Angustias, incertidumbres y una certeza: habrá que convocar a la unidad de los sectores populares para resistir el avance del modelo extractivo en su versión de agronegocio o megaminería. Esas son las impresiones de los territorios en la primera semana con Javier Milei como presidente electo. Con las negociaciones del Gabinete de ultraderecha aún abiertas, los nombres que resuenan para ocupar los lugares de decisión en Agricultura y Minería provienen del sector empresario y las multinacionales, una profundización, a pedido del mercado, del modelo económico instalado en la última dictadura cívico-militar y que se mantiene invariable desde la década del noventa.
“Milei nunca habló de la agricultura familiar, no creo que le interese mantener las políticas para el sector, será tarea de la pelea de las organizaciones”, anticipa Roberto Solano, productor hortícola bonaerense y coordinador Federación Nacional Campesina (FNC). Desde Esquel, Cristina Agüero, integrante de la Asamblea No A La Mina, propone: “Gobierne quien gobierne, siempre lo dijimos: que gane la defensa del agua y la autodeterminación de los pueblos. Pero, por momentos, hay un sentimiento de angustia y de desesperanza por pensar que la gente votó en contra de sus propios derechos”.
La incertidumbre sobre las políticas productivas y ambientales que aplicará Milei se debe a que no explicó —más allá de la reducción a ocho ministerios— cómo será la estructura del Estado, qué organismos quedarán y cuáles serán disueltos en el “plan motosierra”, hasta dónde el Estado pondrá un ojo sobre la explotación de los recursos naturales o si simplemente se dejará actuar a los privados.
En la plataforma electoral que Milei entregó a la Cámara Nacional Electoral la palabra “minería” aparece solo una vez y luego una vez la palabra “litio”. A “Agricultura, Ganadería y Pesca”, le dedica un apartado en el tono que es una marca registrada de las cámaras exportadoras y de la Mesa de Enlace: “Argentina tiene un potencial alimentario muy importante, a pesar de las múltiples trabas y la pesada carga impositiva, por lo que tenemos que volver a ser la potencia agropecuaria que dejamos de ser”.
Se extiende en 15 puntos sobre sus planes, entre los que propone eliminar “todos los impuestos distorsivos empezando por los derechos de exportación–retenciones” (algo que moderó durante la campaña y pasó a prometerlo en el largo plazo), avanzar en una reforma laboral (en un sector que cuenta con niveles de precarización que llegan a la servidumbre), dejar la mejora de caminos rurales en manos privadas, continuar fomentando las “buenas prácticas agrícolas”, derogar la Ley de Tierras para habilitar la extranjerización y hasta la idea de privatizar el mar para la explotación pesquera.
También existe un apartado que marca el espíritu de la política económica que predicó el presidente electo y unifica las expectativas para los dos sectores, son tres puntos que resumen la “reforma tributaria” y dice:
- Eliminación y baja de impuestos para potenciar el desarrollo de los procesos productivos que lleva adelante la actividad privada y potenciar la exportación de bienes y servicios.
- Eliminación de derechos de exportación o retenciones.
- Financiamiento estatal a partir de un régimen de regalías y concesiones por la explotación de recursos naturales.
En el achique de la estructura del gabinete nacional hay otras pistas: los nombres de los funcionarios que integran los equipos técnicos que iniciaron la transición en reuniones con sus pares del actual gobierno. El nuevo Ministerio de Infraestructura estará encabezado por Guillermo Ferraro, un ex funcionario del gobierno de Macri en la Ciudad y con carrera en asesoramiento financiero para proyectos de infraestructura. Bajo su órbita estarán las secretarías de Minería, Energía, Transporte, Obras Públicas y Comunicaciones; que esta semana iniciaron las reuniones de transición.
La Secretaría de Minería quedaría a cargo de Sergio Arbeleche, abogado especialista en “Minería, Ambiente y en Acción Climática y Negocios Sustentables (ESG)”. Arbeleche asesoró a Barrick Gold en Canadá y a First Quantum Minerals en Argentina, donde la empresa busca iniciar la explotación de la mina de cobre Taca Taca en Salta en 2024. También tendrá la Secretaría de Energía, a cargo de Rodríguez Chirillo, un abogado especializado en procesos de privatizaciones, que trabajó con el ex secretario de Energía del menemismo Carlos Bastos.
