La Intergremial de Jujuy le presentó al gobernador de la provincia, Gerardo Morales, un petitorio donde rechazan el cierre de las paritarias y solicitan su reapertura. Además, en una conferencia de prensa que realizaron varies referentes gremiales, convocaron a una movilización para el jueves 28 en la capital jujeña.
Los pedidos específicos que realizan en el petitorio son: que se deje sin efecto la Circular 26-CP-2023, con el cual se cerraron, “de manera unilateral”, las paritarias el 22 de septiembre; una convocatoria conjunta a todos los sindicatos estatales para definir pauta general para septiembre 2023 y para rediscutir octubre 2023; paritarias sectoriales para las demandas particulares; aumento en porcentaje de acuerdo a inflación con piso igual a la canasta básica total; y devolución de días de huelga descontados sin respetar actas o normas legales denunciadas por los sindicatos respectivos.
Desde la Intergremial jujeña acusan que la inflación general del país supera el 80% y, según la Dirección Provincial de Estadística y Censos Provincia de Jujuy, en la provincia es del 87%. Mientras tanto, el aumento de salarios acumulados que dispuso la provincia fue del 53,4% a junio de 2023 y no liquidaron aumentos en los haberes de julio y agosto, por lo que el atraso salarial es superior al 28%. A su vez, reclaman que desde la provincia expusieron problemas financieros pero “no se aportó información financiera que lo demuestre”.
¿Qué dijeron les sindicalistas?
La Intergremial de Jujuy es un colectivo que integra a los sindicatos municipales de la provincia. El lunes, tras entregar el petitorio al Gobierno provincial, realizaron una conferencia de prensa en Plaza Belgrano para detallar estos pedidos y convocar a la marcha para el 28 de septiembre. Del comunicado participaron integrantes de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), del Centro de Educadores de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) y del Sindicato de Empleados y Obreros Municipales de Jujuy (SEOM), entre otres.
Susana Usterez, secretaria general de APOC, destacó que el Gobierno impuso “la suma de 10.000 para los que estén en el nivel del piso salarial y de 7.000 hasta 300.000 de tope y, después de eso, cero pesos para todos los trabajadores estatales”. Además, reclamó que “el Gobierno cierra unilateralmente la paritaria y dispone la liquidación de dos meses y la suspende sin ninguna explicación oficial”.
La dirigente de la Asociación del Personal de los Organismos de Control también explicó que el 53,4% de aumento salarial les coloca un 28% detrás de la inflación. “Esto es un porcentaje de atraso del que vivimos en ocho años de Gobierno del contador Gerardo Morales. Ni en pandemia llegamos a este nivel. Por lo tanto, consideramos que las sumas fijas son regresivas, que perjudican las escalas salariales”, declaró Usterez.
A su vez, la secretaria general de CEDEMS, Mercedes Sosa, pidió por la devolución de los días de huelga, dado que en su sindicato “por 6 días de huelga, en el transcurso de 2 meses, los docentes han padecido en algunas situaciones el descuento del 80% de sus salarios”. Y, de la misma manera, denunció que hubo docentes que no hicieron paro y se les descontó igual.
“La presentación se realizará en la Justicia porque además consideramos un perjuicio alimentario, porque hay docentes que les tomaron el 80% y fueron afectados en el sostén de su familia por esta situación”, explicó Sosa.
Por su parte, Sebastián López, secretario general del SEOM, consideró “una falta de respeto la forma en que maneja las conversaciones salariales del Gobierno” y “no cumplen con la ley de paritarias”. Y, por esas razones, convocaron a una marcha para el 28 de septiembre junto al Tercer Malón de la Paz y distintas organizaciones sociales bajo las consignas “abajo la reforma, arriba los salarios, abajo los descuentos, arriba los derechos”.