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Tras las mesas de negociaciones, múltiples rechazos en las exposiciones y dificultades en alcanzar el número para aprobar el dictamen, el Ejecutivo presidido por Javier Milei envió un nuevo proyecto de Ley Ómnibus al Congreso con cambios en el texto y la eliminación de más de 100 artículos. El nuevo boceto modifica los puntos de retenciones a las economías regionales, la movilidad previsional, la privatización de YPF, la delegación de facultades extraordinarias y la reducción de emergencias, entre otros.
Desde el bloque de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda consideraron que el nuevo proyecto es un “engaño”, ya que con las facultades extraordinarias al menos por un año Milei podría tomar definiciones por fuera de la megaley, aunque el texto sea modificado. Mientras que la oposición dialoguista tampoco se conforma con los cambios.
El gobierno buscó acelerar las negociaciones con el objetivo de cerrar el dictamen en las próximas horas para votar la iniciativa el jueves, luego del paro general del miércoles 24 convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). En principio la intención de Milei fue adelantar la votación previo al paro, sin embargo, no obtuvo el consenso necesario.
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Cuáles son las modificaciones del nuevo proyecto de la megaley
El nuevo texto del proyecto de Ley Ómnibus que presentó el gobierno de Milei frente a la Legislatura elimina 141 artículos del texto, pasando de 664 artículos a 523. El ejecutivo aceptó algunos de los pedidos de la oposición dialoguista conformada por la UCR, PRO, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
Entre los puntos más discutidos a lo largo de estas semanas de negociaciones que se modificaron en este segundo proyecto se encuentra el ajuste de las jubilaciones. A partir del nuevo texto queda establecido que hasta abril se mantendrá la fórmula previsional actual y a partir del cuarto mes del año se ajustará por IPC.
Respecto a las economías regionales, una de las principales preocupaciones de les gobernadores, el proyecto deja en 0% el tributo, descartando el 8% o 15% que proponía inicialmente. Sin embargo, el gobierno decidió no escuchar el fuerte reclamo de les jefes de Estado respecto a la suba en la carne, maíz y soja, por lo que se mantiene la suba de retenciones en aquellos productos.
En cuanto a las privatizaciones, de las 41 empresas que proponía el texto anterior, YPF fue eliminada y el Estado deberá tener en su poder tres empresas públicas: Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT. Con estas tres compañías solamente se podrá avanzar con una “privatización parcial”.
Aunque les opositores dialoguistas pretenden que se elimine la nómina entera ya que no votarán “un parque de empresas a privatizar”, aseguraron desde los bloques opositores. Además, se rediseña el capítulo de Cultura, donde no se propicia el cierre del Fondo Nacional de las Artes y se mantienen los fondos para el INCAA.
En torno a otro de los aspectos más conflictivos, el blanqueo de capitales, se definió que los ingresos que genere se “utilizarán para capitalizar al Banco Central”, por lo que no será coparticipable como establecía el proyecto original. El Ejecutivo además agregó como “sujetos excluidos” a quienes se hayan desempeñado como funcionarios en los últimos cinco años. En contrapartida, dispuso un “beneficio para contribuyentes cumplidores”, es decir que quienes hayan cumplido en tiempo y forma con sus obligaciones fiscales sobre Bienes Personales durante el período de 2020 a 2022, se les otorgará una reducción del 0,25% en las alícuotas de los próximos tres años.
Puntos a medias
Por otro lado, se eliminó la emergencia en materia social y de defensa así como se redujo el plazo, que en el texto original contemplaba dos años y una prórroga automática de otros dos, a un año con posibilidad de prórroga por un año más en caso de que sea aprobada por el Congreso. El texto original planteaba la declaración de 11 emergencias: económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social. De las cuales nueve continúan vigentes en el texto actual.
