Desde hace algún tiempo que la Argentina atraviesa una emergencia económica que el último Gobierno ni siquiera pudo disimular. Por la gestión de Mauricio Macri y la toma de deuda, por la pandemia, por la sequía y por falta de decisión política, en los últimos años los ricos se hicieron más ricos y los pobres cada vez más pobres.
Ante ese escenario que profundizó la desigualdad social y el resentimiento con la política, la gran mayoría eligió por vía democrática un presidente que ya dejó en claro que no seguirá las vías de tal sistema. Una paradoja sin precedentes y, sobre todo, un peligro para la República.
Ignorando las facultades del Poder Legislativo, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Javier Milei presentó hace algunos días entrará en vigor este viernes 29 con más 300 reformas y derogaciones de leyes. Su tratamiento no fue incluido de manera directa en el temario de Sesiones Extraordinarias del Congreso, aunque la Bicameral en formación lo va a analizar. También, en una especia de paradoja legal, se pide en el megaproyecto llamado Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos que se apruebe el mismo DNU 70/2023.
Desde entonces, se dará vía libre a una política de shock que potenciará el ajuste, a los mercados, las privatizaciones, al desguace de la industria nacional y a la supresión de derechos laborales y previsionales, entre otros.
Frente a esa situación, miles de personas se agruparon en el Congreso de la Nación para exigir un freno al mega decreto y, rápidamente, el accionar se replicó en otras ciudades del país. Además, este miércoles la Confederación General del Trabajo (CGT) junto a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y organizaciones sociales realizaron una concentración en repudio a este documento.
Mientras tanto, por vía judicial también se llevaron adelante medidas y, hasta el momento, el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal ya recibió 13 amparos contra el DNU 70/2023. La Corte Suprema, por su parte, todavía no ha dado señales al respecto.
Para conocer más acerca de lo que puede pasar con el decreto bautizado «Bases para la reconstrucción de la economía argentina«, Nota al Pie habló con Pedro Caminos, abogado y docente de Derecho Constitucional.
La jugada de Milei
A lo largo de las consideraciones, el Poder Ejecutivo expresó que el decreto tiene como fin “corregir la crisis terminal” que enfrenta la economía argentina y que, para eso, “se debe reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo”.
Sin embargo, la forma en la que el presidente Milei decidió llevar adelante esta “reconstrucción” despierta más dudas que certezas, por lo que Pedro Caminos advierte que “ante el objetivo ambicioso y las materias heterogéneas que regula” esta no sería la mejor herramienta.
“El DNU está pensado para cuando hay que adoptar una medida transitoria frente a un hecho súbito que requiere una respuesta inmediata, como pasó en la pandemia. Por eso, es muy difícil considerar que hay ‘necesidad y urgencia’ para modificar toda la legislación que pretende modificar este decreto”, aclaró.
En tanto, señaló que en esta presentación la ‘reconstrucción de la economía’ está planteada como una cuestión global “y ahí es donde aparece el problema” porque pareciera que el DNU “queda chico para todo eso”.
No obstante, el abogado cree que esto no se trata de un error del Gobierno, sino que responde a una estrategia comunicacional con el fin de generar un impacto en la sociedad. Lo mismo sucedería con la fecha de entrada en vigor del decreto, la cual no fue definida y podría ser otra táctica para evitar objeciones.
“Creo que fue una jugada porque el 29 es el último día hábil y después comienza la feria judicial. Entonces se garantizan patear para febrero todas las acciones judiciales que pueda haber contra el decreto, mientras empieza a tener efectos”, explicó Caminos.
Más poder al poder
“A mi juicio el decreto es inconstitucional porque pretende modificar de manera permanente el sistema jurídico argentino”, opinó el abogado. Asimismo, remarcó que otro de los problemas que arrastra el DNU tiene que ver con que no presenta una explicación objetiva acerca de por qué el Congreso no podría discutir la reforma de 300 leyes.
“Que haya una situación muy grave no quiere decir que haya ‘necesidad y urgencia’ en el sentido que la Constitución establece”, señaló.
Respecto a si es común este tipo de prácticas en el marco de un sistema democrático, Caminos advirtió que en Argentina “existe un abuso del decreto de necesidad y urgencia” y que Milei no sería el primero en hacerlo, aunque sí es el primero en utilizar esta herramienta de una manera exagerada.
“El decreto es una figura que es fácil de abusar porque se dicta y empieza a surtir efecto, con lo cual los presidentes aplican una política de hechos consumados porque cuando llega el control del Congreso o del Poder Judicial ya es tarde, los efectos ya se produjeron”, explicó el letrado.
Asimismo, el abogado comentó que su uso abusivo también se da a partir de la Ley N° 26122, la normativa que establece que, para dejar sin efecto un decreto, las dos cámaras del Congreso deberían rechazarlo. “Mientras no tengas ese doble rechazo, el decreto mantiene vigencia y por eso es muy fácil abusar de esta herramienta”, aclaró Caminos.
