En las últimas horas, La Nación, uno de los principales medios de comunicación en Argentina, impulsó dos desinformaciones. Según el periódico, el Gobierno no cumplió con las metas de transparencia en los gastos por Covid-19 tras un reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la misma línea, ratificó que se gastaron más de 1.069 millones de pesos en frazadas.
No obstante, se trató de fake news que rápidamente quedaron desmentidas a través de la publicación de dos comunicados en el sitio web de Casa Rosada. El primer escrito certificó que “la Auditoría General de La Nación (AGN) aprobó por Resolución 130/2023 el 17 de agosto el informe de Auditoría Proyecto de Emergencia para la Prevención y Manejo de la enfermedad por Covid-19”.
Asimismo, hizo lo propio con la siguiente noticia falsa difundida en su contra y nuevamente a través de un escrito desmintió la afirmación del medio. “El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación adjudicó la compra de frazadas por debajo del precio testigo de Sindicatura General de la Nación (SIGEN)”, refrendó el escrito.
En este punto, reforzó su argumento esgrimido con el propósito de desalentar las fake news promovidas por Laura Serra y Diego Cabot. En consecuencia, resaltó que la auditoría aprobó el proceso y no existió incumplimiento ni falta de transparencia. Además, especificaron cuál fue el monto destinado a la compra de frazadas.
El Gobierno derribó la acusación por gastos por Covid-19
La aclaración realizada a través del sitio web de la Casa Rosada definió el proceso del presupuesto destinado a los gastos por Covid-19. “El préstamo del Banco Mundial por 535 millones de dólares fue destinado al financiamiento parcial de los contratos de suministros de vacunas COVID-19 firmados con Pfizer y Moderna. Su ejecución es del 99,6%”, aseveraron.
Por otra parte, el escrito reconoció que la AGN respetó todos los requerimientos de aceptación general en Argentina. También aplicó a las recomendaciones emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadora Superior (INTOSAI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF).
De hecho, la entidad confirmó que “el staff del Fondo Monetario Internacional señala que efectivamente se cumplió con el acuerdo de realizar una auditoría expost sobre gastos COVID”. Pese a que la confidencialidad definida por la AGN impidió mostrar los contratos vigentes, el Ministerio de Salud clarificó la información.
Por este motivo, publicó en su sitio web todos los datos necesarios vinculados a la compra de vacunas. Según el comunicado, “la página está destinada a garantizar el acceso a información pública, promover la información ciudadana y la transparencia de la gestión pública relacionada con las vacunas”.
En el cierre del escrito, el Gobierno reiteró su desestimación a una de estas fake news difundidas por el diario argentino. “El Ministerio de Salud solicitará a los proveedores Pfizer y Moderna las correspondientes autorizaciones de publicación y requerirá a la AGN que reconsidere la difusión del informe completo”, cerraron.
El oficialismo desestimó el pago de sobreprecios en frazadas
A través del comunicado, las autoridades explicaron que “celebraron un procedimiento de Licitación Pública, transparente, concurrente y difundido por los canales exigidos por las normas en vigencia”. Además, aclararon que se ejecutó la compra de cuatro tipos de frazadas diferentes.
El destino de estas mantas de abrigo fue para emergencia y asistencia para personas en distintas situaciones de vulnerabilidad. Ante el cambio climático y las bajas temperaturas, en particular en la Patagonia, decidieron distribuir estas frazadas, principal objeto de fake news.
El escrito también reforzó la necesidad de brindar esta asistencia a los principales puntos azotados por la alteración del clima. En consecuencia, debieron adelantarse ante este contexto nacional. Por ello, la gestión de Alberto Fernández defendió su decisión y anticipó que debe comprar 160 mil frazadas más.
Frente a este escenario, las autoridades ratificaron que la compra de estos productos se realiza durante todo el año con este propósito. Por último, el comunicado elevado adelantó que el nivel de gasto no es comparable con otros puntos de comercialización.
“Una compra por licitación de este volumen no resulta comparable con los valores de contado y por unidad que ofrecen los canales de comercialización públicos minoristas”, sentenció el escrito. Asimismo, agregaron que “no ofrecen la calidad exigida por el Estado Nacional”.