas a 35 de ellos, así como a las personas que se encontraban movilizadas en la plaza de los dos Congresos, según declaraciones a Prensa Obrera.