Las cámaras empresarias de transporte urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) decidieron reducir la frecuencia del servicio de transporte público de pasajeros en al menos un 50%, en demanda de aumentos ya sea en los subsidios o en las tarifas.
Agrupadas en la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AETA), las empresas de colectivos sostienen que no pueden enfrentar los gastos para llevar a cabo un servicio pleno. Esta situación crítica se profundizó tras el fuerte aumento de los costos sumado al congelamiento de las tarifas producido en el mes de agosto.
Por su parte, el gobierno de Javier Milei ya manifestó su intención de eliminar gradualmente las subvenciones al transporte. Según los cálculos de AETA, con el recorte inicial del 30% del subsidio, el aumento de la tarifa y la actualización por inflación, el valor del boleto podría llegar a los $1000 en enero.
Para definir el valor final de la tarifa, la Secretaría de Transporte a cargo de Franco Mogetta convocó a las empresas del sector a una reunión el próximo jueves. Sin dudas, las conclusiones de ese encuentro tienen en vilo a les trabajadores, que utilizan el transporte público a diario y podrían ver aún más deteriorado su salario.
¿Qué sucede con las empresas de colectivos?
El sector empresarial del transporte público se manifiesta en crisis operativa por la falta de ingresos, y buscan compensar esa falta a partir del aumento de tarifas. Con los aumentos exigidos y el recorte del subsidio, el valor de la tarifa se dispararía.
“El agravamiento en las reducciones de servicios se debe a la falta de recursos de los operadores para brindar todos los servicios. No alcanza el dinero (de subsidios y tarifas) para cubrir los ajustes de precio de gasoil”, comunicaron desde AETA.
Al respecto, el economista Rafael Skiadaressis explicó que “el problema es cuando tarifas y subsidios no cubren la demanda del sistema, por lo que el ajuste más que nominal (tarifas) termina siendo por el lado real de la economía: menos kilómetros ofertados, peor estado de flota, etc.”.
Sin embargo, argumenta que la actualización tarifaria debe ir acompañada de un ajuste del salario, para que no pierda valor adquisitivo y además no se genere presión sobre la inflación, considerando que “una suba del 300% en las tarifas de transporte tiene una incidencia de casi 6 puntos en el Índice de Precios al Consumidor de GBA (2,5% nacional)”.
La postura del Gobierno
Aunque en un principio desde el Gobierno calificaron a la posición empresaria como “amenazas del sector patronal”, posteriormente fijaron una reunión para determinar el monto del incremento tarifario.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que “en el AMBA el sistema de transportes sufre una gran distorsión, al margen de la inequidad que existe en cuanto a quien paga un boleto en Córdoba o en cualquier otro lado”.
Por otro lado, algunes funcionaries restaron importancia al impacto del aumento del boleto en la vida cotidiana de la sociedad argentina. La diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine aseguró que se trata de “un problema muy porteño” y que la gente está dispuesta a pagar el aumento.
Además, afirmó que “se van a licuar los salarios fijos, pero eso no es nuevo, lo dijimos y la gente lo votó. Esto era un tren que venía a toda velocidad y había que tomar medidas de shock para frenarlo e impedir un colapso mayor”.