En la última semana, dos funcionarios del Gobierno mencionaron la posibilidad de derogar la Ley 27.610, la cual establece la interrupción legal, segura y gratuita del embarazo en todo el país. Los dichos del procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, y del vocero presidencial, Manuel Adorni, van de la mano con la declaración, mediante el Decreto 55/2024, del año 2024 como el “Año de la Defensa de la Vida, de la Libertad y la Propiedad”.
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— #EsLey #SeguimosEnCampaña💚 (@CampAbortoLegal) January 27, 2024
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Repudiamos las provocaciones y argumentos falaces e hipócritas de R. Barra que desconoce el derecho al aborto como una cuestión de derechos humanos, de salud pública y de justicia social. pic.twitter.com/O3e5DbDsJN
La posición del Gobierno
Recientemente, Barra publicó una nota de opinión en la que manifestó su “fundada esperanza” de que este año se dé marcha atrás con la ley que legaliza el aborto. Dicho artículo, además, está firmado por Eduardo Menem, padre del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
“En la República Argentina se matan a alrededor de 100.000 niños por año como consecuencia de la práctica del aborto autorizado (y hasta fomentado) por la ley 27.610”, sostiene el escrito. Además, agregó que “lo que en realidad se interrumpe es la vida de un ser humano durante el embarazo de la madre”.
Cabe recordar que, al ser el procurador del Tesoro, Barra representa al Estado argentino en cuestiones legales. Años atrás, fue ministro de Justicia del gabinete de Carlos Menem, pero renunció a su cargo acorralado por las denuncias sobre su pasado nazi.
Sin embargo, Barra no es la excepción dentro del gobierno, sino que ser antiaborto es la regla. Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, dijo en conferencia en Casa Rosada que la revisión de la ley es algo que “en algún momento” el oficialismo instalará y abrió la puerta para una eventual derogación.
Su postura está en sintonía con lo dicho por el presidente, Javier Milei, días atrás, en Davos. Allí el propio presidente apuntó contra “la agenda sangrienta del aborto”. A su vez, sus dichos van de la mano con la postura antiabortista de la vice, Victoria Villarruel, y muchos integrantes del espacio de ambos, como el diputado Benegas Lynch.
La historia hacia el aborto legal
Tras la lucha de cientos de años, en 2005 se formó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito; ya entonces aseguraban que la legalización del aborto era “la deuda de la democracia”. La Campaña presentó distintos proyectos que nunca llegaron a debatirse, hasta 2018, donde hubo un debate que duró meses e incluyó audiencias públicas en las que participaron más de 800 voces a favor y en contra.
Sin embargo, el proyecto fue aprobado en la Cámara de Diputados, pero no tuvo el apoyo del Senado. En 2020 se volvió a plantear el tema, con un proyecto presentado desde el Poder Ejecutivo. El debate fue breve, porque se había logrado el consenso político necesario.
Así, el 30 de diciembre se aprobó la Ley 27.610. La norma establece que las personas gestantes tienen derecho a interrumpir su embarazo hasta la semana catorce, inclusive, sin tener que explicar los motivos de su decisión. También contempla casos donde el embarazo es resultado de una violación o si está en peligro su vida. Asimismo, todas las personas tienen derecho a la atención post aborto más allá de si el mismo se produjo o no en las situaciones previstas por la ley, y al acceso a métodos anticonceptivos.
Tras los dichos de los funcionarios, desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal aseguraron que “Milei intenta volver a criminalizar el aborto y limitar la autonomía de decisión sobre nuestros propios cuerpos”. Además, agregaron: “Nosotras y nosotres estamos decidides a no retroceder ni un solo paso en materia de derechos conquistados”.
Por su parte, en diálogo con Página 12, Liliana Hendel, secretaria de Mujeres, Políticas de Género y Diversidades de La Matanza, advirtió que este podría ser un primer paso para ir contra los feminismos. “Después de la ley del aborto viene la identidad de género, el matrimonio igualitario, todo lo que construimos en estos 40 años y ha sido tan importante», expresó.
El recorrido desde su despenalización
Según el informe “Es mucho más que un aborto”, publicado a fines de 2023 por la Proyecto Mirar y el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES), desde la aprobación de la ley hasta octubre de 2023 se realizaron 245.015 abortos seguros y legales en instituciones públicas de salud.
Además, entre 2021 y julio de 2023, la línea de atención telefónica gratuita 0800-222-3444, sobre salud sexual, atendió 40.563 consultas. Dentro de esas llamadas, el informe indica que 9 de cada 10 fueron sobre aborto.
Entre 2020 y 2021 las muertes maternas por aborto se redujeron el 56%. Y desde la aprobación de la ley, además, los laboratorios públicos de las provincias de Santa Fe, San Luis y Río Negro empezaron a producir medicamentos para garantizar las prácticas.
El aborto en Latinoamérica
Si se mira lo sucedido en países vecinos, se puede observar que el aborto no es un “invento argentino”. En toda América la discusión por el derecho a decidir ha llegado a los tribunales y las legislaturas de cada país.
Otros países de la región han tenido avances en temas de salud sexual, Uruguay fue pionero en la despenalización del aborto en 2012 permitiendo la interrupción del embarazo por decisión de la persona gestante hasta la semana 12 de gestación. En 2022, Colombia despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación sin ningún tipo de requisito o condición.
Chile, en cambio, tiene ciertas restricciones. Allí interruoir un embarazo no es delito por tres causales: peligro para la vida de la mujer, inviabilidad fetal de carácter letal y cuando el embarazo es producto de una violación.
La lucha de los feminismos también llegó a México, donde en septiembre de 2023 la Suprema Corte despenalizó el aborto a nivel federal. En Brasil, en cambio, la interrupción voluntaria del embarazo es completamente ilegal según el Código Penal.