Desde no hace mucho tiempo que en Argentina el aborto dejó de ser un privilegio para pocas y se convirtió en legal, seguro y gratuito para todas aquellas personas que quisieran acceder a uno. En 2020, su sanción permitió que el Estado pueda erradicar la práctica clandestina y responder a una deuda histórica que tenía con las mujeres y demás personas gestantes.
El camino no fue fácil y de eso puede dar fe cualquiera de las miles y miles de pibas que se organizaron en defensa de este derecho, que hoy se conoce como Ley N° 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los resultados de aquella marea verde que inundó las calles, las aulas y los hogares para dar la discusión ya están a la vista, al menos en la provincia de Buenos Aires.
Según un informe publicado por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires en el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro, las muertes por aborto se redujeron un 90% desde la implementación de la normativa. Asimismo, en 2022 se registró que más del 90% de los abortos realizados fue con Misoprostol.
Por otra parte, la cartera sanitaria resaltó que, además de reducirse las muertes, también hubo una disminución en los embarazos de niñas y adolescentes. De esta manera, con un descenso de más del 36% de los casos, entre 2021 y 2023 se registraron alrededor de 8 mil embarazos menos en chicas de entre 10 y 19 años. Todo esto como resultado de las asesorías en salud sexual integral, la entrega de métodos anticonceptivos y la IVE.
Métodos anticonceptivos, otra herramienta clave
Las cifras difundidas por el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires también dan cuenta de los resultados del uso de métodos anticonceptivos. Sobre todo de aquellos post evento obstétrico (AIPEO) que son entregados “con el fin de que las personas que se acercan a los establecimientos de salud puedan retirarse con un método de cuidado para su salud sexual y reproductiva”, remarcan.
Entre los métodos dispuestos gratuitamente por el sistema sanitario hubo un incremento del 31,9% en los de larga duración y un 29,6% en los de corta duración. Los números más altos están en los métodos de barrera que alcanzaron un 207,3%, mientras que las ligaduras de trompas registraron el 126,5%.
En relación a estas cifras, desde el Estado provincial señalan que “continúa siendo un desafío seguir ampliando la cobertura de métodos de larga duración de acuerdo a los deseos y elecciones, para poder ampliar la cobertura efectiva”.
El aborto en los municipios
Otro dato que se desprende del informe es que en la provincia se triplicaron los centros de salud donde se realiza el procedimiento, pasando de 196 durante el 2019 a un total de 600 registrados en 2023. En ese sentido, el organismo que encabeza Nicolás Kreplak resaltó que 133 de los 135 municipios bonaerenses cumplen con la IVE.
Afuera quedan Capitán Sarmiento y San Miguel, que aún no pueden garantizar este derecho sexual y reproductivo por la negativa de sus intendentes Javier Iguacel y Jaime Méndez. Ambos jefes comunales electos en representación de Juntos por el Cambio (JxC).
De hecho, en agosto del año pasado San Miguel estuvo en el centro de la escena luego de que se conociera el caso de una joven a la que le negaron acceder a la IVE mediante engaños. Según detalló la periodista Marcela Ojeda en aquel entonces, la mujer de 28 años –empleada doméstica y madre de dos hijes- se comunicó con una salita municipal para avanzar con su decisión.
Sin embargo, fue citada a una entrevista presencial en el Centro de Salud Camila Rolón donde, quienes debían asesorarla, comenzaron a cuestionar por qué no se había cuidado. También le dijeron que su vida “iba ser un infierno” y que “corría peligro” en caso de abortar. Incluso, para convencerla de que no abortara, le mostraron videos sobre la evolución del embrión y de los supuestos riesgos o complicaciones del procedimiento.
¿Quiénes pueden acceder a la IVE?
La Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo fue aprobada en diciembre de 2020 y entró en vigencia en enero de 2021. Desde entonces, en Argentina se reconoce el derecho de todas las personas gestantes para acceder a la IVE de forma gratuita y en todos los sistemas de salud.
Por otra parte, la normativa también establece que las personas que se realicen un aborto no deben ser juzgadas en base a ideas personales o religiosas. Más bien, deben recibir un trato digno, información clara al respecto y un acompañamiento post-aborto.
A casi tres años de su sanción, los resultados de la IVE dan cuenta de su efectividad en defensa de la vida de las personas gestantes. Frente al avance de sectores conservadores que desprecian las conquistas del movimiento de mujeres y diversidades, es urgente reivindicar y continuar defendiendo este derecho, porque no queremos que otres decidan sobre nuestros cuerpos, ni tampoco muertes por abortos clandestinos.