Hace algunos días la Justicia Federal rechazó la medida cautelar presentada por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) para detener la exploración y explotación hidrocarburífera offshore en el Mar Argentino.
En ella, la organización reclamó que se frene la avanzada petrolera “hasta tanto se evalúen sus impactos acumulativos y climáticos y se publiqué una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE)”.
Además, denunció que las exploraciones y explotaciones offshore son realizadas a partir de estudios ambientales incompletos y sin contemplar los daños irreversibles y permanentes que se ocasionan al ecosistema marino.
También advirtió acerca del desarrollo de estos procedimientos, al manifestar que no fueron tomados en cuenta los compromisos climáticos asumidos por la Argentina.
Sin embargo, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8 rechazó la solicitud al considerar que “perjudicaría” la producción y las recaudaciones económicas nacionales.
En ese sentido, la resolución señala que “no sólo se paralizarían todas las campañas sísmicas en curso, las que eventualmente podrían dejarse sin efecto definitivamente, sino que se frenaría la producción de petróleo y gas natural en la Cuenca Austral de nuestro país”.
En cuanto a las consecuencias económicas, la Justicia mencionó que “las inversiones comprometidas por las empresas y las actividades de exploración y explotación ya encaradas sufrirían un perjuicio imposible de revertir”. “Poniendo en inminente peligro la continuidad de los desarrollos offshore para el futuro de la República”, añade el escrito.
Por su parte, desde FARN se mostraron en desacuerdo con la resolución y anunciaron que apelarán al fallo judicial. En diálogo con Nota al Pie, Cristian Fernández, el abogado patrocinante de la ONG, dio detalles acerca de la problemática.
¿Qué establecía la medida cautelar?
Entre los años 2018 y 2019, el Estado licitó y adjudicó permisos de exploración sísmica hidrocarburífera en la Plataforma Continental Argentina. En total, los 23 bloques abarcan un área de 135.000 km2 de superficie y se ubican frente a las costas de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, Tierra del Fuego y la cuenca oeste de las Islas Malvinas.
En esas adjudicaciones, 12 empresas extranjeras resultaron favorecidas con permisos para la exploración sísmica costa afuera en el Mar Argentino. Entre ellas se encuentran: Equinor, Exxon Mobil, Qatar Petroleum Pluspetrol, Shell, Tullow, Total Austral. La única empresa nacional habilitada fue YPF.
La reciente medida cautelar solicitaba que la Secretaría de Cambio Climático, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y la Secretaría de Energía de la Nación se abstengan de otorgar más permisos de exploración sísmica y/o de explotación hidrocarburífera costa afuera.
También implicaba la detención inmediata de los proyectos ya autorizados, como el “Fénix en Cuenca Marina Austral (CMA-1)” y el “Argerich-1 Cuenca Argentina Norte (Bloque CAN_100)”, y exigía que se publique previamente una EAE, la cual contemple las alternativas energéticas, los costos y beneficios en el marco de una transición justa.
Cada uno de estos reclamos se basó en lo establecido en el Acuerdo de Escazú, como también en el resto de los compromisos ambientales asumidos por el país.
La elaboración de una EAE sobre las políticas extractivas ya había sido solicitada durante las audiencias públicas desarrolladas a lo largo de 2021, 2022 y 2023. En cada una de ellas se debatieron además los estudios de impacto ambiental de los proyectos offshore. No obstante, desde FARN denuncian irregularidades y vaciamiento en esos espacios en los que fue evidente el lobby de las petroleras.
El reclamo de FARN
En conversación con este medio, el abogado de FARN, Cristian Fernández, aseguró que la “medida cautelar climática” -como la llaman en la organización- fue presentada en base a las consideraciones que tienen sobre los estudios de impacto ambiental elaborados por las empresas petroleras.
“Creemos que son insuficientes porque no se evalúan los impactos acumulativos y cómo pueden afectar a la fauna marina”, dijo el letrado. Además, comentó que dichos estudios fueron realizados en base a información desactualizada y no con trabajo de campo en el propio Mar Argentino.
Por ejemplo, con respecto al proyecto “Fénix en Cuenca Marina Austral (CMA-1)”, Fernández señaló que puede generar “problemas muy graves”. Entre ellos, dejar sordos a los mamíferos que habitan ese ecosistema.
Asimismo, desde FARN advirtieron acerca de los derrames y las emisiones de metano que se generen desde la plataforma, algo que consideran que fue subestimado en los estudios presentados por las empresas.
“Por eso, otro de los puntos que planteamos fue el impacto climático acumulado en relación a esta actividad”, expresó.
Y sobre el pedido de frenar la exploración y explotación offshore, Fernández explicó que no se trató de un cese definitivo. Si no que el objetivo era parar la actividad hasta que se elabore la evaluación ambiental estratégica correspondiente.
“Que, a diferencia de una evaluación de impacto ambiental, se concentra en una política pública a largo plazo”, remarcó el abogado.
¿La actividad offshore genera empleo?
El representante de FARN también se refirió a la postura que tiene el gobierno nacional en relación al tema. De hecho, fue la propia secretaria de Energía, Flavia Royón, quien celebró el fallo judicial durante su visita por la 14º edición de la Exposición Argentina Oil & Gas.
Al respecto, el abogado habló acerca de los puestos de trabajo que, según el gobierno, se generarían a partir de la actividad offshore. Sin embargo, remarcó que eso “es bastante relativo” y que “hay que analizarlos caso por caso”.
“En el caso del proyecto Fénix, por ejemplo, en la audiencia pública dijeron que la plataforma va a ser manejada remotamente. Es decir, no habrá operarios arriba de la plataforma, va a estar vacía y se va manejar desde una oficina”, aclaró.
Además, Fernández opinó que, “al mismo tiempo en que se sobrestiman los impactos sociales y económicos de la actividad, se subestiman los impactos ambientales”.
Y en ese sentido, puntualizó en la necesidad de avanzar en estos reclamos porque “mientras el mundo está yendo a evitar los combustibles fósiles, nosotros estamos expandiendo esa frontera”. “Con daños permanentes y reversibles que se pueden generar en el mar”, lamentó.