Se cumple un mes desde que la provincia de Jujuy vive en un clima tenso tras la decisión de la Justicia de detener al docente universitario, Nahuel Morandini, y al trabajador independiente, Roque Villegas. El motivo de la detención fue que ambos tuitearon en contra del ex gobernador, Gerardo Morales, y su esposa.
Ahora, una delegación de derechos humanos (DDHH) viajó a la provincia para acompañarlos y ser parte de la causa. La llegada se da luego de múltiples denuncias de irregularidades en la imputación y en el dictado de prisión preventiva, así como en las acusaciones sin pruebas contundentes.
La delegación, conformada por referentes nacionales de DDHH y de la docencia universitaria, se presentará frente al Tribunal como Amicus Curiae -amigos del tribunal- para intervenir en la causa en defensa de los presos políticos. Además, solicitará audiencias para reunirse con las autoridades judiciales y con el Ejecutivo provincial, que en la actualidad está a cargo de Carlos Sadir, el predecesor radical de Morales.
La comitiva que se presentará frente a la justicia jujeña estará integrada por algunes integrantes de la “Coordinadora Nacional por la libertad de Nahuel y Roque”. La misma se conformó desde el momento de las detenciones para acompañar a sus familias y amigues, además de exigir su liberación y desprocesamiento.
En tanto, el Amicus Curiae se suma a dos informes presentados por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación de Pensamiento Penal, que solicitaron la libertad inmediata de los detenidos y el cierre y archivo de la causa frente a la inexistencia de delito.
Presos por tuitear
El 6 de enero Morandini y Villegas fueron detenidos por orden del juez de Control, Roberto Assef, y obligados a cumplir una prisión preventiva por 60 días invocando una “posible obstrucción de la investigación” en la Unidad Penal 1 de Villa Gorriti, en la ciudad de San Salvador. Si bien la defensa de los acusados solicitó arresto domiciliario, el magistrado rechazó el pedido.
Por su parte, el fiscal penal Walter Rondón los acusó por los delitos de daños y de supresión y suposición del estado civil y de la identidad por referirse a la vida privada del ex gobernador y su esposa, Tulia Snopek, en sus cuentas de X. Según detallaron fuentes vinculadas a los imputados, “las pruebas de imputación son únicamente un posteo en la red social X en el caso de Morandini y la difusión de un flyer en redes sociales por parte de Villegas”.
A su vez, el 23 de enero, el juez de control -en la causa desde 16 de dicho mes-, Pablo Pullen Llermanos, presentó una cautelar que prohíbe a los detenidos y sus allegades hacer referencia a Morales, incluso al cargo que ocupó, y su familia. También amplió la denuncia bajo la acusación de violencia psicológica en un contexto de violencia de género.
Libertad para los presos políticos
Desde la Coordinadora Nacional por la Libertad de Nahuel Morandini denunciaron que la resolución de Pullen Llermanos vulnera los artículos 13 y 14 de la Convención Americana de Derechos Humanos en un acto de censura. Así como negaron la violencia psicológica que argumentó el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy y ratificaron que “denunciar las injusticias y arbitrariedades es un derecho fundamental que tenemos todos en una sociedad democrática”.
La Coordinadora está conformada por distintas organizaciones sociales y de derechos humanos. Algunas de ellas son el CELS, el Servicio de Paz y Justicia (SERPAJ), la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), la CONADU Histórica, CTA Autónoma, Asociación de Docentes Universitarios de La Plata, la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad de Salta.
Desde el CELS, quienes forman parte de la comitiva que arribará a Jujuy, también apuntaron contra el procedimiento que lleva adelante el Ministerio Público de la Acusación provincial. El organismo denunció que “no sólo se impulsó una investigación penal, sino que además se solicitó la prisión preventiva sin demostrar la existencia de riesgos procesales lo que implica, lisa y llanamente, una violación al principio de inocencia”.
En esa línea, criticó la práctica que el juez Assef y el fiscal Rondón llevaron a cabo. Por un lado, por ser “violatoria del derecho de defensa en tanto no está imputando hechos concretos que encuadren en tipos penales determinados”. Pero además manifestaron que “se trata de un uso abusivo del derecho penal con fines meramente persecutorios y disciplinantes, lo que constituye una violación de derechos fundamentales”.
Por último, el abogado defensor de Roque Villegas, Adrián Iconomovich, adelantó que planteará la nulidad del proceso “por falta de acción penal”. También aseguró que el procedimiento que se inició por la denuncia de la esposa de Morales violó “la legítima defensa, el juez natural y el debido proceso”.