A cinco años de la explosión de la Escuela Primaria N°49 “Nicolás Avellaneda”, esta semana se dieron a conocer las sentencias para algunes de les responsables del hecho que les costó la vida a Sandra Calamano y Rubén Rodríguez.
La expresión “algunes” no es equivoca: aún quedan por ser juzgades les responsables políticos de la tragedia. Entre elles, la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ex director general de Cultura y Educación provincial, Gabriel Sánchez Zinny. Por eso, desde el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) exigen justicia completa por la vicedirectora y el auxiliar.
Sin embargo, este martes el Tribunal Oral Criminal N°4 de Mercedes dispuso la condena de 5 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer la profesión a Cristian Ricobene, el gasista que trabajó en el establecimiento un día antes de la explosión. Según el tribunal compuesto por les jueces Patricia Viviana Guerrieri, Fabián Fernando Brahim y Claudia Esquivel, Ricobene fue “autor material penalmente responsable del delito de homicidio culposo agravado por ser dos las víctimas fatales”.
Además, fueron condenades el interventor del Consejo Escolar de ese entonces, Sebastián Nasif, la ex presidenta del Consejo Escolar de Moreno, Mónica Berzoni y el consejero del área de Infraestructura, Jorge Galian. Todes elles recibieron una pena de 2 años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para desempeñar cargos públicos por 4 años.
Las repercusiones sobre las condenas
En diálogo con Nota al Pie, el actual secretario general de SUTEBA Moreno, Jesús Espíndola, habló acerca de las condenas y cómo lo tomaron desde el gremio.
En primer lugar, aseguró que están conformes con la sentencia porque les cuatro imputades fueron encontrados responsables del hecho. “Pero también porque el juicio es el resultado de una lucha colectiva desde la comunidad educativa de Moreno y de toda la provincia de Buenos Aires”, puntualizó.
No obstante, adelantó que esto no representa el cierre de la causa y que desde SUTEBA seguirán demandando justicia completa, porque consideran que no fueron juzgadas todos los responsables del caso. En ese sentido, afirmó que se instruyó nuevamente a la fiscalía de Moreno para que investigue las responsabilidades políticas, “con nombre y apellido”.
De esta manera, el secretario de SUTEBA Moreno comentó que el fallo ahora permitirá indagar por “asociación ilícita” a la ex gobernadora Vidal, al ex director general de Cultura y Educación, Gabriel Sánchez Zinny, al ex presidente de Consejos Escolares, Marcelo Di Mario y a la máxima autoridad de Infraestructura Escolar de aquel entonces, Mateo Nicholson.
Las responsabilidades políticas
Desde SUTEBA, en tanto, creen que la tragedia en la Escuela N°49 no se trató de “un hecho aislado”, ni que sólo fue consecuencia de la mala intervención de un gasista. “Nosotros siempre sostuvimos que lo que sucedió fue producto de una política a nivel provincial de desfinanciamiento a lo público, pero sobre todo al sistema educativo en particular”, remarcó Espíndola.
También comentó que por esta problemática se habían realizado numerosas denuncias, pero que fueron desatendidas por quienes en ese entonces habían sido designades frente al Consejo Escolar. De hecho, el representante gremial detalló que el Consejo fue intervenido por el Gobierno de la Provincia negándole así el cargo a les candidatos electos en 2017.
Por último, Espíndola también opinó sobre la situación que hoy atraviesan las escuelas del distrito y aseguró que el panorama es diferente al período anterior. “Ahora las escuelas son intervenidas y muchísimas de ellas han sido refaccionadas”, comentó. Además, se refirió al proyecto que el Gobierno Nacional presentó para incrementar el presupuesto educativo, el cual celebró porque eso “va a redundar en mejores condiciones materiales”.
“Es incongruente pensar una educación pública sin recursos destinados a ello”, concluyó Espíndola al respecto.