El Juzgado Criminal y Correccional Federal nº7 dictó este martes una medida cautelar contra el “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” implementado por la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich.
El documento exhortó a dicha cartera a «adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho» y le pidió sujetarse «al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal».
Además, el magistrado federal Sebastían Casanello llamó a respetar las normas y tratados internacionales de derechos humanos, “explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”.
La justicia pone límites al protocolo de Milei
La actuación del juez es en respuesta a la acción de “inconstitucionalidad” (referida al protocolo) presentada por la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) Celeste Fierro el 18 de diciembre pasado. La solicitante sostiene que la prohibición de cortar calles y rutas durante protestas «amenaza derechos políticos».
Como consecuencia de esta presentación, Casanello pidió recientemente al Ministerio de Seguridad un informe que detalle los «fundamentos jurídicos» del protocolo en cuestión y «si fueron consultadas» la Secretaría de Derechos Humanos, organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil.
Una vez recibido el informe, el juez federal comunicó en su escrito que «El Ministerio de Seguridad explicó cómo arribó al dictado de la resolución impugnada y sus fundamentos”. “De su respuesta surge que no fueron consultados otros organismos del Estado, organizaciones de la sociedad civil ni organismos internacionales», sostuvo el funcionario.
Respecto de la adecuación del Protocolo a las leyes internacionales que protegen los derechos humanos, el magistrado agregó que «se hizo una genérica invocación de instrumentos y documentos».
A su vez, subrayó que «la libre circulación convive con el ejercicio de otras libertades y derechos civiles y políticos, como la libre expresión, asociación y reunión, y el derecho de peticionar y, particularmente, criticar a las autoridades».
«Estos últimos derechos tienen un valor especial dentro del sistema democrático. Al estar más cerca del nervio democrático de la Constitución merecen especial protección», destacó el juez federal Sebastián Casanello.
Por la protección de libertades y derechos civiles
«Frente a este escenario, están dadas las condiciones para dictar una medida de naturaleza cautelar -y tutelar- que actúe como paraguas de protección de los derechos y libertades democráticas fundamentales», confirmó Casanello, al tiempo advirtió que «la decisión no tendrá, al menos de momento, el alcance pretendido en la demanda» de declaración de inconstitucionalidad.
Asimismo, instó a la cartera de seguridad nacional a que se «instruya a las fuerzas policiales y de seguridad federales a que, en el marco de su actividad preventora, anoticien y eleven consulta, de modo inmediato, a las autoridades judiciales, de conformidad a lo establecido por las leyes procesales».
ATE e H.I.J.O.S. denuncian penalmente a Patricia Bullrich
Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE Capital) junto a la agrupación H.I.J.O.S. Capital tenía previsto para este miércoles, la presentación de “una denuncia penal por abuso de autoridad y los delitos que pudieran derivar de la represión cometida en los días de tratamiento de la fallida Ley De Bases”.
“Desde ATE Capital e H.I.J.O.S. Capital consideramos que la represión indiscriminada y desmedida es criminal, por eso hoy a las 13 horas realizaremos formalmente una denuncia en los Tribunales de Comodoro Py”, difundieron por medio de un comunicado de prensa.
El Secretario General de ATE filial Capital, Daniel Catalano aseguró que «Desde el campo popular no vamos a abandonar la lucha ni dejar de apoyar a los diputados que defienden nuestros derechos”.
“Tampoco vamos a dejar de denunciar la violencia institucional, la represión y la violencia política dentro y fuera del parlamento, como tampoco vamos a tolerar que se quiera tapar la realidad con la represión a trabajadores/as de la comunicación.», añadió.
Charly Pisoni, referente de H.J.O.S. en Ciudad de Buenos Aires sostuvo que «Como organismo de derechos humanos vamos a seguir defendiendo la democracia y la plena vigencia de las garantías y derechos constitucionales. No vamos a permitir que se avance con el protocolo represivo de Bullrich y Milei”.