Este miércoles, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, deberá presentarse ante la Justicia para dar explicaciones sobre el Protocolo Antiprotesta que ha enfrentado a manifestantes y fuerzas de seguridad durante las últimas semanas. En el marco de una denuncia impulsada por la diputada de CABA por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, que representó un recurso de impugnación y un pedido de inconstitucionalidad, el juez federal Sebastián Casanello convocó a Bullrich y al Ministerio a una audiencia de carácter Habeas Corpus en Comodoro Py.
Desde diciembre, con la asunción de Bullrich y la activación del protocolo antipiquetes, la violencia de las fuerzas de seguridad en las calles aumentó sin escalas. La semana pasada con el debate de la Ley Ómnibus, un conjunto de organizaciones sociales, trabajadores, jubilades y jóvenes se manifestaron frente a las puertas del Congreso. Sin embargo, el clima de represión y violencia impulsado por la fuerza policial federal dejó más de 25 personas detenidas, entre manifestantes y trabajadores de prensa.
La ministra de seguridad y sus funcionaries deberán dar explicaciones sobre la creación del protocolo y su constitucionalidad, mientras el juez evalúa la suspensión del mismo. Si bien todavía se está debatiendo la impugnación y la declaración de inconstitucionalidad, Fierro conversó con Nota Al Pie y remarcó que al menos la audiencia representa un “paso positivo” ya que muestra que “efectivamente la actuación de las fuerzas represivas del Estado comandadas por Bullrich no responden ni a la Constitución Nacional, ni a los tratados y convenios internacionales”.
Puntos claves del Protocolo de Bullrich
Entre los puntos claves del Protocolo, se destaca la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales “frente a cortes totales o parciales de tránsito o medios de transporte” como las vías de los trenes, con jurisdicción en territorios provinciales y la Ciudad de Buenos Aires, sin necesidad de una orden judiciales que habilite el accionar de las fuerzas de seguridad.
En este contexto, frente a bloqueos al tránsito de personas o medios de transporte, cortes parciales o totales de rutas nacionales y otras vías “debe entenderse cualquier concentración de personas o colocación de vallas que disminuyan el ancho de las calles, rutas o avenidas”. Mientras la intervención de las fuerzas policiales y de seguridad apuntará a “despejar los accesos, hasta dejar totalmente liberado el espacio”. En los procedimientos, les efectives “emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente” con la utilización de “armas no letales”, aunque la fuerza será «graduada en proporción a la resistencia opuesta por los manifestantes”.
Por otro lado, les “autores, cómplices e instigadores” de los cortes y protestas deberán ser identificados, así como los vehículos en los que llegan les manifestantes. “Los datos de los autores, cómplices, instigadores y organizadores” de las protestas “registrados por las fuerzas de seguridad”, tanto de organizaciones formales o informales, gremios o partidos políticos, serán “remitidos al Ministerio de Seguridad”, establece el protocolo.
Pedido de inconstitucionalidad
La legisladora porteña en representación del bloque de legisladores del MST- FITU presentó la acción judicial en contra del protocolo de Bullrich el pasado 18 de diciembre. Tras más de cincuenta días y ocho juzgados diferentes que terminaron en resoluciones de incompetencia, el juez Casanello tomó la causa y rápidamente solicitó información tanto al Ministerio de Seguridad como a la ministra.
Ahora, Casanello le dio al Ministerio de Seguridad 72 horas para la entrega de un informe detallado que justifique con qué fundamentos jurídicos se creó la norma, si hubo dictámenes previos de áreas especializadas y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas. Además, el juez quiere saber “si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos” y si ya hubo denuncias por la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales.
No obstante, al tener respuesta insuficiente, resolvió convocar a una audiencia en carácter de Habeas Corpus junto a las partes que iniciaron la causa y la fiscal. A partir de la resolución, Casanello “exhorta a Bullrich y al Ministerio a que las fuerzas de seguridad adecuen su actuación de acuerdo a la Constitución”, explicó Ferro. Además, la resolución plantea que deben informar cada actuación de las fuerzas frente a la Justicia.
Por otro lado, deben adecuarse y responder a las críticas realizadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Tres relatores especiales del Comité de Derechos Humanos de la ONU plantearon que este protocolo es ilegal, ya que una manifestación o una reunión no es un delito”, denunció la legisladora porteña.
Además, Fierro destacó un punto importante de la resolución del juez: “Como el protocolo entiende la protesta social como un delito, ratifica que los delitos solamente son los contemplados en términos de las leyes que se votan en el Congreso, y lo termina definiendo la justicia y no el Poder Ejecutivo”.
Este miércoles a partir de las 10 horas, Fierro denunciará la ilegalidad del protocolo represivo frente a las puertas de Comodoro Py. La jornada continuará con una concentración con radio abierta, desde las 11 horas, de la que participarán organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, ambientales, de la cultura y asambleas barriales. En aquel acto, buscarán presionar por la suspensión e inconstitucionalidad del protocolo de Bullrich.
Por otro lado, como respuesta a las acciones judiciales, este lunes Bullrich pidió a la Fiscalía convencional y de faltas 17 que identifique a “organizaciones y responsables” de las manifestaciones frente al Congreso en contra de la Ley Ómnibus de los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada, con el objetivo de exigirles “solventar los costos del operativo desplegado por las fuerzas federales”. A partir de sus redes sociales, la ministra aseguró que los gastos totales de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA fueron de 134.486.038,09 pesos.