En un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Argentina se comprometió a acumular 8.000 millones de dólares en reservas hasta fin de año y subir tarifas de energía.
La decisión se da luego de que el organismo advirtiera que las metas del segundo trimestre no se cumplieron y que hubo un “descarrilamiento” en la aplicación de las reformas pautadas en el programa anterior a causa de la “histórica sequía, desvíos y demoras”.
El desvío del acuerdo y las advertencias del FMI
A partir de un staff report, que se conoció después de que el directorio aprobase un nuevo préstamo para la Argentina por 7.500 millones de dólares, el organismo planteó un escenario base de las expectativas macroeconómicas y de las metas del programa con el Fondo de cara a los resultados electorales de octubre.
En el documento manifestaron que hubo un “descarrilamiento” del programa anterior a causa de la “histórica sequía, desvíos y retrasos en las políticas”, en la aplicación de las metas establecidas para el segundo trimestre.
“El programa se ha desviado, lo que refleja la sequía histórica junto con desvíos y retrasos en las políticas y los criterios de desempeño de fines de junio para el neto acumulación de reservas”, expresaron desde el Fondo.
Y, al mismo tiempo, destacaron que la nueva meta está lejos del programa original acordado por el exministro de Economía, Martín Guzmán, el cual preveía una acumulación neta de 7.000 millones de dólares.
Caída del crecimiento y más ajuste
También redujeron el pronóstico de crecimiento para la Argentina y advirtieron que para el 2023 se espera una contracción del 2,5% en el PBI “debido al impacto mayor de lo previsto de la sequía y políticas macroeconómicas más estrictas durante el resto del año”.
En ese marco, las autoridades del organismo informaron que “están implementando un paquete de medidas para encarrilar el programa” y adelantaron que en septiembre habrá aumentos de luz en hogares de bajos y medianos ingresos, así como también en comercios.
Además, tras el último desembolso de 7.500 millones de dólares, el organismo liderado por Kristalina Georgieva instó al Gobierno a no incrementar el gasto público en jubilaciones y salarios de empleades del Estado y a mantener la eliminación de subsidios.
También analiza el escenario poselectoral y pidió que se desactiven los controles cambiarios, al tiempo que se apliquen “reformas estructurales” en el sistema previsional y en las empresas del sector público.
En sintonía con dichas exigencias, el ministro de Economía, Sergio Massa, prometió enviar próximamente al Congreso de la Nación un proyecto de ley que aborde la reducción del gasto público.
Respecto a la inflación, que en julio registró un alza mensual de 6,3% y acumuló una variación de 60,2%, desde el FMI indicaron que “se espera que alcance el 120% interanual para fines de 2023, aunque esto dependerá en gran medida de la evolución del traspaso del tipo de cambio a los precios e implementación de políticas”.