El presidente de la Argentina, Javier Milei, avanza con la desregulación estructural de la economía mediante la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). En el marco de un programa de ajuste, el gobierno se niega a responder las demandas sociales e insiste en tomar decisiones que perjudican sobre todo a la clase trabajadora.
El decreto 70/2023, que ya entró en vigencia, contiene más de 300 artículos, e incluye la derogación y modificación de decenas de leyes sancionadas por el Congreso Nacional.
Apenas 10 días después de asumir, el dirigente libertario entiende que no cuenta con el apoyo suficiente en el Poder Legislativo, por lo que decidió avanzar a través de esta resolución sobre temas que impactan de forma profunda en la vida cotidiana de la sociedad argentina.
El “decretazo” de Milei reviste polémica por su dudosa constitucionalidad. En primer lugar, porque la herramienta del DNU no está pensada para regular normas de fondo y, además, la urgencia de la norma debe ser justificada en el marco de una situación excepcional.
Por otro lado, porque avanza contra la división de poderes. Al derogar completamente o modificar una gran cantidad de normas, el Poder Ejecutivo se atribuye facultades legislativas, atentando contra el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional.
Según la Carta Magna y la Ley 26.122 que regula los decretos, la Comisión Bicameral del Poder Legislativo tiene diez días para aprobar o rechazar la validez del DNU. A menos que ambas cámaras lo rechacen con mayoría absoluta, la norma quedará vigente.
Mientras tanto, el contenido del decreto denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina” regirá la economía nacional. El impacto en la sociedad es directo e inmediato, ya que elimina la regulación de los precios, los alquileres, el régimen de trabajo, la producción industrial, los servicios de salud y tantos otros sectores.
Luego de la cadena nacional donde el Presidente explicó el DNU, la población salió a las calles a manifestarse con cacerolazos en distintos puntos del país. Esto sucedió en el día que se conmemora la represión en Plaza de Mayo a quienes reclamaban contra las medidas neoliberales del gobierno de Fernando de la Rúa en 2001.
No hay respiro para les inquilines
Fiel a su ideología de libre mercado, el presidente ya había manifestado su intención de eliminar la Ley de Alquileres. La norma, sancionada en 2020, fue rediscutida este año en el Congreso. Allí, les legisladores de Juntos por el Cambio (JxC) sostenían que los beneficios al sector inmobiliario eran escasos, lo que causó una disminución en la oferta de alquileres.
Las modificaciones propuestas por el sector (entonces opositor al gobierno) fueron rechazadas y se mantuvo un esquema de mayor protección a les inquilines, por ejemplo con la prohibición de alquilar inmuebles en dólares.
En el DNU, aparece la eliminación de la ley como primer artículo. Esto significa que ya no existe marco regulatorio para los alquileres, en cambio el contrato se rige por el “libre arbitrio” entre las partes. De esta forma, las inmobiliarias son libres de imponer los períodos y montos de actualización, el tipo de moneda y la duración de los plazos contractuales.
El impacto en los precios y la industria nacional
A pesar de que el contexto exige lo contrario, el gobierno recién asumido se niega a tomar medidas para contener la inflación. Obstinado en desregular a fondo la economía, Milei decidió eliminar toda injerencia estatal que pueda evitar el aumento desmedido de los precios.
En este sentido, dispuso la derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía, la Ley de Desabastecimiento y la Ley de Góndolas. Estas normativas dotaban al Estado de la capacidad de intervenir en el mercado en defensa de les consumidores.
Contrario a la tradición política de los últimos años, la gestión de La Libertad Avanza (LLA) pretende impedir que el Estado tenga un rol de impulso de la industria nacional y el desarrollo. Respecto a esto, fue derogada la Ley Compre Nacional, que daba prioridad a los proveedores locales en las compras públicas, y los regímenes de Promoción Industrial y Comercial.
Además, a través de la reforma del Código Aduanero, se reestructura el sistema del comercio exterior, con el objetivo de abrir la economía internacional y atraer inversiones extranjeras, a pesar del impacto que ésto pueda tener en la industria local.
Por otro lado, cabe mencionar que el DNU implica reformas que garantizan al gobierno el camino libre para las . Eliminando las restricciones legislativas, el decreto establece la transformación de las empresas públicas en sociedades anónimas para su posterior privatización.
Esto último podría impactar en las principales empresas estatales como Aerolíneas Argentinas, AySA, Correo Argentino y ARSAT, entre otras. Frente a este contexto, empleades del Banco de la Nación Argentina marcharon en contra de las medidas impuestas mediante el DNU.
Sumado a esto, un artículo de cuestionada urgencia contempla la derogación de la Ley de Sociedades, para habilitar a los clubes de fútbol a convertirse en sociedades anónimas si así lo desean.
Sin embargo, una de los temas que generó mayor disconformidad es la reforma de las relaciones laborales. Bajo el nombre de “modernización”, se ponen en jaque derechos consagrados como el alcance de los Convenios Colectivos de Trabajo, el monto de la indemnización y la duración del período de prueba.
Las reacciones del arco político
Uno de los primeros en expresar su opinión respecto a la cadena nacional fue el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien consideró que Milei propone “destruir derechos de los trabajadores, arrasar con sectores completos de la producción, rifar los clubes de fútbol y el patrimonio de los argentinos. Todo esto, sin pasar por el Congreso. Le faltó decir “democracia: ¡afuera!”.”
Por otro lado, los sindicatos, incluidos la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Central de Trabajadores de la Argentina-Autónoma (CTA-A) se encuentran preparando medidas de fuerza en defensa de los derechos de les trabajadores.
Les legisladores tampoco permanecieron en silencio. Los diputados de Unión por la Patria (UxP) como José Mayans y Germán Martínez reclamaron que la Comisión Bicameral debe reunirse urgentemente para dar marcha atrás con el DNU.
Pese a las acusaciones, Milei se mostró en defensa de su decreto y aseguró que se trata de un “paquete de medidas en favor de la gente y no de las empresas”. Respecto a las protestas espontáneas, sugirió que les manifestantes “están abrazados y enamorados del modelo que los empobrece. Hay gente que mira con nostalgia, amor y cariño al comunismo”.
Este panorama, sumado a la inflación incesante y la expectativa ante un mayor ajuste, genera que en la Argentina el fin de año llegue en medio de una tensión creciente e incertidumbre sobre el futuro inmediato.
*Al cierre de esta nota, siguen llegando repercusiones de los sectores que se ven perjudicados por el DNU y se analizan medidas de fuerza.