En el mismo día en que se conmemoraron 22 años de la renuncia del expresidente Fernando de la Rúa, en medio de la crisis de diciembre de 2001, el gobierno recién asumido de Javier Milei tuvo en la calle la primera acción masiva. Esta manifestación marca el pulso de las respuestas que surgen como rechazo a los planes de ajuste.
Los contenidos impopulares de las medidas del nuevo Gobierno fueron anticipados durante la campaña electoral y reiterados desde el 10 de diciembre. La semana pasada, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, realizó una primera serie de anuncios en un discurso grabado. Se espera que el paquete completo de medidas sea anunciado a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) por el propio Milei en cadena nacional el 20 de diciembre.
En este contexto, las organizaciones sociales y políticas, conscientes de la posibilidad de enfrentar violencia por parte de las fuerzas de seguridad que siguen el protocolo “anti piquete” establecido por el gobierno, están convocando a manifestarse en rechazo a las políticas de ajuste y deterioro de la economía.
En ese sentido, las agrupaciones realizaron la marcha hacia Plaza de Mayo partiendo desde Avenida Belgrano y Diagonal Sur, así como desde Avenida Diagonal Norte y Maipú. A pesar del riesgo de represión que se pretende instaurar para evitar críticas al accionar del gobierno hasta el momento, las organizaciones convocaron a marchar en contra de la disminución del poder adquisitivo, la imposición del miedo y la prohibición del derecho a la protesta.
El rechazo judicial al hábeas corpus
En una decisión controvertida, el juez de instrucción Gustavo Pierretti rechazó la acción de habeas corpus presentada por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, el Partido Obrero (PO) y varios organismos de derechos humanos.
Dicha acción legal buscaba impugnar el protocolo “anti piquetes” establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La resolución, firmada únicamente por la funcionaria, fue publicada en el Boletín Oficial el pasado 15 de diciembre.
El rechazo del juez se basó en su interpretación de la inexistencia de los supuestos contemplados en el artículo 3, inciso 1 de la Ley 23.098. Esta resolución, emitida en las últimas horas del martes, desestima los argumentos presentados por los demandantes, quienes buscaban invalidar el protocolo al considerarlo una restricción de los derechos de manifestación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresó su satisfacción ante la decisión judicial a través de sus redes sociales. Esta resolución judicial fue interpretada por Bullrich como un respaldo a su estrategia para manejar y controlar las protestas, generando opiniones encontradas en la opinión pública y entre diversos sectores políticos y sociales.
La resolución judicial marca un punto de inflexión en el debate sobre el derecho a la protesta y el papel del Estado en su regulación, generando expectativas sobre posibles acciones futuras por parte de los demandantes y reacciones de diversos sectores. En tiempos de ajuste, la práctica de la resistencia se convertirá en una constante.
No obstante, las repercusiones de esta decisión judicial se hicieron evidentes de manera contundente. De hecho, este miércoles, en las redes sociales se pudo observar cómo en la Autopista Buenos Aires-La Plata la policía detuvo a los autobuses y no solo solicitó documentos de identidad, sino que también grabaron los rostros de los pasajeros.
El protocolo de Bullrich que dio vía libre a las fuerzas policiales para “controlar” a la población se replicó en otros lugares. En la Autopista del Oeste en dirección a la Capital Federal, hubo un gran despliegue de patrullas y personal de gendarmería que detenían todo tipo de vehículos. Además, se sumó una importante presencia policial en las calles de Buenos Aires y también en estaciones como Once y Constitución.
En este punto, es importante destacar que el “protocolo” de seguridad impulsado por la ministra de Seguridad no tiene en cuenta un aspecto clave. Según lo informado por la Secretaría de Derechos Humanos, la policía u otras fuerzas de seguridad sólo pueden solicitar la presentación de documentos de identidad en casos donde exista una sospecha razonable de la comisión de un delito. Por lo tanto, en situaciones donde no haya sospecha de delito, este “control” policial hacia la población carece de fundamento legal.
Durante la movilización de las organizaciones sociales, se vivieron momentos de tensión al encontrarse con el importante despliegue policial en las calles de la Ciudad.
Ante este contexto, Milei supervisó el operativo desde el Departamento Central de Policía de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Además, en el marco de la manifestación, fuentes oficiales informaron que hubo dos detenidos, ambos mayores de edad.