La Cámara Latinoamericana de Litio (CALBAMERICA) presentó una denuncia hace dos semanas por una serie de irregularidades cometidas por la Aduana, la Inspección General de Justicia (IGJ), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Comisión General de Valores (CNV) y empresas relacionadas a la industria.
Durante los años 2020, 2021, 2022 y 2023, presentaron informes exhaustivos sobre la falta de transparencia y regulación en la tipificación del litio y la fijación de precios. A razón de la denuncia y las investigaciones, Nota al Pie dialogó con Pablo Rutigliano, presidente de la Cámara Latinoamericana de Litio.
Calbamerica comunicó: “Nuestra intención ha sido prevenir la subfacturación en el precio de exportación declarado por las empresas. Lamentablemente, la mayoría de los políticos han optado por ignorar estos problemas y no tomar medidas para proteger la soberanía nacional”.
La denuncia y los estudios realizados
La Cámara Latinoamericana de Litio viene realizando estudios sobre la industria desde el año 2020. Por entonces, Argentina no realizaba exportaciones del mineral; solo había proyectos embrionarios. La única empresa que producía litio fue Sales Jujuy y la compañía Livent, minera del altiplano.
En 2021 la institución empezó a ver algunas exportaciones, y, en 2022, notó una mayor cantidad de exportaciones a un precio por debajo del valor internacional. Durante ese año, la demanda creció de forma exponencial, lo que significó que el precio subió hasta 84 mil dólares limpios. Pero eso no se tradujo en los precios nacionales de exportación.
“Vimos que todos los valores declarados en los despachos estaban por debajo, a 4 mil o 6 por tonelada, mientras que el precio nacional FOB (el valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo) era de 100 mil por tonelada. Esto significó una pérdida de 2600 millones de dólares”, aseguró Rutigliano.
Este año, la subfacturación continúa, por lo que la visibilidad y la transparencia de la comercialización en la industria litosfera aún es escasa. “Esto hace que Argentina pierda el control fundamental de la valoración de esta commodity”, afirmó el presidente de la Cámara.
A su vez, la Calbamerica plantea que otro de los problemas es la falta de transparencia en las inversiones en la industria del litio en Argentina. A pesar de que se informa que las inversiones mineras ascendieron a 11.500 millones de dólares, muchas de las empresas extranjeras involucradas carecen de transparencia económica y jurídica.
En ese sentido, la entidad establece que se debe saber cuánta inversión ingresó al país y cómo afectó al régimen cambiario actual de Argentina.
Disputa sobre el carácter del litio
Rutigliano pone énfasis en la disputa sobre si el litio es o no una commodity. Durante 2022, la Mesa Nacional del Litio junto al Ministerio de Economía y la Aduana establecieron que no lo es. Además, mediante la resolución 5197, determinaron que el precio FOB del litio tiene que tener un precio de referencia para las exportaciones, que es de 53 dólares el kilogramo.
A pesar de la resolución, las exportaciones desde julio del 2022 hasta hoy siguen siendo subfacturadas.
Por otro lado, según la Cámara Latinoamericana la postura tomada sobre el litio se contradice con los informes emitidos por el Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (SIACAM). Esta entidad pública el precio internacional establecido por la firma inglesa Fast Markets, proveedor de la Bolsa de Metales de Londres. En esa referencia se toma al litio y derivados como commodities.
Rutigliano sostiene que lo que hace el commodity es dar transparencia formal del precio limpio, y con ello la construcción de un mercado. Es por eso que plantea la importancia de que el precio no sea fijado en el extranjero, ya que eso no le da valor al país. En ese sentido, considera que es necesario que haya una ley nacional que defienda el precio, aporte a la economía y soberanía argentina.
En un marco de transición energética sustentable, el presidente de la entidad sostuvo: “Tenemos que defender la oferta y los recursos, que es donde está la matriz productiva del país. La forma de defenderlo es ponerlo como commodity”.
Esta problemática y la falta de control por parte del poder gubernamental llevaron a que la Cámara realice la denuncia por irregularidades.