El Colectivo de Trabajadores de las Empresas del Estado Privatizadas se presentó el pasado martes 10 de octubre en el Congreso de la Nación ante la sesión en la Cámara de Diputados para repudiar cualquier intento de retomar las políticas de privatización y para reclamar las leyes de Reparación Histórica. Entre las empresas víctimas de la privatización de los 90 se encuentran Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), Agua y Energía Eléctrica Sociedad del Estado (AyEE) y la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL).
La Ley Dromi, N° 23.696, se sancionó el 17 de agosto de 1989. Se trata de una reforma del Estado que posibilitó la intervención y privatización de las empresas públicas. La misma se llevó a cabo en el gobierno de Carlos Saúl Menem, cuando el argumento era que “achicar el Estado es agrandar la Nación”, por lo que se privatizaron un gran número de empresas estatales junto con la fusión y disolución de diversos entes públicos.
Al momento de vender esas empresas privatizadas y dejar sin empleo a sus trabajadores, se les había prometido un porcentaje de aquella venta. Sin embargo, nunca se realizó. Nota al Pie dialogó con uno de los coordinadores del colectivo de los extrabajadores de la empresa de SEGBA, Jorge Galati.
¿Cuál fue el motivo de las diversas privatizaciones que ocurrieron hace 31 años?
Hace 31 años se privatizaban las empresas del Estado bajo la frase fallida de Roberto Dromi que decía: “Nada que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado”.
Se privatizaron 65 empresas del Estado, como por ejemplo la de energía del Estado, SEGBA, AyEE, junto a la empresa estatal de Correos, ENCOTEL. Se perdieron en forma directa e indirecta más de 150 mil puestos de trabajo.
A las y los trabajadores despedidos en su momento se les prometió un porcentaje de la venta en el marco del Programa de Propiedad Participada (PPP), algo que muchos de ellos nunca cobraron.
Desde aquel entonces, luchamos por nuestro derecho negado. En ese marco, las y los trabajadores de las empresas SEGBA y ENCOTEL nos hemos reunido con el diputado Juan Marino, a lo que él recogió el guante armando los proyectos de ley, llevándolo adelante.
Los trabajadores y sus familiares, damnificados por las privatizaciones, se convocaron el martes último en el acceso a la Cámara de Diputados de la Nación para “repudiar las políticas de privatización pasadas para que no se repitan” y “reclamar la sanción de las leyes de reparación histórica”.
¿Tuvieron algún tipo de respuesta?
Si, el 4 de julio del corriente año fuimos convocados por la Comisión de Trabajo, la cual es presidida por la diputada Vanesa Siley, y con ella estuvieron presentes otros diputados y diputadas como Juan Marino (autor del proyecto), Hugo Yasky, María Rosa Martínez, Sergio Palazzo, Daniel Arroyo, Myriam Bregman, Claudia Ormachea, entre otros.
Se nos dijo que nuestro proyecto había sido girado a la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) para que hagan el estudio técnico sobre el mismo.
Han pasado 4 meses y lo único que se nos informó es que dicha oficina había pedido unos datos al Ministerio de Economía para seguir adelante con el tema. Hasta el momento, no hemos tenido ninguna información sobre el avance del mismo.
Pedimos que, así como se trato en 48 horas por esta oficina y Economía el tema de la Devolución del IVA y del Impuesto a las Ganancias, muy beneficiosos para el pueblo argentino, se nos dé la misma importancia, ya que estamos hablando de más de 50 mil familias.
Si hablamos de privatización de las empresas, ¿qué opinión tiene sobre el modelo planteado por Javier Milei?
Es volver a la década de los 90; pero más recargado. Vienen por todo y todos. Sinceramente, todos los que vivimos esa época no queremos volver a que nuestro país y nuestros trabajadores pasen nuevamente por esa etapa.
Nosotros tenemos una frase que dice: “Que tu bronca no nos sentencie a todos”.
¿Tienen pensada una próxima movilización?
Sí, la próxima movilización se hará después de las Elecciones nacionales en las puertas del Ministerio de Economía, donde haremos una movilización con una torta, festejando los 31 años de que esta cartera ignore a los trabajadores damnificados por las políticas aplicadas en su momento.