Además, muchos de los puntos que quedaron excluidos serán tratados a partir del 1 de marzo con el comienzo de las sesiones ordinarias. Entre estos se encuentran los temas de salud mental, los cambios en la ley de sociedades, el traspaso de la Justicia nacional a la ciudad, las modificaciones al Código Civil, Penal y Comercial, así como la reforma electoral: las secciones uninominales, la eliminación de las PASO y el régimen de los partidos políticos.
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Posición del gobierno
Respecto a los cambios realizados en el nuevo texto, desde el Ejecutivo consideraron que “el resultado es un proyecto que incorpora gran parte del debate público, pero que mantiene las bases fundamentales de ampliación de libertades, la libertad económica, la reorganización administrativa, el equilibrio presupuestario, la desregulación económica, el fortalecimiento de la educación y la cultura, seguridad y, finalmente, una mejora en el funcionamiento de la Justicia”.
En este marco, desde el gobierno calificaron como una “sorpresa” que la oposición pidiera dejar entre los temas pendientes para las sesiones ordinarias el juicio por jurados, dado que se basó en propuestas de legisladores “de los bloques del PRO, UCR, Unión por la Patria, entre otros”. E insistieron con que será una propuesta que llevarán a las sesiones desde el 1 de marzo.
La oposición dialoguista
Las modificaciones en la megaley de Milei no termina de convencer a la oposición dialoguista. Los bloques del PRO, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la UCR se reunieron para analizar el nuevo texto enviado por el gobierno al Congreso. Entre las conclusiones del encuentro, sostuvieron que no pueden acompañar las retenciones a las exportaciones, la lista de privatizaciones empresas estatales, la nueva movilidad jubilatoria y el futuro incierto del Fondo de Garantías de Sustentabilidad de la Anses.
Además, les diputades radicales coincidieron con la insatisfacción frente a la respuesta del Ejecutivo, por lo que hubo diferentes estrategias. Por un lado, una parte de la UCR, junto a HCF e Innovación Federal, se inclinaron por comenzar a redactar un dictamen propio. Mientras que otro sector aún busca generar acuerdos con el Gobierno y no descartan acompañar el dictamen del oficialismo. Sin embargo, hubo consenso respecto a dar quórum cuando el oficialismo convoque a sesionar. Por su parte, el PRO también encontró fracciones en su postura aunque primó la decisión de acompañar las propuestas de Milei.
La oposición peronista y de izquierda
Desde Unión por la Patria, el presidente del bloque de Diputados, Germán Martínez, denunció que el nuevo texto, presentado por La Libertad Avanza tras las negociaciones con la oposición derechista, “es un engaño” que todavía «genera súper poderes para Milei» para que ejecute gracias a esas facultades todo lo «cedido».
Al respecto, el diputado peronista sostuvo: “A todo lo que supuestamente ‘renuncia’ el oficialismo en la nueva versión de la ley ómnibus, Milei lo puede hacer al otro día de aprobada la ley por el margen de facultades discrecionales que le van a delegar los que la aprueben”. Además, insistió en que “el nuevo borrador de la ley ómnibus no mejora ninguno de los 5 temas que son el núcleo neurálgico del proyecto”, sino que los “empeora”, refiriéndose a “la delegación de facultades, jubilaciones, derechos de exportación, deuda, privatizaciones, provincias”.
Así como desde el bloque del Frente de Izquierda Trabajadora, el diputado Nicolás del Caño aseguró que con el nuevo proyecto “están intentando consensuar una norma que les permita garantizar un ajuste salvaje aunque parte del mismo deba pasar hacia los meses venideros y ser tratado en sesiones ordinarias”. Al respecto indicó que “Milei congeló las jubilaciones en su primer mes de gobierno con un 25% de inflación”, en este marco, “la nueva redacción del proyecto plantea continuar con la fórmula actual hasta marzo, es decir una rebaja mayor de las jubilaciones”. Para del Caño, “plantear la actualización por IPC a partir de abril, es un robo”.