Un nuevo informe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini (CESO) demuestra la caída real del gasto de la Administración Pública Nacional (APN).
En el mes de septiembre, el aumento interanual fue de 129%, un valor por debajo de la cifra de inflación proyectada. De esta forma, se puede ver la intención del gobierno de ajustar lo más posible el gasto público.
En este sentido, les principales candidates a la presidencia coinciden en que una problemática central de la crítica economía argentina es el “enorme” gasto público, que incurre en déficit fiscal y provoca inflación. Sin embargo, parecen ignorar el ajuste fiscal que se viene profundizando hace poco más de un año, cuando Sergio Massa asumió como ministro de Economía.
Desde aquel 3 de agosto de 2022, el Palacio de Hacienda pasó a tener como prioridad la reducción del gasto público para equilibrar las cuentas fiscales, tal como exigió el Fondo Monetario Internacional (FMI) a Massa, el candidato a presidente de Unión por la Patria.
Desde entonces, el ministro (la figura política central del gobierno saliente) tomó la decisión de eliminar los subsidios energéticos a los sectores con mayor poder adquisitivo, de reducirlos para los sectores de ingresos medios, de limitar el acceso a programas sociales, entre otras medidas de ajuste.
Los números de la administración pública
Según el informe del CESO, tanto el gasto interanual como el acumulado en los primeros 9 meses del año está por debajo de la inflación, lo que significa una caída en términos reales.
Uno de los sectores de la APN que aumentó muy por encima de la inflación fue el de Administración Gubernamental (un 342%). En contraste, los recursos destinados a Servicios Económicos, aumentaron en un 95%, con recortes por $170 mil. En este último sector se refleja la reducción de subsidios.
Cabe destacar que los programas sociales Tarjeta Alimentar y Potenciar Trabajo tuvieron un aumento del 143% respectivamente. Esto se debe al refuerzo monetario en el marco de las políticas anunciadas por Massa para la recuperación del ingreso.
Esta fue una medida fuertemente criticada por las dos fracciones mayoritarias de la oposición. A su entender, la decisión de dirigir mayor recursos del Estado a los sectores populares para contener el consumo consistió en una medida proselitista.
Mientras tanto, los desproporcionados aumentos de los productos de las canastas básicas (cuyo incremento en agosto fue del 27%), provocan que los salarios y jubilaciones sigan corriendo detrás de la inflación, asegura el ISEPCi (Investigación Social, Económica y Política).
El ajuste como discurso mayoritario
En la primera edición del Debate de les candidates a Presidente o Presidenta de la Argentina, la cuestión del déficit fiscal fue un tema central, transversal a todos los espacios políticos (exceptuando al Frente de Izquierda).
El propio ministro-candidato Massa planteó como objetivo el equilibrio fiscal en un eventual gobierno suyo, aunque con la limitación de “la inclusión y el desarrollo”. Incluso, en el Presupuesto 2024 que diseñó la meta es reducir el déficit a un 0,9% del PBI (Producto Bruto Interno).
Por su parte, el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei; insiste en su propuesta de ejecutar un brutal ajuste fiscal, que incluiría la eliminación de organismos estatales y la privatización de empresas públicas.
Como el candidato más votado en las elecciones primarias, Milei se tomó la libertad de exigirle al presidente Alberto Fernández, a través de una presentación judicial, que cese con los nombramientos de cargos en la administración pública y de investigadores del CONICET (Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas).
Debe “permitirle a la sociedad argentina tener elecciones limpias y justas, sin que los recursos públicos actuales y futuros continúen siendo utilizados para la campaña electoral de su Ministro de Economía”, aseveró.