El presidente de la Argentina, Javier Milei, firmó un mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), con más de 300 artículos, que contiene la derogación de decenas de leyes con el objetivo de desregular la economía.
Como informó Nota al Pie, el Decretazo avanza sobre legislaciones dirigidas a diversos sectores de la sociedad argentina. Les actores del campo también recibieron noticias, ya que el mandatario manifestó que “el sector agropecuario debe ser un factor esencial para salir de la emergencia y para ello es necesaria una fuerte liberación de la actividad”.
En general, el escrito contempla modificaciones que competen al agro de manera indirecta, como la reforma laboral, la limitación del derecho a huelga, la reforma del Código Aduanero y la derogación de la Ley de Tierras, que buscaba restringir la propiedad extranjera de tierras rurales.
Sin embargo, la norma también deroga y modifica leyes específicas que regulaban e impulsaban la producción del sector vitivinícola, el de la yerba mate, el algodón y el azúcar.
En una postura opuesta a la de una gran parte de la sociedad, que se manifestó en contra de las medidas anunciadas, figuras importantes del campo como la Sociedad Rural Argentina (SRA) celebraron la eliminación de restricciones para el sector. Sin embargo, continúa la tensión con el gobierno por el aumento de las retenciones a las exportaciones.
Las leyes derogadas por Milei
Las medidas dirigidas a la producción de yerba mate podrían generar cierta polémica. En primer lugar, porque le retira al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) la posibilidad de intervenir en el mercado. Como el INYM era el organismo que determinaba los precios de la hoja de mate, ahora los valores fueron liberados a la negociación entre productores.
Por otro lado, fue derogada la Ley 27.114 que promocionaba el Régimen de Envasado en Origen de la yerba mate. Esta normativa buscaba potenciar la región productora, las provincias de Corrientes y Misiones, y con su eliminación se podrá envasar dicho producto en cualquier punto del país.
En cuanto a la industria vitivinícola, el gobierno decidió eliminar por decreto la Ley 18.600 que regulaba los contratos de elaboración y la Ley 18.905 de la Política Vitivinícola Nacional, que contemplaba exenciones impositivas, créditos y tarifas especiales para el sector con el objetivo de potenciar la exportación.
A su vez, se derogó la Ley 22.667 de reconversión vitivinícola, que regulaba la producción de vino y mosto. Ésta, además, otorgaba al Instituto Nacional de Vitivinicultura un rol de fiscalizador y autorizador de traslados de los productos.
Asimismo, se eliminó la ley de regulación del cultivo, desmonte, comercialización e industrialización del algodón y la Ley 18.770, que establecía un régimen de entregas de azúcar para abastecer el mercado interno.
La reacción del campo
A la salida de una reunión “protocolar” entre el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, el representante de los grandes productores agrícolas se mostró conforme con el contenido del DNU.
“Da la sensación de que el Presidente marcó claramente qué rumbo va a tener su gobierno. Veo beneficioso que habló de desburocratización y sacar trabas a las exportaciones. Eso es bueno”, afirmó Pino.
En cuanto al presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), consideró que “todo proceso de desregulación y eliminación de trabas en lo agropecuario va en la decisión correcta”. Otros dirigentes que componen la Mesa de Enlace sostienen que las medidas para el campo están en proceso de análisis y todavía no emitieron opinión al respecto.
Cabe recordar que el gobierno generó el rechazo de la Mesa de Enlace y las organizaciones que nuclean las economías regionales cuando impuso un aumento hasta el 15% de las retenciones, sin antes consultar ni notificar al sector.
Frente a la presión de les productores, algunos sectores consiguieron que el monto de la alícuota sea disminuido. No es el caso de la mayoría de las economías regionales, que reclaman que las retenciones perjudican competitividad y podrían modificar a la baja el volumen de exportación.