Este miércoles por cadena nacional el presidente de la Nación, Javier Milei, anunció un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía. El mega decreto, que incluye más de 300 artículos entre reformas en el marco legal y derogación de leyes nacionales, fue publicado hoy en el Boletín Oficial y entrará en vigencia a partir del 29 de diciembre.
Además de la derogación de leyes que afectarán directamente al pueblo argentino en la vida cotidiana representando un ajuste para el bolsillo de les argentines, como la Ley de Alquileres; de Abastecimiento; de Góndolas; de Compre Nacional; entre otras. El DNU dictado por el gobierno pondrá en juego la soberanía nacional con la derogación de la normativa que impide la privatización de las empresas públicas; la autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas; y un punto clave que implica la derogación de la Ley de Tierras.
La Ley de Tierras nacional es la herramienta de regulación de la titularidad y posesión de tierras para usos agropecuarios, forestales, turísticos, entre otros. Actualmente solo el 15% de las tierras argentinas puede estar en manos de extranjeros, con su eliminación no habría límites establecidos y las negociaciones quedarían libradas a la voluntad de compradores y vendedores. Esto representaría no sólo la pérdida de la soberanía nacional sino también el riesgo de perder todos los recursos naturales en función de la venta libre del territorio nacional para su explotación.
¿Qué es la Ley de Tierras?
La Ley 26.737 de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en el 2011 durante el segundo mandato de Cristina Kirchner, busca preservar la soberanía nacional y evitar la extranjerización desmedida de tierras limitando la compra de las mismas por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras. Con la Ley en vigencia, las personas extranjeras de una misma nacionalidad no pueden poseer más del 30% sobre el 15% total de tierras rurales. Así como no pueden tener más de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o una superficie equivalente según la ubicación territorial.
Además, la Ley de Tierras al momento de su promulgación determinó controles para evitar la extranjerización de la tierra y la pérdida de control del registro de dominios a través de testaferros. Con la normativa el Estado debía autorizar esta compraventa a través de un certificado de habilitación- hasta que Macri lo flexibilizó por decreto-. En este marco, la normativa establece un Registro Nacional de Tierras Rurales que responde al Ministerio de Justicia, para resguardar la información sobre la posesión de terrenos, y un Consejo Interministerial para controlar y dirigir acciones.
A su vez, la Ley de Tierras advierte y prohíbe la interposición de personas físicas de nacionalidad argentina o jurídicas constituídas en el país. Según el artículo 6, “ello se considerará una simulación ilícita y fraudulenta”. Es decir, un argentino no puede adquirir tierras para entregarlas o venderlas a un extranjero.
¿Quiénes poseen hoy tierras argentinas?
Actualmente, según las estadísticas del gobierno nacional, les estadounidenses son quienes más territorio argentino poseen con un total de 2.722.096 hectáreas del país. Mientras que les italianes y españoles también tienen una notoria participación en la compra de las tierras, con 2.052.096 y 1.815.047 hectáreas.
Mientras, según la última actualización realizada en 2022, la provincia que tiene mayor cantidad de tierras en manos de extranjeros es Salta con 11.54%. Mientras que le siguen: Misiones con un 11.07%; San Juan con el 10.48%; Corrientes con 9.87%; Mendoza con el 9.11%; Catamarca con 8.64%; Santa Cruz con el 8.11%. Aunque los datos no están completos debido a la desregulación que provocó Macri en el 2016.
Macri dio el primer paso
Cuando Mauricio Macri, el nuevo socio de Milei, asumió en 2016 entre las primeras modificaciones que realizó, eliminó por decreto presidencial (820/2016) una de las condiciones más importantes de la Ley de Tierras: la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación cuando una empresa tenga una reorganización societaria.
A partir del decreto macrista, se permitió realizar transferencias de acciones a extranjeres sin tener que informar al Registro Nacional. Es decir que una persona jurídica dueña de una tierra puede vender sus acciones a un extrajero sin tener el aval del Estado, evadiendo el control de cupos establecidos por la ley.
Así también, la normativa de Macri flexibilizó la prohibición de vender terrenos con fuentes de agua quitando el requisitos del trámite de certificación. Esto quiere decir que no es necesario que un profesional verifique la existencia o no de cuerpos de agua en un terreno para ser autenticado por la autoridad provincial.
Pero Milei viene por todo
El punto clave que Milei busca derogar es la regulación, respecto de las personas físicas y jurídicas extranjeras, “los límites a la titularidad y posesión de tierras rurales, cualquiera sea su destino de uso o producción”. El argumento principal es que la eliminación de las restricciones promoverá nuevas inversiones en el país por parte de extranjeros.
Sin embargo, esta desregulación no sólo implicaría la eliminación de las restricciones en cuanto a la cantidad de hectáreas que un extranjero puede adquirir en zonas rurales permitiendo una apropiación descontrolada de las tierras nacionales, sino también la utilización libre del territorio para su explotación y uso desmedido.