En los últimos días, el Fondo Monetario Internacional (FMI) concretó el desembolso de 5500 millones de DEG (Derechos Especiales de Giro), equivalente a 7500 millones de dólares, en el marco de un nuevo acuerdo con la Argentina.
Pese a que el Directorio del organismo aprobó por unanimidad la entrega de los recursos, criticó la política económica del Ministerio de Economía encabezado por Sergio Massa, principalmente por el incumplimiento de las metas de acumulación de reservas y reducción del déficit fiscal.
Por esta razón, las autoridades del FMI vuelven a insistir en su recetario tradicional de ajuste, con medidas como la disminución de salarios públicos y jubilaciones, y el aumento de las tarifas de energía.
Además, a menos de dos meses de las elecciones presidenciales, el Fondo considera necesario establecer las pautas para el Gobierno que asumirá el 10 de diciembre. Entonces, Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria; Patricia Bullrich, de Juntos por el Cambio; o Javier Milei, de La Libertad Avanza, deberán negociar su política económica con el FMI.
“En los años posteriores se habrá de acelerar la consolidación fiscal con medidas de alta calidad enfocadas en el gasto y el ingreso”, declaró la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El objetivo es “eliminar el financiamiento monetario del déficit, promover la desinflación y apuntalar el balance del banco central”.
Un ajuste aún más profundo
Durante su visita a Washington D.C., Estados Unidos, Massa mantuvo reuniones en la sede del FMI. Allí, los equipos técnicos del Gobierno y del organismo acordaron nuevos objetivos de acumulación de reservas (teniendo en cuenta la situación de la sequía), del saldo fiscal primario, y la financiación monetaria del déficit.
Para cumplir con estas exigencias, el Gobierno se comprometió a aplicar un nuevo paquete de medidas de austeridad fiscal. Algunas ya fueron tomadas, como la actualización de las tarifas de energía, la devaluación del tipo de cambio, y el aumento de impuestos a las importaciones.
Sin embargo, esta vez el FMI fue más allá y exigió “contener” los salarios públicos y jubilaciones. Al mismo tiempo, y de manera paradójica, pide “continuar prestando atención a proteger a los pobres y a promover el crecimiento inclusivo conforme se corrigen los desequilibrios”.
Como respuesta, el ministro de Economía prometió enviar al Congreso un proyecto de ley de reducción del gasto público basado en la eliminación de beneficios presupuestarios e impositivos a empresas, que representa el 4,5% del Producto Bruto Interno (PBI).
El diálogo con la oposición
Adelantando las negociaciones con quien encabece el próximo Gobierno nacional, el FMI mantuvo reuniones con los asesores económicos de Milei y Bullrich, para conocer sus perspectivas y propuestas económicas.
Previamente, el líder de La Libertad Avanza repudió el rol del organismo internacional en el país. “El FMI es una institución monstruosa que rescata malos gobiernos. Y cuando tienen que pagar el costo por las malas políticas, lo arreglan con endeudamiento cargando de costos a las generaciones futuras”, denunció.
Luego, aseguró que en caso de ser electo como presidente llevará a cabo “un ajuste mucho más duro que el que propone el Fondo. La característica y la diferencia es que yo propongo ajustar desde las partidas donde roba la política”.
Por su parte, el asesor económico de Bullrich, Luciano Laspina, trabaja en un plan de “blindaje” a acordar con el FMI para proteger las reservas mientras ejecutan el ajuste fiscal, una reforma laboral, y la eliminación de las restricciones cambiarias.