En el día de ayer, y por primera vez desde su asunción, el presidente Javier Milei se reunió en la Casa Rosada con los gobernadores de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
La relación entre el Gobierno nacional y las provincias reviste cierta tensión desde que el Gobierno anunció las primeras medidas económicas “de urgencia”. Dentro de dicho paquete, el ministro de Economía, Luis Caputo, comunicó que las transferencias discrecionales de recursos hacia las provincias serán reducidas al mínimo.
Sumado a esto, la eliminación del Impuesto a las Ganancias impulsada por el ex ministro Sergio Massa significó una caída en la recaudación provincial, por lo que los gobernadores solicitan una compensación. En tanto, el ajuste y el cuestionamiento al sistema de coparticipación federal profundiza la crisis en las provincias.
El marco normativo de la coparticipación
La coparticipación federal es el sistema mediante el cual se reparte la recaudación impositiva del Gobierno nacional entre las provincias. De acuerdo a la Ley 23.548 que regula este sistema, un 42,34% de lo recaudado por recursos coparticipables corresponde a Nación, un 56,66% se distribuye automáticamente a las provincias y el 1% restante se reserva para los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).
Como la distribución entre provincias no se basa en indicadores objetivos sino en las cifras fijadas por la ley redactada en 1988, los ATN sirven para que el Poder Ejecutivo transfiera recursos discrecionales a las provincias según lo considere necesario, de acuerdo a sus propios criterios.
Actualmente, estas transferencias representan un 5,5% de los ingresos del promedio de las provincias. Sin embargo, hay excepciones: para La Rioja significa un 12,5% y para Santiago del Estero, un 9,4%.
Durante el anuncio de las medidas económicas, Caputo declaró que “las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias son recursos que en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos”. A partir de este argumento, dispuso un recorte de los aportes del tesoro a las provincias, que se espera que sea de un 70%.
Luego de esta medida antipática, ahora el gobierno requiere desesperadamente el apoyo de los gobernadores para lograr aprobar el paquete de leyes que el Ejecutivo enviaría en estos días al Congreso. Estas leyes permiten las “transformaciones en la economía que pretende llevar adelante el presidente”, afirmó el ministro del Interior, Guillermo Francos.
Las provincias, en contra de Ganancias
La eliminación del Impuesto a las Ganancias, que representaba un 7% de los recursos coparticipables, generó un gran impacto en las regiones. En una reunión con la administración anterior, plantearon que esta definición limita la posibilidad de abonar salarios y aguinaldos del sector público.
Frente a esto, a contramano de sus promesas electorales, Milei analiza dar marcha atrás con la eliminación del impuesto, lo cual tendría repercusión en los ingresos de más de 800 mil trabajadores.
Los gobernadores se mostraron disconformes con este proyecto. En su lugar, proponen que el tributo sea sustituido por la coparticipación del impuesto al cheque, de las retenciones a las exportaciones o del Impuesto PAIS.
Por su parte, desde la Provincia de Buenos Aires (PBA) denunciaron que el Gobierno busca instalar la noción de que la provincia fue favorecida por la coparticipación, con fines electorales. Aunque es cierto que PBA recibe el 40% de los ATN, también concentra el 60% de la población y el 44% de las personas en situación de pobreza del país.
“Hay una realidad objetiva que avala esas transferencias y nadie puede negarla, salvo que la intención sea justificar decisiones que sí tienen una clara naturaleza política: traicionar el federalismo, asfixiar económicamente a las provincias, en especial a la PBA”, afirmó Pablo Julio López, ministro de hacienda de la Provincia.
¿Cómo afecta el ajuste a las provincias?
Inmediatamente después de los anuncios de Caputo, el gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, declaró la “emergencia económica”. Para poder afrontar el pago de salarios, dispuso el congelamiento de los gastos del Estado.
Algunos de estos gastos fueron dirigidos a la administración política, como los autos oficiales, el nombramiento de nuevos funcionaries o la publicidad. Además, suspendió la licitación de obras públicas para la provincia.
El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, no se mostró en contra de la política económica de Milei, pero advirtió que la provincia tendrá que desdoblar en dos cuotas el pago de los sueldos de diciembre y enero, por primera vez en 40 años.