“Estamos preocupados. Sabemos cómo resistir porque acá lo venimos haciendo desde hace 20 años, pero estamos expectantes porque este es un gobierno de ultraderecha, que tiene un vínculo muy estrecho con las fuerzas armadas y eso nos tiene un poco más alertas. Pero sabemos cuál es la manera: la resistencia organizada en la calle, exigiendo, reclamando, que es lo único que hace retroceder ante cada avanzada”, sostiene Agüero.
Agricultura también continuará como secretaría y bajo la órbita de Economía, como ocurre desde la llegada del ex candidato a presidente Sergio Massa al ministerio. El actual secretario del área Juan José Bahillo mantuvo esta semana una reunión de transición con quienes, por el momento, son equipos técnicos de La Libertad Avanza en el tema agropecuario: Fernando Villela, Pedro Vignau y Germán Paats.
Vilella se sumó al equipo de Milei después de la victoria en las PASO. Es ex decano de la Facultad de Agronomía de la UBA, fue subsecretario de Asuntos Agrarios en la gobernación de Daniel Scioli en Buenos Aires y es un férreo impulsor del agronegocio. Es el nombre que suena como posible secretario en el gobierno de ultraderecha y se lo busca posicionar como el encargado de continuar el nuevo discurso “verde” de la agricultura industrial, que aminore el impacto climático del modelo transgénico atado al paquete de agroquímicos y la ganadería intensiva. Un rumor es que la secretaría podría pasar a llamarse “bioeconomía”.
Quienes lo acompañan en el armado del gabinete de Agricultura de Milei son dos hombres del riñón del agronegocio y se sumaron al equipo de La Libertad Avanza luego del resultado de las elecciones generales. Vigneau es productor agropecuario y fue presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid). En la actualidad, encabeza otra asociación de lobby del agronegocio: Maizar. Además, pasó brevemente por el gobierno de Macri, cuando el entonces ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, lo nombró como subsecretario de Mercados Agroindustriales. Por su parte, Paats integra la Comisión Directiva de la Fundación Barbechando, grupo de lobby en el Congreso, que se opuso a la Ley de Humedales impulsada por cientos de organizaciones civiles y ambientales.
Los sectores campesinos no tienen contacto con los nombres de los equipos técnicos la La Libertad Avanza y en eso se traduce la mala perspectiva de futuro.
“Tenemos que volver a juntarnos porque si no muchos productores van a tener que abandonar el campo”
La victoria de Milei fue contundente en las provincias de la zona núcleo del agronegocio como Córdoba (74 por ciento), Santa Fe (62,8 por ciento), Entre Ríos (61,4 por ciento) y La Pampa (57,3 por ciento). En Buenos Aires, la provincia más significativa en la producción agropecuaria, la diferencia fue mínima a favor de Sergio Massa por el peso del Conurbano. La Mesa de Enlace, a pocas horas de la victoria de Milei, se puso “a disposición” del presidente electo para “trabajar y aportar para el desarrollo de nuestro país y la salida de esta crisis, que nos castiga a todos los argentinos».
La respuesta de las provincias del agro fue contundente, a pesar de que Mieli amenazó con cortar relaciones comerciales con China y Brasil (los mercados más relevantes para las exportaciones del sector). El presidente electo mantuvo su decisión de “no hacer negocios con comunistas” hasta el debate presidencial, mientras su equipo técnico iba a reuniones con las organizaciones de la Mesa de Enlace a prometer “Brasil y China no se tocan”. Esta semana, Milei bajó el tono, habló de mantener relaciones comerciales libres con todo los países del mundo y agradeció un mensaje de felicitaciones del presidente de China, Xi Jinping.
Hasta el momento, nadie habla de las familias de la agricultura familiar y campesina, que producen el 60 por ciento de los alimentos que se destinan al mercado interno. “Las políticas que va a implementar Milei, como lo dijo en la campaña y lo reafirma ahora como presidente electo, serán para achicar el Estado y, prácticamente, eliminar el área de Agricultura”, teme Solano, coordinador del FNC, que integra la UTEP-Agraria, espacio que tuvo en Miguel Gómez un representante al frente de la Secretaría de Agricultura Familiar y hasta el 10 de diciembre en el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci).
Según él, durante la campaña se trabajó en el diálogo con los sectores campesinos para alertar sobre “la situación que iba a venir si Milei era presidente”, pero reconoció que en el gobierno de Alberto Fernández “se han hecho algunas cosas, pero ha faltado mucho. El acceso a la tierra es lo que más se sufre en lo cotidiano; también la regulación de las tierras de los pueblos originarios que se evidenció con lo que ha pasado con la reforma constitucional en Jujuy, conflicto en el que el Gobierno no terminó de tomar posición”.
