Tras los anuncios del ministro de Economía, Luis Caputo, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT), sindicatos y gremios afines se posicionaron contra las medidas de ajuste y recorte contra les trabajadores.
Las políticas anunciadas por el titular de la cartera incluyeron: recortes en la administración pública; quita de subsidios al transporte y energía; reducción de las transferencias discrecionales del Estado nacional a las provincias; y la devaluación del peso con el cambio del dólar oficial a $800.
Según plantearon desde los distintos sindicatos, las medidas de ajuste del gobierno apuntan a les trabajadores mientras que “la casta”, sector que según Javier Milei pagaría el mismo, queda ilesa.
Frente a este escenario, la Confederación General del Trabajo (CGT), la Central de Trabajadores Argentina (CTA) y la CTA Autónoma (CTAA), advirtieron que no se quedarán de brazos cruzados.
Además, los gremios de trabajadores estatales, como la Asociación de Trabajadores Estatales (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), los Gastronómicos, los bancarios y la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), reforzaron el estado de alerta. A su vez, advirtieron sobre posibles manifestaciones en defensa de sus puestos laborales.
“No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo”
Este miércoles, tras analizar la situación socioeconómica del país, la CGT compartió un comunicado con un plan de 15 puntos programáticos. El programa destaca “la importancia de defender la progresividad de los derechos laborales y sociales para lograr una sociedad más justa como eje de un modelo de desarrollo, producción y trabajo nacionales”.
Desde el consejo directivo de la CGT denunciaron que las medidas económicas de Milei “no ajustan a la denominada casta, sino que recaen en el pueblo”. En este marco advirtieron que “dinamitarán el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, de la economía social y solidaria, de los cuentapropistas y autónomos, y de los jubilados y pensionados”.
No obstante, aseguraron que el movimiento obrero “no se quedará de brazos cruzados”. Según planteó la CGT, las políticas del nuevo gobierno no son parte de un plan económico sino que representan “medidas desordenadas de ajuste”. Además, remarcaron que los pronósticos de las autoridades económicas ubican el índice inflacionario mensual entre un 20 y 30%, al menos durante cuatro meses.
Ante esto, la central obrera enfatizó en que si este paquete de medidas “no es acompañado por una política de ingresos a través de la libre negociación paritaria y estrategias compensatorias, millones de argentinos sufrirán una situación socio económica desesperante”.
Por su parte, el cotitular de la CGT, Héctor Daer, aseguró que la entidad “acompañará con todo lo necesario a los sectores que se sientan perjudicados”. Sin embargo aclaró que aún no se habló de adoptar medidas de fuerza.
En tanto, el secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera y titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, aseguró que las medidas anunciadas son “un tsunami total en lo social y algo parecido en los aspectos financieros y económicos para la Argentina”.
Las centrales obreras desmienten la versión del gobierno
Luego de que Milei asumiera como Jefe de Estado, la CTA realizó un diagnóstico de la nueva gestión a través de un documento. El mismo tiene por objetivo desmentir “las mentiras deliberadas pronunciadas por el presidente en su discurso de asunción” que “no tienen otro fin que el de justificar las penurias que infringirá contra los habitantes de nuestro país en el futuro inmediato”.
Según planteó el sindicato de trabajadores, el discurso de la “crisis inevitable” es un invento para permitir que el shock lo sufran las mayorías debido a la “hiperinflación y el hiperdesempleo que promueven las medidas de ajuste”.
Respecto a la inflación, aseguraron que el nuevo mandatario exageró un escenario para justificar lo que vendrá: “la devaluación del tipo de cambio oficial, la supresión de las políticas de control de precios, la quita de subsidios a las tarifas”.
Además, el sindicato afirmó que “la pérdida de empleo por despidos en el sector estatal y por el freno a la obra pública, sumado a la baja brutal de poder adquisitivo por la quita de subsidios y el aumento tarifario, traerá una recesión sin precedentes en el sector privado”.
Por otro lado, desmintió que “la economía no crece desde el 2011” y “hace más de una década que vivimos en estanflación”. En contraposición, aseveró que si bien la economía “hubo años que decreció” como en el macrismo o en la pandemia, “no es cierto que haya estado estancada en todos los años de ese período”.
Asimismo, negó los dichos de Milei sobre el empleo formal en el sector privado, que según advirtió el presidente “se mantiene estancado en 6 millones de puestos de trabajo”. De acuerdo a la CTA, “los empleados asalariados registrados del sector privado crecieron en 400.000 a lo largo del gobierno de Alberto Fernández”.
Por otra parte, la CTA Autónoma anunció en una conferencia de prensa la decisión de permanecer en “estado de liberación permanente”. La intención principal del sindicato es construir “la más amplia unidad del campo popular” para enfrentar el ajuste del gobierno de Milei.
Para el secretario General, Hugo Godoy, tanto Caputo como Milei “realizan un diagnóstico falso sobre la realidad para poder justificar las medidas de extrema crudeza y brutalidad”, y de esta manera llevar a “un camino de recesión e hiperinflación”.
Gremios en estado de alerta
Semanas antes de la asunción, ATE ya había declarado estado de alerta y movilización frente a las amenazas de despidos estatales del presidente electo. Tras su primer discurso presidencial, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, indicó que si bien “ha responsabilizado a la casta”, el castigo “seguirá siendo para el pueblo trabajador, jubilados y sectores populares”.
Así mismo, rechazó la etiqueta de “empleo militante” y repudió la revisión de contratos. El sindicato de trabajadores estatales convocó para este jueves una reunión con Aguiar y todas las conducciones provinciales, con el objetivo de definir un plan de acción frente a las primeras medidas anunciadas.
El secretario general no descartó la posibilidad de tomar medidas de fuerza antes de fin de año. Por su parte, desde UPCN, el titular Andrés Rodríguez, indicó que un recorte de empleades contratades tendría un efecto mínimo en la reducción del déficit fiscal. Además, defendió los pases a planta permanente realizados por el gobierno saliente como parte de un proceso legal.
En tanto, desde la Asociación Bancaria argumentaron que las medidas anunciadas por Caputo son “de una violencia inusitada para la clase trabajadora en general”. En esa línea afirmaron que se trata de una “confiscación masiva de la propiedad privada y de los derechos patrimoniales de millones de argentinos”.
En ese marco, advirtieron que quienes “van a ver violentado su patrimonio por la brutal devaluación serán los que tienen incorporado como parte de su salario diferido los subsidios a los servicios públicos y transportes públicos, los que ya no pagan impuesto a las ganancias cuarta categoría”.
A partir de un comunicado, el gremio de les bancaries llamó a las nuevas autoridades a reflexionar sobre las medidas de ajuste. “Con la verdadera “casta”, con los poderosos que históricamente vivieron del Estado, ahí tienen que buscar los recursos y no castigando a trabajadores y trabajadoras, jubilados y jubiladas, que viven de un ingreso”, sostuvieron.
Por último, el titular de la Unión de Trabajadores Gastronómicos, Luis Barrionuevo, advirtió que el ajuste de la nueva gestión será “durísimo” y advirtió sobre la “recesión galopante” que vendrá de la mano del gobierno del líder libertario.