Olimpia Coral Melo es mexicana y Belén San Román era argentina. A pesar de vivir a miles de kilómetros de distancia, algo las unía: fueron víctimas de violencia de género digital. Hoy, la legislación que busca penalizar a quienes cometen esos delitos llevan sus nombres.
Durante el mes pasado, las activistas argentinas que luchan por frenar la violencia digital consiguieron un importante triunfo. El 11 de octubre, la Cámara de Diputados de Argentina aprobó la Ley Olimpia, que tipifica como delito la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. La ley entró en vigencia el 23 de octubre.
Sin embargo, aún queda mucho por hacer. El proyecto de Ley Belén, que también busca penalizar la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, aún no ha sido aprobado por el Congreso.
Nota al Pie dialogó con Eliana Grandier, licenciada en Comunicación Social, periodista y diplomada en Géneros y Políticas Públicas. Ella integra la organización GENTIC (Género y TIC), una de las que trabajó en la redacción de la Ley Olimpia en Argentina. Además, realizan acciones de concientización sobre violencia de género digital.
“Después de mucho trabajo y una gran lucha, el 23 de octubre entró en vigencia la Ley Olimpia en Argentina”, se alegró Grandier. La misma explicó que esta nueva legislación genera modificaciones en la Ley 26.485 sobre Protección Integral a las Mujeres.
El primer freno a la violencia digital
El 11 de octubre de 2023, la Cámara de Diputados de Argentina convirtió en ley el proyecto que incorpora la violencia digital a la Ley 26.485, de Protección Integral para las Mujeres. Esta ley, conocida como Ley Olimpia, aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido íntimo.
A su vez, el 23 de octubre de ese mes, el Gobierno nacional promulgó la ley a través del Decreto 542/2023. “A partir de ello, la primera provincia que la utilizó dentro de su jurisdicción fue Tucumán”, comentó Grandier.
La periodista y diplomada en Géneros y Políticas Públicas también destacó que, a partir de la normativa, el 25 de octubre, la Justicia tucumana “pudo llevar a la práctica las medidas de protección que dispone la Ley Olimpia”.
Fue la jueza Mariana Rey Galindo, del Juzgado de Familia y Sucesiones del Centro Judicial Monteros, quien la aplicó en un caso de “violencia familiar facilitada por las nuevas tecnologías”. La magistrada analizó capturas de pantallas de redes sociales, y determinó que un hombre había difundido imágenes de su hija.
Según la jueza, estas “contenían información judicial que pertenece exclusivamente a las personas involucradas”. Así, afirmó que afectaron “la privacidad y seguridad de la menor y su madre, la denunciante».
Galindo también resolvió que el hombre debía eliminar de forma inmediata cualquier publicación realizada sobre ellas en redes sociales y abstenerse de hacerlo a futuro. De incumplirlo, quedaría “bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas por cada día de incumplimiento”.
Eliana Grandier reflexionó al respecto: “Nos deja ver que era una gran necesidad la de tener una ley que comprenda las violencias digitales”. También, se alegró sobre que, de esta manera, “quienes están a cargo de impartir justicia puedan tener herramientas acorde a las violencias que se están efectuando”.
¿Cómo se aplica la Ley Olimpia?
“A partir de ahora, aquella mujer o disidencia víctima de una violencia digital, cuando se acerque a cualquier oficina que recepciona denuncias de violencia de género, fiscalías especializadas, comisarías de la mujer, etc, va a poder solicitar las medidas de protección que le ofrece la ley”, afirmó Grandier.
“Son básicamente tres”, resumió. Una, es solicitar el cese de la práctica violenta mediante orden judicial. Otra, implica una prohibición de contacto a partir de las tecnologías, es decir, una restricción de acercamiento a partir de la cual la persona agresora no debería poder tener contacto con su víctima.
“Por otro lado, el retiro del material lesivo de las redes”, completó la especialista. “Esto se refiere al material con el que se te está violentando, sea a partir de discursos de odio, de imágenes sin consentimiento, de desnudez y/o de intimidad”. Además, resaltó que a partir de ahora el patrocinio es gratuito.
La integrante de GENTIC también se refirió a las capacitaciones que llevan a cabo desde su organización. Puntualizó que, si bien las realizan de forma permanente, ahora pueden aplicarse en el contexto de la ley.
“En La Pampa estuvimos hace una semana dando una capacitación de gobierno en el marco de Ley Olimpia y Ley Belén”, recordó Grandier. Allí, ella junto a otres especialistas, dialogaron sobre el tema con legisladores y legisladoras locales. Además, Grandier se reunió con el equipo de comunicación de la Subsecretaría de Modernización y el programa “Género Digital”, para diseñar estrategias de concientización.
En ese sentido, la integrante de GENTIC afirmó que tienen una buena recepción en los espacios donde brindan propuestas de capacitación, ya sean privados o gubernamentales.
¿Qué pasa con el proyecto de Ley Belén?
Todavía falta un paso más en cuanto a las penas por ejercer violencia de género digital. “En cuanto a la Ley Belén, el proceso viene un poco demorado”, se lamentó Grandier.
La comunicadora explicó que, cuando junto a las activistas pensaron estos proyectos, siempre fue de manera conjunta. “La Ley Olimpia y la Ley Belén se complementan entre sí”, afirmó la comunicadora.
Pero, el proyecto que lleva el nombre de Belén San Román, tiene más pasos por delante. “Nunca se llamó a reunión a la Comisión de Legislación Penal (la que tiene que darle tratamiento dentro del Congreso de la Nación), entonces nunca se pudo discutir”, denunció. La Ley Belén implicaría modificaciones en el Código Penal.
Sin embargo, Grandier compartió que desde hace un año y medio hasta la actualidad, trabajaron con les asesores de les diputades presentes en esa comisión. Esa tarea se profundizó en los últimos meses, a partir del tratamiento y sanción de la Ley Olimpia.
“Es un trabajo fino, que implica leer cada uno de los pasajes de la ley, discutirlos y nutrirlos con más opiniones”, ejemplificó. Si bien esa labor ya está hecha, aún esperan la reunión de la comisión para debatirlo formalmente. Recién ahí podría aprobarse para discutirse y votarse en el Congreso.
“Creemos que teníamos una deuda pendiente en materia de violencia digital, en cuanto a tener herramientas e instrumentos legales que permitan enmarcarla”, reflexionó Grandier. Sobre todo, “que permitan responder a las víctimas de una manera adecuada a las violencias que se viven en los entornos digitales”. Hoy, esa deuda comenzó a saldarse.