Desde la Secretaría de Agricultura Familiar se trabajó en herramientas como la Relevamiento Nacional de Zonas Estratégicas de Producción de Alimentos (Renazepa) y líneas de financiamiento como “En nuestras manos” o los programas de inserción económica de los productores familiares; pero se demoraron las políticas de fondo y universales. La Ley de Agricultura Familiar se reglamentó en junio de este año, cuando fue prometida desde el primer día de gobierno; mientras que con la restructuración del ministerio de Economía se creó el Inafci sacando al sector del área de Agricultura y pasándolo a la órbita de la Jefatura de Gabinete.
La Ley de Acceso a la Tierra —un programa de acceso al crédito para que los pequeños productores accedan a su tierra y dejen de alquilar— fue un compromiso del presidente Alberto Fernández y una bandera de todas las organizaciones campesinas, pero nunca se trató en el Congreso. Otro reclamo del sector pequeños productor y cooperativo es la Ley de Arrendamiento y la segmentación de las retenciones para frenar el modelo de concentración que la ultraderecha en el gobierno promete profundizar. Una muestra de las deudas pendientes fue el anuncio de campaña de Massa sobre el Registro Único de Solicitud de Lotes (RUS), que contempla tierras para la producción.
“Esas políticas deberían haberse hecho antes para que no quede la sensación de que eran medidas de campaña. Son medidas importantes, pero que llevan tiempo aplicarlas y ahora con Milei quedarán en la nada, porque no va a retomar esa. No le importa. Si el trabajo se hubiese iniciado antes tendríamos algo implementado”, lamentó el coordinador del FNC.
La plataforma de gobierno de Milei propone entregar la tierra incluso a manos extranjeras y menciona a organismo del agro como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), Instituto Nacional de Semillas (Inase), pero nada se sabe sobre la continuidad del Inafci. El productor y referente de la Asociación de Medieros y Afines (Asoma) no tiene expectativas de que el Inafci continúe, aunque también señala la demora que implicó la creación del nuevo instituto que, hasta junio de este año, no tuvo autoridades designadas para poder continuar con el trabajo que se había hecho en Agricultura Familiar.
“La cuestión será defender lo que está conquistado, porque hacen falta muchas políticas para el sector. Desde Agricultura se piensan políticas para los cultivos de exportación, pero la agricultura familiar no tiene lugar y Milei nunca habló de la agricultura familiar. No creo que le interese mantener estas políticas, será la pelea de las organizaciones”, advierte Solano y rescata una bandera del sector que no termina de hacer mella en la clase política: “Venimos planteando que se debe valorar la agricultura familiar porque somos los que en el día a día sostenemos la agricultura, en las tierras, en los campos, en las chacras, somos los que abastecemos el mercado interno”.
Frente a los cuatro años de gobierno de ultraderecha, el coordinador del FNC encuentra un único camino posible: “Tenemos que sentarnos a discutir multisectorialmente. Supimos construir en el Congreso por la Tierra y antes el Foro Nacional por un Programa Agrario, Soberano y Popular. Hicimos cosas importantes juntándonos y discutiendo. Tenemos que volver a juntarnos, a planificar y a ver cómo enfrentamos las políticas de Milei, porque si no lo hacemos muchos productores van a tener que abandonar el campo y lo va a terminar sufriendo el consumidor con la suba de precios de los alimentos y la escasez”.
“La democracia tiene que empezar a ser más participativa que representativa”
En Chubut ganó Milei con el 59 por ciento. En el departamento Futaleufú (del que es cabecera Esquel), ganó por el 56 por ciento. A cargo de la campaña de La Libertad Avanza en Esquel estuvo Ricardo Bustos, gerente de Comunicación de Minas Argentinas y asesor de Pan American Silver, que además fue llamado a declarar en 2017 por la desaparición de Santiago Maldonado. Cristina Agüero aún mastica la victoria de Milei en una provincia y una ciudad cruzada por la lucha ambiental contra la megaminería, pero considera que uno de los motivos es la responsabilidad de “los gobiernos anteriores, que vienen profundizando este modelo donde no la estamos pasando bien”.
