Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, ciudad donde se lleva adelante el juicio escuchará las declaraciones de Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, los dos jóvenes mapuches que bajaron el cuerpo de Rafael desde la montaña hasta la Ruta 40, en busca de ayuda médica, aquel 25 de noviembre de 2017. Ambos testigos fueron citados por las querellas del juicio y estaban junto a la víctima al momento de recibir el disparo.
Se trata de testigos clave para los abogados de la familia de Nahuel, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche, querellantes de la causa.
También está previsto que dé su testimonio María Nahuel, tía de la víctima, quien forma parte de la comunidad y que llegó al lugar donde yacía el cuerpo de su sobrino, luego de que fuera dejado a la vera de la ruta 40.
El juicio se desarrolla en Río Negro y se estructura en dos audiencias semanales, los martes y los miércoles.
Esta semana también ampliarán su declaración indagatoria dos de los cinco imputados: Juan Ramón Obregón y Sergio García, ambos son agentes de la Prefectura y están acusados como partícipes necesarios del delito “homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa”.
En las declaraciones que hicieron durante la instrucción del expediente ambos sostuvieron la hipótesis de una “emboscada” por parte de los integrantes de la comunidad mapuche, pero tal versión no se condice con el aporte probatorio y otros testimonios recogidos hasta el momento.
Johana Colhuan, integrante de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, también hablará frente al TOF. Ella intentó ser desalojada de las tierras establecidas en Villa Mascardi y también recibió un disparo por la espalda el mismo día que Nahuel.
Sobre los hechos ocurridos en 2017
En septiembre del 2017, dos meses antes del asesinato de Nahuel, la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, había recuperado el territorio ancestral. Pero el juez federal Gustavo Villanueva, 200 efectivos federales de distintas fuerzas reprimieron y detuvieron a integrantes de dicha comunidad.
El grupo táctico Albatros, integrado por Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Sergio Damián García y Juan Ramón Obregón, actualmente todos acusados, ingresó el 25 de noviembre al predio que la comunidad reclamaba como propio para realizar un rastrillaje y detener a varias personas que habían huido hacia las montañas cuando, dos días antes, la Policía Federal y Prefectura Naval habían llevado a cabo un desalojo en el cual mantuvieron precintados a niños y mujeres durante horas.
Al momento del ingreso al predio, los miembros del Albatros estaban armados con pistolas Beretta 9 milímetros y subfusiles MP5. Se enfrentaron así con integrantes de la comunidad mapuche quienes, según la instrucción de la causa, arrojaron piedras cuando los oficiales dieron la voz de alto y entonces estos últimos habrían empezado a disparar, primero con postas de goma y luego con balas de plomo.
La brutal persecución culminó con el homicidio del joven mapuche de 22 años, que recibió un disparo por la espalda con un proyectil 9mm realizado con subfusil MP5, según la autopsia. El proyectil ingresó por el glúteo izquierdo y lesionó órganos en el interior del cuerpo del joven.
Las declaraciones
El mismo día de la represión, Jones Hualas y González Curruhuinca fueron apresados por efectivos del grupo Albatros de la Prefectura, minutos después de que los mismos prefectos dispararan en la montaña, entre 114 y 129 veces, según consta en las pericias.
En las declaraciones indagatorias, días después del episodio, ambos jóvenes relataron cómo cayó herido Nahuel.
«En un momento miro y veo que cae Rafael. Ahí empecé a gritar que dejen de disparar, pero siguieron disparando. De repente, no se escuchó más nada. Estaba Rafael en el suelo, me acerqué a verlo y vi que tenía un disparo del lado izquierdo». Le preguntaba cómo estaba y no podía hablar. Decidimos no dejarlo solo porque tuvimos otro suceso parecido en la comunidad de Cushamen», agregó en su declaración Jones Hualas.
En el caso de González Curruhuinca, en la indagatoria declaró cómo vio morir a Rafael Nahuel delante de él.
«Cuando Rafael recibe el disparo, nosotros les avisamos a los efectivos de Prefectura que había un herido. Yo me entregué debido a que Rafael necesitaba atención médica, pero no se pudo dar. (…) Nosotros vimos morir a Rafael en nuestras manos, pero yo me entregué para llevar el cuerpo de Rafael», reconstruyó González Curruhuinca en su declaración.
Víctor Parodi y Carolina Zombory, médicos que acudieron al pedido de una ambulancia, también declararon.
Parodi fue quien observó cómo dos personas bajaban de la montaña un cuerpo en una camilla improvisada. Se acercó y constató que Rafael no tenía signos vitales, por lo que no intentó realizar maniobras de reanimación y certificó el fallecimiento.
Zombory, por su lado, se acercó a la escena luego de que el primer grupo de asistencia médica se alejó del lugar. Declaró haber visto que al cuerpo de Nahuel «lo movieron bastante», y se mostró sorprendida porque los policías de la provincia «lo dieron vuelta una y otra vez».
De la Conquista del Desierto a la actualidad
El territorio ancestral que defendía Nahuel y su comunidad había sido recuperado ese 2017 luego de que en la configuración de los años posteriores a la llamada Conquista del Desierto, había quedado bajo la órbita del Parque Nacional Nahuel Huapi.
A la vez, Jones Hualas remite con su declaración a lo sucedido con Santiago Maldonado, quien desapareció en 1 de agosto del mismo año en la costa del Río Chubut, en el marco de un operativo de Gendarmería que debía desalojar la ruta 40 con una orden judicial pero que terminó incluyendo una persecución a los miembros de la comunidad de Cushamen por las tierras que ocupaban.
Santiago Maldonado estuvo 78 días desaparecido y su cuerpo fue encontrado el 17 de octubre del 2017, en una zona del río que ya había sido rastrillada por lo menos en dos oportunidades.
La muerte de ambos jóvenes son claros ejemplos de las consecuencias de la criminalización de los conflictos sociales. La principal responsable política de estos hechos es la entonces ministra de seguridad nacional y hoy candidata a presidenta, Patricia Bullrich. La funcionaria sostuvo desde el primer momento la existencia de un intercambio de disparos entre ambos grupos, pero esa versión fue desestimada por las personas mapuches. Del mismo modo, la candidata a presidenta se mostró hace pocos días haciendo campaña en Chaco, donde fue increpada por un grupo de mujeres que la acusaron de “asesina” por la muerte de Maldonado, a lo que ella respondió, como en otras oportunidades, diciendo “Maldonado se ahogó”.
El homicidio de Rafael Nahuel se produjo en medio de una fuerte campaña contra las comunidades indígenas, mientras los medios hegemónicos reproducían constantemente el discurso de Bullrich que alimentaba la idea de que los mapuches son “un enemigo interno” que amenaza la soberanía del Estado.
Dicho discurso continúa siendo avalado actualmente, de manera indirecta, por el actual ministro de seguridad, Aníbal Fernández, quien es responsable del violento desalojo sufrido nuevamente por la comunidad, en octubre del 2022. En dicho episodio fueron detenidas siete mujeres, una de ellas embarazada, de las cuales cuatro aún continúan detenidas junto a sus hijos. «En el día de la fecha se procedió a dar por terminada la usurpación conocida como Villa Mascardi”, sostuvo Fernández horas antes de los hechos.
Hoy Rafael Nahuel tendría 28 años y su nombre es parte de la lista de personas mapuches asesinadas por el Estado en democracia y su imagen es símbolo representativo de casos de gatillo fácil y abusos de las fuerzas de seguridad.