Créditos: Diseño Nota al Pie.
El Congreso es, hace algunos días, el epicentro de la discusión política argentina. Oficialistas, opositores y negociadores tratan el contenido de la Ley Ómnibus, un vasto proyecto que busca sentar las bases para el programa económico de Javier Milei.
Sin embargo, la demora en el avance de la iniciativa significó el primer revés político para la gestión libertaria. El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que salir a anunciar la eliminación del capítulo fiscal de la ley que incluía, entre otras reformas, el aumento de retenciones y recortes en el sistema de jubilaciones.
La política fiscal es la base del plan económico del gobierno, que tiene el objetivo de reducir drásticamente el gasto público. Es por esto que, postergada la aprobación de la ley, buscará implementar el ajuste por otros medios.
Esto significa que el mes de febrero, luego de un primer mes de gestión con 25,5% de inflación, también estará caracterizado por los aumentos en diversos rubros. Estos efectos del brutal ajuste mileísta afectan directamente a la clase media y las clases populares, quienes no pueden soportar un mayor deterioro de sus ingresos.
Los próximos incrementos
Combustible:
Este 1 de febrero finaliza la prórroga del Impuesto a los combustibles, dispuesta el noviembre pasado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa. Ahora, el gobierno debe determinar el monto de aumento del litro de nafta en función del impacto del tributo.
Según las estimaciones, el porcentaje podría llegar al 25%. Esto se suma al 100% de incremento reflejado en los surtidores de combustibles desde que asumió el gobierno de La Libertad Avanza (LLA), en respuesta a las políticas de desregulación de los precios.
Tarifas de energía:
Para avanzar con un nuevo “tarifazo” en las boletas de energía eléctrica, el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad) convocó a una audiencia pública, donde las empresas distribuidoras exigen un aumento del 89% en la mayoría de las facturas, y un 140% en los sectores de mayor consumo.
Dichas empresas, como Edenor y Edesur, sostienen que con el nivel tarifario actual las empresas no pueden afrontar sus costos operativos y laborales. Esta situación se verá agravada si se avanza con el plan de quita de subsidios de la Secretaría de Energía, y de todas formas el incremento será trasladado a les usuaries.
En este sentido, el gobierno decidió postergar los aumentos en la tarifa de gas, atento a que el tarifazo podría impulsar fuertemente la cifra de inflación.
Transporte público:
El gobierno de Milei propuso que, a partir de este mes, el boleto mínimo de colectivo pase de $76,92 a $270 y hasta $430 para usuaries sin tarjeta SUBE registrada. En el caso de los trenes, los boletos de primera sección costarían $130, los de segunda sección $169 y $208 en la tercera. El valor con SUBE sin registrar sería el doble.
Lo cierto es que el aumento de los boletos está sobre la mesa en parte por la exigencia de las empresas de transporte, en parte por la intención del gobierno nacional de eliminar subsidios.
Ya sea que las empresas puedan subir los valores para cubrir los costos operativos o que el gobierno decida quitar los recursos que destina a las empresas, les trabajadores que usan el transporte público a diario deberán pagar un mayor valor o enfrentar un servicio deficiente.
Sin embargo, el incremento está ahora en suspenso debido a una medida judicial. El intendente del municipio bonaerense de Esteban Echeverría, Fernando Gray, solicitó un recurso de amparo debido a irregularidades en la convocatoria a audiencia pública.
Al respecto, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 3 de Lomas de Zamora comunicó que “no resulta atinente realizar la consulta pública mediante un sistema al que no todos los usuarios tienen acceso y que a su vez, contiene fallas tecnológicas, impidiendo el cumplimiento de su finalidad, de modo que los ciudadanos que deseen participar puedan dar su opinión”.
Otros aumentos inminentes
Créditos: Diario Con Vos.
La principal preocupación de les argentines es la inflación en los alimentos, que se disparó al 48% en el primer mes de gobierno de Milei, según los relevamientos del ISEPCi (Instituto de Investigación Social, Económica y Política). Este rubro es uno de los principales afectados por las políticas de desregulación del comercio.
Sumado a esto, las empresas de medicina prepaga (que tienen libertad absoluta para subir sus precios) preparan aumentos de hasta 29% de las cuotas. Mientras tanto, los servicios de telefonía, Internet y cable anunciaron actualizaciones de 25% en sus precios.