De todas maneras, la asambleísta reconoce que hay cuestiones más profundas difíciles de explicar: “Me gustaría que algún sociólogo pudiera explicar lo que está pasando, porque la gente está votando en contra de sí misma. Básicamente el voto a Milei significa sacarse de encima al peronismo o al kirchnerismo. Entonces, por qué no elegir a la izquierda para eso en lugar de votar en contra de uno mismo”.
En ese punto, contrapone la intención del voto con la gravedad de la opción que se tomó al indicar que la ultraderecha niega derechos básicos, niega el cambio climático, niega la ciencia. “Claramente no va a ir en favor de las clases populares, de la clase media. No irá en contra de esa casta que dice, de hecho está abrazado con Macri y con los grandes grupos económicos. Y las clases populares lo han votado”, lamenta.
Por otra parte, la asambleísta plantea un debate más profundo sobre el compromiso cívico de la sociedad respecto del acto de la elección presidencial, a la que asisten cada cuatro años, pero luego solo “esperan que la persona a la cual le entregaron el voto haga lo que tiene que hacer”. Y contrapone otra mirada al discurso de la ultraderecha contra el Estado: “El problema no es la omnipresencia del Estado sino cómo fue manejado y en beneficio de quién: eso era lo que había que cambiar, con democracia participativa, con involucramiento, con reclamos. Pero bueno, eso evidentemente todavía hay que construirlo”.
“Los movimientos sociales y ambientales sabemos que eso no funciona así. La democracia tiene que empezar a ser más participativa que representativa. Tenemos que involucrarnos en la toma de decisiones, exigir que nos den participación, exigir las participaciones vinculantes, exigir en las calles o yendo a la Justicia. Utilizar todas las herramientas democráticas que tenemos para que el camino sea por donde nosotros necesitamos que sea, con menos extractivismo y con más justicia social y ambiental”, propone Agüero.
―En Esquel han tenido un amplio recorrido en defensa del agua. ¿Qué siente al saber que ganó un candidato que dijo por ejemplo que una empresa puede contaminar un río y que eso no sería un problema?
―No lo puedo creer. Milei ganó en Chubut y ganó en Esquel. Y quien le hizo la campaña en Esquel fue el gerente de Comunicación de Minas Argentinas, Ricardo Bustos. No puedo entender eso, porque nosotros venimos desde hace 20 años en resistencia; hace dos años tuvimos la masividad que se vio en las calles y que se denominó el Chubutazo y fue en defensa del agua y en contra de la megaminería. Y gana un candidato que dice abiertamente que se pueden contaminar los ríos, que va a privatizarlos porque propone que todo sea de propiedad privada y que el propietario de un río o de un lago no va a querer que ese río o lago se contamine. Eso no tiene ningún sustento científico ni sociológico. Pero además es una aberración: los bienes comunes son bienes comunes, no pueden ser ni privatizados ni contaminados. Fue un voto bronca.
―En el diálogo con las compañeras y los compañeros de la asamblea. ¿Cuáles son los sentires que hay en relación al presente?
―Estamos preocupados. Sabemos cómo resistir porque acá lo venimos haciendo desde hace 20 años, pero estamos expectantes porque este es un gobierno de ultraderecha, que tiene un vínculo muy estrecho con las fuerzas armadas y eso nos tiene un poco más alertas. Pero sabemos cuál es la manera: la resistencia organizada en la calle, exigiendo, reclamando, que es lo único que hace retroceder ante cada avanzada. Gobierne quien gobierne, siempre lo dijimos: que gane la defensa del agua y la autodeterminación de los pueblos. Por momentos hay un sentimiento de angustia y de desesperanza por pensar que la gente votó en contra de sus propios derechos.
―¿Cómo avizoran el futuro?
―Más que nunca, en la calle. Los partidos políticos y los movimientos alineados al gobierno no han salido a la calle, a pesar de la inflación y de la crisis. Se han mantenido muy silenciosos. Creemos que ahora las asambleas apartidarias vamos a estar más acompañadas, porque se van a sumar otros actores que hasta el momento estaban medio guardados. La historia de los derechos es su lucha por alcanzarlos. No se ha conseguido ningún derecho sin estar en la calle, los derechos se consiguen participando y utilizando todas las herramientas que da la democracia. La masividad es lo que alerta al Poder Judicial y al Gobierno para actuar. Sin el termómetro de la calle ningún derecho se ha conseguido y eso es lo que vamos a seguir haciendo.