Las alternativas para frenar el decretazo
Según detalló el abogado, hay “dos grandes caminos” para ponerle freno al “decretazo” que Milei presentó el pasado 20 de diciembre: uno es el político y otro el judicial. No obstante, advirtió que con la vía judicial hay una “peculiaridad” porque, en principio, los jueces no pueden dejar sin efecto una ley o un decreto de manera general y solo pueden dictar las inconstitucionalidades en casos concretos.
“Entonces una de las primeras posibilidades de litigio es lo que se llama ‘el sangrado lento’ que depende de que cada uno de los interesados a los que se les va aplicando las disposiciones del decreto, lo judicialice, plantee la inconstitucionalidad y muy paulatinamente empecemos a tener sentencias que vayan declarando su inconstitucionalidad”, reveló.
Mientras que otra posibilidad sería pedirle a un juez que deje sin efecto el decreto. Y si bien Caminos remarcó que esto es viable, aclaró que “en principio los jueces no pueden tomar ese tipo de decisiones porque equipararía a un juez con un legislador y esto afectaría la división de poderes”. “Y a este método no le veo demasiado color”, confesó.
Un DNU alarmante
Una de las principales alarmas que despierta la presentación de un DNU es que le permiten al presidente de turno modificar o adoptar legislación por sí solo. Para Caminos, eso de por sí ya es una alarma “porque las leyes están pensadas para presentar el bien común y sería el Congreso el indicado para representar todos los puntos de vista”.
“Entonces cuando tomas una decisión en base a una sola persona, la realidad es que es mucho más fácil y tener una visión sesgada sobre un problema”, comentó.
En segundo lugar, detalló que el “decretazo” de Javier Milei es problemático porque la construcción del Estado Regulatorio en Argentina llevó varias décadas. Por lo que opinó que “es un poco ingenuo creer modificar eso de un día para el otro”.
“Y un cambio tan drástico en la legislación trae muchos problemas porque nos desorienta y porque terminamos por no saber qué se puede hacer y qué no”, añadió.
Por último, el letrado mencionó que “la última dificultad” tiene que ver con la pretensión de construir una economía capitalista seria y que, para eso, se requiere Estado de Derecho, es decir, reglas estables y previsibles.
“Y el DNU básicamente es lo contrario, porque establece cambios imprevisibles y permanentes en el sistema jurídico. Y si un presidente hoy decide liberalizar la economía y dentro de cuatro años otro presidente decide regularla, entonces nunca tendríamos estabilidad y previsibilidad para construir un capitalismo serio en Argentina”, explicó Caminos.
Los principales problemas para la gente
Según Caminos, hay cuatro puntos que de manera directa afectan a les ciudadanes. Entre ellos la flexibilización laboral; la derogación de la Ley de Alquileres; la desregulación de las medicinas prepagas y los cambios en las tarjetas de crédito.
Sobre el primero, mencionó que los despidos empezarían a ser más baratos y, por ende, sería más fácil despedir. También se refirió a la extensión de prueba, que pasará a ser de tres a ocho meses.
El segundo problema es el de los alquileres que, tras la derogación de la normativa que regía desde 2020, puede haber una suba de los precios. No obstante, el abogado rescata que la medida también podría generar mayor oferta.
En cuanto a las prepagas, Caminos detalló que, al quedar desreguladas, pueden fijar unilateralmente sus precios, para los que ya anunciaron un aumento del 40 por ciento.
El último punto, en tanto, tiene que ver con las tarjetas de crédito, para las que se derogaron limitaciones a las tasas de interés ante un retraso del pago, por lo cual podrían ser más caras.
¿Qué pasa con las provincias?
Consultado acerca de la injerencia que los Estados provinciales pueden tener ante las determinaciones de un decreto de necesidad y urgencia como este, Pedro Caminos aclaró que “como es tan amplio, hay que ponerse a hilar muy fino entre las medidas”.
En ese sentido, señaló que cada provincia puede dictar sus leyes para no verse afectada, aunque esto no podría hacerse en todas las materias porque hay algunas que sólo se regulan desde Nación. Como, por ejemplo, la Ley de Alquileres.
No obstante, Caminos mencionó casos como el de Corrientes, Misiones y Buenos Aires. Sobre las dos primeras, aclaró que ante la desregularización de la producción de yerba mate que establece el DNU, ambas provincias -que son principales productoras- podrían dictar leyes estableciendo ellas mismas organismos reguladores para controlar los precios en el interior de cada una.
Mientras que, en Buenos Aires, la desregulación de la venta de medicamentos -que establece que no es necesario que los medicamentos se vendan únicamente en farmacias- queda sin efecto porque este distrito tiene una ley vigente que determina que únicamente se pueden vender a través de farmacias.