El aspirante a la presidencia argentina, Javier Milei, viene amenazando desde hace tiempo con un proyecto de modelo educativo basado en un esquema mercantil para adaptarlo a la educación pública. Según su impulsor, el modelo favorece la competencia entre las instituciones educativas para que cada una pueda ofrecer un servicio de mejor calidad.
La idea es modificar el sistema público y acceder a la educación por medio de la entrega de vouchers (o cheques escolares) para que les aspirantes elijan entre el sector público o privado. A pesar de las dudas que el proyecto genera, el candidato de la agrupación Libertad Avanza asegura que nadie quedará por fuera del sistema de enseñanza.
Milei, ya había señalado a principios de este año en diferentes medios de comunicación, que con la modificación que propone: “Las instituciones tienen que competir y ser buenas. Vas a tener educación pública y educación privada. La diferencia es que no vas a ser rehén del adoctrinamiento del Estado”, confió.
En este sentido, el referente ultra liberal siempre se dedicó a plantear distintas formulaciones que conducen a una “privatización” de la educación. En primer término, lo hace sosteniendo que su propuesta se apoya en la libertad de elección y en la eliminación de la obligatoriedad en algunos niveles educativos.
Es decir, que abrir la posibilidad al supuesto de que una familia decida enviar (o no) a la escuela a sus hijos significa, que ésta libre opción, resulta en un retroceso histórico en el tiempo, en los derechos de los ciudadanos e incluso en la legislación nacional en materia de educación.
¿Cambiar el mecanismo de financiación o desfinanciar?
El triunfador de las últimas PASO asegura que el financiamiento estatal no va a desaparecer, pero pretende transferirlo a la demanda (estudiantes) y no a la oferta (instituciones). Por medio del sistema de vouchers, el modelo aseguraría que los fondos no se desvíen de su destino y así, poder garantizar el derecho a educarse.
El proyecto, asegura el candidato, no va a quitar colegios del sistema público, sino hacer que los mismos compitan. Para lograrlo, pretende modificar el mecanismo de asignación de fondos: “Es decir, darle el financiamiento a la gente, no a las instituciones porque ahí se producen desvíos, aparece la corrupción y se deteriora la calidad de servicio”, declaró Milei en varias oportunidades.
Respecto de la idea de incentivar la competencia entre instituciones, se puede pensar que la implementación de un proyecto semejante puede engendrar ciertos riesgos. Por ejemplo, que esa “competencia” pueda crear una mayor desigualdad educativa y social entre aquellos establecimientos que obtengan más recursos y otros que no accedan a ellos (segregación escolar).
Descentralización, desigualdad y recorte al gasto público
El modelo propuesto, de por sí, plantea una descentralización de la educación al modificar el modo en que se alimenta el sistema (orientado al usuario y ya no a las instituciones). Sin embargo, esto puede profundizar la desfinanciación de un sistema que ya sufrió procesos previos de descentralización y provincialización.
Distintos gobiernos, ya han retaceado fondos para la educación. Se han realizado modificaciones en los contenidos curriculares y reformas en su estructura. El interrogante que se abre ante este tipo de proyectos lleva a preguntar si no será mejor idea revertir esas políticas con mayor presupuesto, en lugar de instalar un impredecible, sistema de cheques escolares.
Organizaciones, pedagogos y analistas han subrayado que experiencias internacionales como la de Estados Unidos y a la similar implementada en Chile (por medio de vouchers) no sólo no han conseguido mejoras educativas, sino que agravaron la desigualdad social existente.
El origen de este resultado, opinan los especialistas, radica en que el modelo de cheques escolares no toma en cuenta el punto socioeconómico de partida de cada estudiante, el cual no es el mismo para sectores de familias ricas que para familias pobres.
Crédito: El País
Desigualdad de oportunidades
Así, la tradicional concepción de la movilidad ascendente que sostuvo históricamente el modelo educativo y que permitió que los estudios sean la oportunidad de cualquier ciudadano para mejorar sus condiciones de vida, puede verse desarticulada por un sistema que se rige por la ley de oferta y demanda de servicios.
A partir de la difusión del proyecto de Javier Milei, fueron muches les dirigentes sociales y polítiques que rechazaron su iniciativa de los vouchers. El cuestionamiento que atraviesa a todas esas voces es el de advertir que el objetivo de este tipo de propuestas es privar de derechos a los sectores más vulnerables.
Además, se sumaron a esta crítica actores del ámbito pedagógico, quienes destacaron que el derecho a enseñar y aprender se encuentra amparado por la Constitución Nacional Argentina. Estas miradas coinciden en que la educación requiere financiamiento del Estado y que se debe garantizar la gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza.